Yuliana Simboní murió el pasado domingo a causa de estrangulamiento tras ser torturada y violada. Yuliana tenía 7 años y vivía en una de las zonas menos desarrolladas económicamente del municipio de Chapinero, en Bogotá. El área más deprimente de la capital colombiana está cerca de la montaña que protege la sabana sobre la que se extiende la enorme ciudad. Una ciudad que ha reaccionado al infanticidio con evidente repulsa, pero con un debate de fondo que duda de la justicia del país.

El acusado por el asesinato es Rafael Uribe Noguera, un arquitecto de 37 años que es parte de una familia de gran poder económico e influencia en el país. Supuestamente, Rafael Uribe secuestró a la niña mientras jugaba frente a su casa en el barrio Bosque Calderón. Al parecer, el imputado ya había tratado de secuestrar a la niña en otras ocasiones sin éxito. Tras raptarla e introducirla en una furgoneta gris que fue interceptada por las cámaras de la calle, la llevó a su apartamento ubicado al norte de Bogotá, en la zona noble de la ciudad. Allí abusó sexualmente de ella, la torturó y finalmente acabó con su vida. Después la dejó bajo el jacuzzi de la casa y huyó. Fue el hermano de Rafael Uribe quien descubrió el cuerpo y se puso en contacto con el presunto asesino. Al mismo tiempo, la policía ya había recibido la denuncia por desaparición y trataba de encontrar a la niña. Todo ocurrió el pasado domingo 4 de diciembre.

El caso que por sí solo alberga una evidente gravedad ha levantado un fuerte debate en todo el país por las circunstancias que lo rodean. En una sociedad de enormes desigualdades como es la colombiana, el hecho de que un hombre de clase alta se sienta en la legitimidad para poder secuestrar, torturar y asesinar a una niña de clase baja ha acentuado un debate que desde hace unas semanas está en las calles de Bogotá. Lo excepcional del caso es que cuando el hermano ubicó a Rafael Uribe, en lugar de presentarse ante la policía, lo envió a la Clínica Navarra, argumentando que el presunto asesino tenía problemas mentales. Al parecer, Rafael Uribe ya había demostrado extraños comportamientos con anterioridad. Sin embargo, nunca había sido diagnosticado con ningún trastorno psicológico. El objetivo de la familia y del propio acusado es el de logar un diagnóstico que indique que no está en sus cabales para lograr una sentencia más favorable. Dado que todas las pruebas apuntan a él y que su familia posee uno de los despachos de abogados más importantes del país, rápidamente sus allegados activaron una maquinaria que salvase a Rafael Uribe de la condena más dura.

Sin embargo, la policía que en la noche del domingo ya tenía localizado a Rafael Uribe, ha notificado la decisión del juzgado de acusar al presunto asesino de asesinato, tortura, violación y feminicidio, lo cual agravaría su condena. Pero el clamor popular ha llegado a todos los estamentos por la indignación derivada de los pasos que se dieron en el caso. En primer lugar, fueron varios los medios de comunicación que dulcificaron las explicaciones del asesinato, y colocaron en excesiva distancia los hechos. En efecto, hasta que las redes sociales no se movilizaron a través de ciudadanos comunes, no se supo que Rafael Uribe se encontraba en la Clínica Navarra tratando de lograr un diagnóstico favorable para sus intereses. Ante tal desidia por parte de los medios, varias personas se dieron cita en la clínica para evitar la posible fuga del presunto asesino. También llegó la policía que le explicó al acusado todos los delitos que se le imputan. Este momento fue filmado por alguien de la propia policía o autorizado por la misma, a través de un vídeo que ha sido publicado en el periódico El Espectador. En las imágenes, se puede ver cómo Rafael Uribe se desespera mientras escucha todos los delitos a los que se enfrenta. Sin embargo, no dice ni una sola palabra.

Estos hechos han consternado la sociedad colombiana. Desde hace unos meses, son varios los movimientos que tratan de elevar la voz ante los numerosos asesinatos, amenazas y maltratos a los que se enfrentan las mujeres en el país. Hasta finales de noviembre, más de 1.000 mujeres fueron asesinadas en Colombia, y se produjeron 16.000 casos de violencia sexual. Esto significa que cada día se matan en Colombia a 4 mujeres. Unas cifras que han provocado la repulsa de parte de la sociedad, que asegura que la situación es desesperada. Se trata de una violencia estructural y ante la cual, los poderes gubernamentales y judiciales no ofrecen herramientas para subsanarla.

Además, en este caso, se suma el condicionante de abuso de las familias con menos recursos por parte de la clase pudiente del país. El factor de que la familia de Rafael Uribe estuviese urdiendo una rocambolesca defensa para tratar de salvar la cárcel del acusado, denota la extrema facilidad que aquellos que poseen grandes capitales para corromper todos los poderes. Son muchas las voces que han asegurado que en otros casos, gracias al pago de médicos o jueces, se han conseguido diagnósticos y sentencias favorables.

Por ello, el debate acerca de la cadena perpetua en el caso de las violaciones y asesinatos infantiles se ha avivado. De hecho, algunos congresistas han dado su versión sobre la posibilidad de aumentar las penas para este tipo de casos, ante lo cual ya son otros varios los que han explicado que la propia constitución colombiana pone trabas a la medida. Sin embargo, el apoyo social es cada vez más fuerte y cabe la posibilidad de que en un futuro, si la atmósfera no decae, sea posible que se lleve a cabo esta modificación.

De esta forma, Colombia se suma a este proceso por el cual, cada vez una mayoría social más grande en los países latinoamericanos, reclaman a sus gobernantes herramientas eficientes y creíbles para acabar con los miles de casos de asesinatos de mujeres que se producen en estos países. La idiosincrasia machista y de supeditación de la mujer por parte del hombre, derivada de una fuerte tradición católica, favorece la aparición de estos casos. Pero parece que el desarrollo económico y educativo de varios de estos países ha potenciado la creación de cada vez más movilizaciones que exigen la reducción de estos sucesos. Quizá el caso de Yuliana Samboní logre unir a la sociedad civil en búsqueda de una solución rápida a este problema de una dolorosa urgencia.