La economía venezolana está estancada. La incapacidad productiva y la caída en el precio del barril de petróleo ha colapsado el modelo del 'Socialismo del siglo XXI'. Una situación que, con el paso del tiempo y la reducción vertiginosa de las reservas nacionales, ha ocasionado las situaciones a pie de calle más comunes en los medios de comunicación: la escasez, desabastecimiento y largas colas para acceder a los productos de primera necesidad. El gobierno de Nicolás Maduro está intentando dar una vuelta al modelo productivo a corto plazo para intentar que en el referéndum revocatorio le ocurra lo mismo que en las elecciones de la Asamblea Nacional, donde la oposición demostró que cuenta con el apoyo de la mayoría de los venezolanos.

Las propuestas del gobierno 'revolucionario', sin embargo, no son innovadoras. Desde el Ministerio se ha seguido por la línea marcada por Hugo Chávez que se respalda en dos grandes bases: subir la deuda nacional o internacional para sujetar el gasto público y realizar cambios en las figuras de la Administración con el objetivo mediático de transmitir la sensación de renovación. De ahí que se estén agotando con las reservas de oro del país (traídos desde el exterior por orden del expresidente Chávez) y aumente la deuda contraída con países como China o Irán.

En cuanto a las falsas renovaciones, Nicolás Maduro ha optado por la figura de Carlos Faría, a quien ha nombrado vicepresidente de Economía. En este sentido, le nombra para hacer frente a grandes retos como reducir una inflación de tres dígitos (el nivel más alto de todo el mundo), recesión económica y estancamiento del modelo productivo. Curiosamente, los mismos problemas que se ocasionaron a partir de las medidas económicas emprendidas por el gobierno chavista, quien abogó por la política desafortunada de las expropiaciones, control de cambio y limitaciones de los mercados.

En ambos casos, no se ataca al problema medular de la economía nacional: su incapacidad para producir. Al contrario, desde el gobierno se ha venido reforzando los ataques contra las empresas y el sector privado, intentando nacionalizar sus inversiones con el objetivo de aprovecharse de ellas y sacar rentabilidad política. No obstante, es un modelo que también ha demostrado su fracaso, ya que, como ocurrió con Aceites Diana, la mayoría de las empresas privadas que han pasado a las manos del sector público han caído en picado ante una nefasta gestión que ha conllevado a la pérdida de recursos y capital humano.

Las previsiones internacionales ponen en evidencia que las medidas 'revolucionarias' son estériles. Las agencias de calificación y hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman que el presente ejercicio tendrá unos resultados más desfavorables a los obtenidos en 2015, cuando se llegó a una inflación de 270,7 por ciento (la más alta del mundo) y un retroceso en el Producto Interno Bruto (PIB) del 10 por ciento. A pesar de la gravedad de los datos, el Banco Central de Venezuela (BCV) ha violado lo establecido en las leyes nacionales y ocultado las cifras por más de un año, dejado a los venezolanos y a los mercados con la incertidumbre de la evolución financiera del país.

La economía venezolana está estancada. Sin embargo, los constantes errores en la gestión pueden desencadenar en unos resultados aún más desfavorables para una población que, durante la última década, ha visto desvanecer su poder adquisitivo y las oportunidades de acceder a los productos más básicos. Un camino distinto es posible, pero no a través del endeudamiento y cambio mediático, sino con una renovación del gobierno que garantice un modelo productivo abierto y que deje de ahogar a los mercados.