Un nuevo informe publicado por Acnur convierte a Colombia en el segundo país con más desplazados internos y al 2014, año de las negociaciones de paz en La Habana, en el año en que más personas abandonaron su hogar forzosamente.

Según el nuevo informe publicado por Acnur, titulado “Tendencias Globales”, el 2014 fue el año con mayor número de desplazados (59,5 millones). 38,2 millones de estos, dentro de sus propias fronteras. Lo más sorprendente de este estudio es que a pesar de que durante el año 2014 se celebraron en La Habana reuniones para negociar la paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, este mismo año Colombia se ha convertido en el segundo país con más desplazados internos, alcanzando los 6 millones. Los conflictos, persecuciones y la violencia generalizada siguió existiendo en el país mientras se celebraban las reuniones y hoy sigue cobrándose víctimas. Un informe divulgado en Bogotá por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) concluye que en los dos últimos años cerca de 348.000 personas fueron obligadas a desplazarse, lo que equivale a que 15.000 colombianos salieron de sus hogares cada mes por culpa del conflicto armado.

Colombia lleva inmersa desde hace más de 50 años en este conflicto que ha menoscabado seriamente los Derechos Humanos, afectando sobre todo a los grupos de por sí más vulnerables, como son las comunidades indígenas y los afro-descendientes. La razón ha sido la tierra, que asignada a las comunidades rurales de afro-descendientes e indígenas, ha ido a parar a manos de poderosos terratenientes.

Todo comenzó en 1997, cuando grupos militares y paramilitares, con el pretexto de limpiar la región de guerrilleros, obligaron a los granjeros a abandonar su hogar. Los productores de banana y aceite de palma a gran escala aprovecharon la situación para comprar esa tierra fértil por debajo de su valor de mercado. Desde entonces, familias enteras han tenido que salir huyendo de esas tierras perdiendo los derechos sobre sus recursos naturales, y con ellos su identidad como grupo étnico, su autonomía y su posibilidad de autogobierno.

El tan codiciado aceite de palma ha condenado a la pobreza a miles de familias que ahora viven en zonas humanitarias, como la comunidad de Curvaradó en Las Camelias.

“Nos echaron de nuestras tierras por el aceite de palma. La sangre de nuestros amigos y nuestros hermanos y hermanas es el fertilizante de esas palmas. La guerra es contra los agricultores, nos sacaron de allí para cultivar palma y plátanos. Ellos dicen que soy una guerrillera, pero he tenido 8 hijos y 41 nietos, ¿cree usted que tengo tiempo para hacer la guerra?” Ligia María Chaverra es una de las líderes más respetadas y reconocidas de la comunidad afro-descendiente de Curvaradó.

El aceite de palma se usa para elaborar productos de panaderías, pastelerías, confiterías y platos congelados. Pero además, se emplea en la fabricación de detergentes, jabones, grasas lubricantes, pinturas, barnices y en el biodiesel. El crecimiento del comercio de este producto ha provocado la proliferación de plantaciones de palmas a costa de la devastación de bosques protegidos y la presión de forma violenta a comunidades campesinas para que abandonen sus casas y tierras, dejando sin vida a 220.000 personas.

“En esta guerra he perdido dos hijos, mi ganado y mi tierra. ¿Qué sucede con las víctimas en Colombia? Nadie puede pagar por mis hijos muertos, no tienen precio”. Enrique es un desplazado interno que vive en la zona humanitaria de Las Camelias en Colombia.

Las Zonas Humanitarias fueron creadas para proteger a las comunidades que se han visto desplazas a lo largo del conflicto. Están protegidas por el Comité Interamericano de Derechos Humanos y gracias a las peticiones de varias organizaciones, el gobierno ha comenzado un proceso para que las comunidades puedan volver a las tierras que les pertenecen por derecho.

Pero las constantes noticias sobre asesinatos de líderes que luchan por la devolución de sus tierras hace urgente la actuación en este tema. En junio, los negociadores del gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC anunciaron que crearían una comisión de la verdad, la convivencia y la no repetición, que será independiente, imparcial y de carácter extrajudicial. Es un gran avance, considerando que se trata del primer acuerdo en materia de víctimas que se alcanza desde que comenzaran las negociaciones, pero mientras que continúan las conversaciones, hay personas que esperan para continuar con sus vidas en una zona humanitaria. Es el momento de luchar por el cambio en Colombia, de que los más pobres alcen su voz en favor de un país más inclusivo, donde ni la raza, ni la clase social, ni la etnia, ni la religión, ni el género sean una barrera para el desarrollo y la vida de las personas y esto solo se puede conseguir a través de la educación. InspirAction es una organización española sin ánimo de lucro que ha lanzado una campaña de microdonaciones para construir una escuela para los niños desplazados que viven en la zona humanitaria de Las Camelias. Si queréis apoyar esta causa, podéis hacerlo a través de su página web.

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Apoyo a la iniciativa una escuela para Edile