El pasado 31 de mayo, el Congreso de los Diputados aprobó los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017. El gasto no financiero del Estado y los organismos autónomos apenas crece un 1,3% hasta los 318.443 millones de euros. Una cifra exigua a pesar de que la economía española está saliendo de la crisis, al crecer a un ritmo del 3% anual. Los Presupuestos incluyen un ajuste de 14.250 millones para cumplir con el objetivo de déficit del 3,1% que exige Bruselas. Una parte se consigue manteniendo los 5.000 millones en recortes en los ministerios que se aplicaron a mitad de 2016. Otra, se fía a una mayor recaudación. El gasto social representa el 56 % del total.

Las cuentas están marcadas por el fuerte aumento en gasto en pensiones. Según consta en el Libro Amarillo, el gasto en este concepto aumenta en más de 4.000 millones, que en términos porcentuales supone un incremento del 3,1%. Además, esta sigue siendo la principal partida y su peso sobrepasa ya el 45% del total de gasto.

Según explica Hacienda, "el creciente aumento de las pensiones es consecuencia de la revalorización del 0,25%, el aumento de número de pensionistas y el incremento de la pensión de los nuevos beneficiarios". En concreto, el Estado destinará 139.647 millones de euros al pago de las pensiones, razón por la que el conjunto de las actuaciones de protección y promoción social repunta hasta rozar los 184.000 millones.

Para pensiones contributivas se destinan 122.777 millones, un 3,2% más. Para fijar esta cifra, el Gobierno ha tenido en cuenta el incremento del colectivo de pensionistas, la variación de la pensión media y la revalorización prevista del 0,25%.

El gasto en pensiones queda repartido así: 86.808 millones para pagar pensiones de jubilación; 12.463, para las de incapacidad y 21.369, para las de viudedad. En favor de familiares se destinan 301 millones. Por lo que respecta a las pensiones no contributivas de vejez e invalidez, se destinan para este año 2.320 millones, excluyendo a País Vasco y Navarra.

Otros conceptos que destacan dentro de este punto son los 5.500 millones que se invertirán en fomento de empleo (un 5,5% más) o los servicios sociales y promoción social. Este aumento responde, principalmente, a la subida de las partidas destinadas a financiar las bonificaciones a la contratación, la formación profesional para el empleo, la orientación profesional y las agencias de colocación.

Para desempleo, el Gobierno destinará un 6,6% menos (18.318 millones) como consecuencia del buen ritmo de creación de empleo. Además, llama la atención la caída del 30% en la gestión y administración de la seguridad social o el 20% en el que se reduce la partida de acceso a la vivienda y fomento de la edificación.

Para Sanidad y Educación, partidas ambas que en su mayor parte están transferidas a las CCAA, el gasto del Gobierno central aumenta un 2,3% y un 1,7%, respectivamente. Para Cultura, el gasto será de 801 millones de euros, lo que supone un 0,7% menos que los 807 del pasado año.

La cantidad asignada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para políticas de Sanidad en el año 2017 es de 4.093 millones de euros. En 2016, la dotación ascendía a 4.001,62 millones de euros, una cantidad que suponía un incremento del 3,6% respecto a 2017. De cualquier forma, las cifras siguen estando lejos de las presupuestadas hace unos años. En 2010, por ejemplo, la dotación ascendió a a 5.015.300.133 euros.

Los presupuestos educativos no son para tirar cohetes. Si en 2015 hubo un incremento de 4,5% y en 2016 una subida del 10%, en esta ocasión el aumento ha sido sólo del 1,7%.

Hay que tener en cuenta que, como la Ley Orgánica para la Mejora Educativa (Lomce) se ha puesto en marcha ya en todos los cursos, hay cuantías que no son necesarias como lo fueron otros años. Un desembolso económico poco útil para una ley que va a ser desmontada. La hucha educativa sube de los 2.484 millones que tenía en 2016 hasta 2.525 millones en 2017. Es la mitad de lo que el Gobierno dedica, por ejemplo, a Sanidad.

Una de las partidas que más se reduce es, sin duda, las de infraestructuras. El gasto presupuestado es de menos de 5.400 millones, casi un 11% menos de lo presupuestado para el ejercicio anterior.

Otras partidas importantes son las transferencias a otras Administraciones Públicas, que ascienden a 48.225 millones (-1,2%) o el pago de la Deuda pública, 32.171 millones (-3,9%).

Partidas pactadas entre el Gobierno y sus socios parlamentarios

El Gobierno logró aprobar los Presupuestos de 2017 gracias a la alianza más compleja que ha tejido jamás un Ejecutivo: dos partidos antiindependentistas (PP y Ciudadanos) unieron sus votos a los de dos formaciones regionalistas (UPN y Foro, aliados electorales del partido del gobierno) y tres nacionalistas (PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias). En total, el equipo de Mariano Rajoy empleó unos 5.000 millones de estas cuentas en conquistar a sus aliados, incluyendo los 4.087 que financiarán las políticas de Ciudadanos (su socio en la investidura) y sin que eso implique en todos los casos un aumento del gasto previsto en cada partida. Sin embargo, los compromisos adquiridos hasta 2023 ya superan los 15.000 millones en total. La cifra final dependerá de que Mariano Rajoy ejecute o no las cantidades que pactó con Albert Rivera en su acuerdo de investidura.

Con Ciudadanos el PP ha pactado casi 4.100 millones de euros, que se pueden dividir en dos bloques: 1.915 millones para la clase media y unos 2.100 millones para la modernización.

Dentro de las partidas del primer bloque, destaca el complemento salarial para jóvenes menores de 30 años (que ha cifrado en 500 millones), los fondos para aumentar a un mes el permiso de paternidad desde este año y la extensión de seis meses a un año de la tarifa plana para autónomos (con una partida de 480 millones), una partida para reorientar a parados de larga duración y un plan para luchar contra la pobreza infantil, con un montante de 340 millones.

En el ámbito de ayudas sociales, el acuerdo con el Gobierno incluye el aumento en un 10% de la ayuda a la dependencia (100 millones de euros más respecto a 2016).

Y entre los 2.100 millones, se recogen el cheque formación para desempleados y un plan contra el fracaso escolar, con un aporte de 1.200 millones, ayudas para libros de texto en familias sin recursos y un incremento de la inversión en I+D+i de un 4%, con 500 millones para la Red Cervera y otros 100 millones para fomentar la economía digital.

Tres decisiones en estas cuentas fueron claves para el acuerdo con el PNV: rebajar el Cupo en 300 millones anuales (la aportación anual de Euskadi a la hucha estatal), que el Ejecutivo devuelva 1.400 millones ingresados por ese concepto en años anteriores; y comprometer 3.380 millones para infraestructuras como el AVE hasta 2023.

Nueva Canarias, por su parte, ha logrado 204 millones para políticas en las Islas y la garantía de que el PP no bloqueará la tramitación del nuevo estatuto de autonomía de esta Comunidad, que incluye una nueva reforma electoral. ¿Qué partidas destacan en el acuerdo económico? Además de invertir de 42 millones de euros para luchar contra el desempleo en Canarias, el Ejecutivo dedicará más de 27 a bonificar el 75% de los billetes de avión y barco de los residentes en las Islas, y otra partida para hacerse el cargo del 100% en el caso de las mercancías.

Coalición Canaria negoció casi 500 millones de euros para Canarias solo en 2017. Además de mejorar el sistema de financiación canario (220 millones de euros) y de obtener bonificaciones para las contrataciones de las empresas locales, los nacionalistas lograron 232 millones para infraestructuras recogidas en la llamada agenda canaria y 21 millones más para un plan de empleo. Finalmente, Foro Asturias ha pactado partidas por valor de 65 millones de euros y UPN más de 44 millones de euros en 2017.

Por comunidades autónomas

La única comunidad en la que el Estado va a aumentar sus inversiones en 2017 es justamente la que alberga a los diputados clave de Coalición Canaria y Nueva Canarias para la aprobación de los Presupuestos. Canarias recibirá 270 millones, un 3,2% más que en 2016, según se desprende de la distribución territorial de la inversión regionalizable en los Presupuestos.

La inversión total será de 8.597 millones, un 22,2% menos que los 11.052 millones presupuestados en 2016. Las mejor libradas en el recorte son Madrid, cuya inversión cae un 1,3% y Cataluña, con una rebaja del 2,5%. La inversión en Cataluña será de 1,149 millones, por debajo de lo prometido por Mariano Rajoy en Barcelona. Cataluña es la comunidad que más inversión va a recibir en 2017 casi a la altura de Andalucía, que es la más poblada. La comunidad que preside Susana Díaz recibirá 1.156 millones y resulta la más castigada en el recorte al caer un 36,5% con respecto al pasado año.

La inversión en Madrid prevista será de 1.005 millones con el citado 1,3% menos y la Comunidad Valenciana recibirá una inversión estatal de 589 millones, un 33% por debajo de 2016.

En cuanto al País Vasco, también importante para la aprobación de la Ley a través del PNV, recibirá 381 millones, un 15% menos.

Castilla-La Mancha contará con 428 millones (-26,6%); Galicia, 924 millones (-32,2%); Castilla y León, 991 millones (-31,47%); Aragón, 343 millones (-18%); Baleares, 148 millones (-7,1%); Murcia, 272 millones (-17,6%); Asturias, 211 millones (-31,3%); Extremadura, 303 millones (16,6%); Navarra, 79 millones (-25,7%); Cantabria, 199 millones (-2,6%); y La Rioja, 75 millones (-15,8%).

Hay que tener en cuenta que las inversiones en infraestructuras pueden oscilar considerablemente de un año a otro, en función, por ejemplo, si se ha concluido o no una obra ferroviaria del AVE.

La inversión del Estado en infraestructuras no cubre además otras partidas fundamentales para las comunidades autónomas como es reparto del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en la que Cataluña, Valencia y Andalucía son los principales receptores. Tampoco las liquidaciones previstas en el modelo de financiación autonómica que repartirán 5.381 millones más que en 2016.

En cuanto al llamado Fondo de Suficiencia del sistema, Cataluña es la más beneficiada con 728 millones, por delante de Galicia y Andalucía.