La accesibilidad de los espacios urbanos, de los edificios públicos y, en general, de todos los espacios por donde se mueven personas con alguna discapacidad (física, intelectual, sensorial y/o mental) ha sufrido una enorme mejora en las últimas décadas. Estas modificaciones han estado en consonancia con el cambio en la mentalidad de la ciudadanía, que ya ve estos temas como una necesidad y un derecho de las personas con mayores dificultades.

El Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) publicó en 2014 un estudio sobre la Accesibilidad en España para conmemorar los 25 años de existencia de este organismo, dependiente del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). En esta radiografía del estado de la Accesibilidad en nuestro país, hace hincapié en que “el concepto de accesibilidad es en sí mismo complejo y a lo largo de estos años ha ido evolucionando a medida que se han ido alcanzando objetivos previamente establecidos”.

De esta manera, la accesibilidad abarca múltiples sectores y ha generado multitud de clasificaciones. Por lo tanto, nos encontramos con que las propias entidades relacionadas con este mundo admiten la complejidad del tema, la heterogeneidad de las situaciones y de campos donde se debe de aplicar la accesibilidad y, finalmente, la variación de una definición adecuada y consensuada a lo largo del tiempo.

De la eliminación de barreras arquitectónicas a la Accesibilidad Universal

Admitiendo por válida la tesis del CEAPAT de que el concepto de accesibilidad ha variado a lo largo del tiempo según se conquistaban diversos hitos, nos encontramos una historia del campo que nos compete con puntos específicos que cambian radicalmente la idea primigenia desde la que se parte hacia otra más elaborada, pero que varía fundamentalmente el espíritu de la imagen original.

No cabe duda de que la primera idea que se nos pasa por la cabeza cuando nos hablan de accesibilidad es la eliminación de las barreras arquitectónicas. Y efectivamente, el concepto de accesibilidad nació con ese propósito: la mejora de los lugares comunes que se adapten a la deambulación de todas las personas, sea cual sea su deficiencia.

Pero esta idea originaria se fue enriqueciendo con otros aportes. Primeramente, la exigencia de una mejor accesibilidad transgredió el entorno físico para incluir otros campos como los transportes, las infraestructuras, los espacios urbanos, la atención al ciudadano en la Administración Pública, las telecomunicaciones; la utilización de bienes y servicios a la ciudadanía… y un cada vez más amplio catálogo de campos donde la actividad de las personas con algún tipo de discapacidad se ve dificultada.

Una fecha clave en la evolución del concepto Accesibilidad es el 13 de diciembre de 2006. En esa fecha la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), documento de vital valor que varió la manera de entender y de tratar todas las situaciones de dependencia y discapacidad. Su propósito era promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Para ello, en la convención se pedía adoptar medidas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Es lo que se pasó a denominar Accesibilidad Universal.

España, uno de los países firmantes del acuerdo, introdujo esta declaración de intenciones internacional en su ordenamiento jurídico dos años más tarde (2008). Después, concretamente en 2013, un Real Decreto Legislativo (RDL 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social) confiere a las personas con discapacidad el derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida.

En este ordenamiento se matiza el concepto ya esbozado en la CIF de Accesibilidad Universal: “es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de diseño universal o diseño para todas las personas, y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse”.

De esta manera, cualquier persona -independientemente de sus capacidades- debe poder acceder en igualdad de condiciones a todo lo que le rodea y que cualquier bien, producto o servicio debe estar diseñado para disfrutar de él en igualdad de condiciones. Esto incluye tanto el acceso a la vivienda como la movilidad en su entorno, la posibilidad de acceder a cualquier instalación de uso público y a cualquier puesto de trabajo y, por último, la disponibilidad de cualquier tipo de información o comunicación, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Esta idea de Accesibilidad Universal presupone un entorno plenamente accesible en el que no exista ningún eslabón de la cadena que interrumpa la posibilidad de que una persona con discapacidad realice cualquier actividad en igualdad de condiciones. En caso de que eso no ocurra, se habla de una barrera a la accesibilidad y tradicionalmente se han tratado de superar con lo que se han denominado ayudas técnicas o Productos de Apoyo.

Por todas estas razones, al director general de políticas para la Discapacidad del Gobierno español en funciones (febrero 2016), Ignacio Tremiño, no le tembló el pulso al afirmar, orgulloso, que España es “el referente en Europa en accesibilidad universal; hemos pasado en los últimos 20 años de ser la cola de Europa a ser el ejemplo a seguir”.