La economía venezolana se desploma. El Ministerio de Sanidad, incapaz de sustentar la contracción del Producto Interno Bruto y la reducción en el precio del barril petrolero, ha vuelto a aplicar las fórmulas fallidas que han prevalecido en el ‘socialismo del siglo XXI’: desangrar la economía interna del país. O, en otras palabras, hacer que sean los ciudadanos quienes paguen los platos rotos de unas políticas económicas desacertadas que solo ha tenido por finalidad concentrar el poder en los altos representantes de la ‘revolución’.

Desesperado por encontrar liquidez, el Gobierno de Venezuela se ha aventurado en la toma de una decisión tradicionalmente temida por los regímenes: el aumento del coste de la gasolina. Específicamente, ha elevado su precio entre un 1.000 y 6.000 por ciento. La medida, que se traduce en un encarecimiento del coste diario de los venezolanos, no ha generado grandes revuelos por el conocimiento general a su bajo valor con respecto a los demás países. Sin embargo, se prevé que las manifestaciones en contra aparezcan cuando se vea el impacto directo que generará en un poder adquisitivo ya menguado por la inflación.

Una tasa inflacionaria que, si bien supero el 250 por ciento en 2015, se prevé que salte por los aires en el actual ejercicio, alcanzado un incremento de hasta el 750 por ciento, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Aunque el Gobierno prometió, en vano, que la inflación alcanzaría cifras de dos o un dígito, la realidad demuestra lo contrario, principalmente por la implementación de algunas medidas, como el control cambiario, que llevan a una devaluación constante y sangrante de la moneda y, por ende, a un aumento acelerado de la inflación.

La situación será más trágica si se toma en cuenta la devaluación anunciada por el propio Nicolás Maduro. La medida, que ya se perfilaba desde finales de 2015 con el anuncio de crear un nuevo billete, se ha materializado en el control cambiario, donde la ‘revolución’ ha tenido que adaptarse un poco más a los valores internacionales. De ahí que, a partir de este momento, el bolívar protegido u oficial pasa de 6,30 a 10 por un dólar, lo que supone una devaluación del 59 por ciento.

Las medidas, lejos de llevar a repotenciar la economía, están terminando de cavar la tumba de un modelo ya moribundo. El objetivo, sin embargo, no es rescatar el crecimiento nacional, sino garantizar las cuotas de poder económico que permitan al oficialismo seguir anclado en el poder.

Un claro ejemplo se encuentra en el mercado de la alimentación, mayoritariamente controlado por el Estado y, no obstante, incapaz de satisfacer la demanda nacional, obligando a los ciudadanos a hacer largas colas para adquirir pocas cantidades de alimento. Aunque es conocido este problema y la responsabilidad ‘revolucionaria’, el Gobierno ha preferido atacar a las últimas empresas privadas del sector, como Polar, y anunciar la creación de una megacorporación estatal, donde es cuestión de tiempo que demuestre que solo es una nueva tapadera de la corrupción y el desinterés por el bienestar del ciudadano.

Venezuela está dando una cátedra magistral en economía, mostrándose como el modelo idóneo a evitar por cualquier país con tendencias democráticas y deseo de ofrecer a sus ciudadanos un futuro mejor.