El 3 de marzo de este año, René Pérez, más conocido como Residente de la agrupación Calle 13, tuiteó “Quieren detener el incendio que se propaga pero hay fuegos que con agua no se apagan. El asesinato de Berta Cáceres multiplicará la lucha”. La mujer que él menciona es una de las más reconocidas activistas ecológicas y sociales del mundo, que durante décadas defendió al medio ambiente y a la comunidad indígena Lenca, a la cual pertenecía.

Berta Cáceres, de 45 años, murió asesinada luego de que varios hombres armados ingresaran a una casa donde se encontraba reunida junto a otros ambientalistas. Gustavo Castro Soto, mexicano, fue el único sobreviviente del hecho que ocurrió en La Esperanza, una ciudad ubicada en el occidente de Honduras. Gustavo recibió una herida de bala cercana en su oreja, lo que hizo pensar a los asesinos que estaba muerto, ya que lo vieron quieto y con mucha sangre en la cabeza.

Hasta ahora no se conoce quiénes son los culpables del hecho. Algunos compañeros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, que fundó Berta en 1993, aseguran que todo se debe al interés de varias empresas multinacionales en realizar proyectos en Honduras.

Casos como el anterior son reiterados en toda Latinoamérica. La muerte de Berta Cáceres tuvo eco en el mundo al ser reconocida. En el año 2015 ganó el Premio Medioambiental Goldman, que es considerado el ‘Nobel ambiental’.

Según cifras de la ONG Global Witness, que se interesa en los casos de corrupción y abusos en temas ambientales, en el año 2014 habían siete países del continente entre los diez más peligrosos para activistas ecológicos.

Colombia, el segundo país de ese ranking, luego de Brasil, ha vivido casos similares al de Berta. De hecho, en lo que va corrido del 2016, se tienen cifras de más de 20 asesinatos de líderes de grupos de izquierda y que no hacen parte de ningún conjunto violento. Todos ellos también eran parte de las discusiones sociales y ambientales de sus correspondientes regiones.

Las cifras fueron reveladas por Aída Avella, política colombiana que durante los años 80 fue perseguida como el resto del partido político al que pertenecía: la Unión Patriótica. Ella es una de los pocos sobrevivientes, ya que los miembros de dicho grupo político fueron casi todos asesinados.

Hace unas semanas nada más Klaus Zapata, un líder de la Juventud Comunista de Colombia, murió asesinado mientras jugaba un partido de microfútbol -ese que se juega en cemento- en un barrio de Soacha, población ubicada al sur de Bogotá. Dos hombres armados aparecieron y le dispararon. No hay capturados aún.

La preocupación surgió primero fuera del país. La Unión Europea pidió al gobierno de Colombia, en un comunicado emitido por la Oficina Comunitaria de Bogotá, que esclareciera la muerte de Klaus y otros cuatro líderes: William Castillo, Willar Alexander Oime, Hernando Pérez y Marisela Tombé. Al llamado se unieron Suiza y Noruega, que no hacen parte del organismo internacional.

La omisión no es únicamente por parte del estado, puesto que los dos canales más grandes del país, Canal Caracol y Canal RCN, no se han interesado en el tema y poco o nada se ha hablado en sus noticieros. La historia ha sido seguida por medios independientes como el portal La Silla Vacía y la revista Cartel Urbano.

El mayor temor de que este tipo de actos se mantengan fuera de la atención de la opinión pública es que las víctimas aumenten luego de que se firme la paz entre el gobierno de Colombia y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) -la guerrilla más vieja del mundo- en La Habana, Cuba.

De hecho, la masacre de la UP surgió en los momentos que se daba un tratado de paz con este grupo armado. La Unión Patriótica era el brazo político de las FARC. Durante esa misma época, los años 80, también fueron asesinados políticos que fueron parte del M-19 (Movimiento 19 de abril)

El último hecho sorpresivo fue la muerte de Jorge y Cristian Castiblanco y Alexander Carrillo, quienes primero fueron declarados como desaparecidos. Se sabe que los tres fueron asesinados y que sus padres lideran el proceso contra el proyecto de una hidroeléctrica en el Sumapaz, una localidad rural de Bogotá, donde se encuentra un importante páramo que es parque nacional.

Mientras las investigaciones avanzan según los ritmos de cada institución, las familias y los compañeros de causa dicen que ninguno está muerto realmente, como lo dice el tuit de Residente o como lo gritó el padre de Klaus Zapata durante el sepelio de su hijo: “Klaus no ha muerto, Klaus vive”.