Desde luego no aplaudirles al primer impulso es difícil, lo digo por lo insólito. Junts pel Sí y la CUP han presentado en el Parlamento catalán la «ley de referéndum de autodeterminación» que fija un régimen jurídico excepcional. Hay poco de consulta en esta ley: es un órdago de independencia unilateral, al estilo L´Oreal, ellos piensan que lo valen.

Nada que sea libre y democrático en una sociedad puede ser excepcional, ya de plano un régimen jurídico excepcional invade la justicia y la privacidad del resto de la ciudadanía catalana. Eso pasa cuando los partidos antisistema suben el volumen, cuando ellos piensan, no son muy diferentes de un dictador totalitario, a la postre Nicolás Maduro es un aficionado.

La «ley de autodeterminación» que ha presentado Anna Gabriel, portavoz de la CUP, consta de 34 artículos, una disposición adicional y dos disposiciones finales. Guisada y comida por el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCat), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la CUP, y cuya aprobación está resuelta para finales de agosto. Establece un régimen jurídico excepcional desde el momento en que entre en vigor, hipotéticamente el 3 de octubre. Así consta en el artículo 3, que además declara al pueblo catalán como soberano y al parlamento autonómico como representante de la soberanía.

El Parlamento de Cataluña podría declarar la secesión 48 horas después del recuento final de los votos. Sobre las garantías, huelga decir que el proyecto de ley no fija una participación mínima para que el resultado sea vinculante. El texto normativo tampoco indica si el resultado tendrá carácter vinculante. Los defectos de fondo y forma del proyecto de ley son de un pelaje importante, de oveja merina.

El artículo 30 del proyecto de ley obliga a los ciudadanos a formar parte de las mesas electorales que se configurarán por sorteo público. La norma señala también que si no se pueden constituir las mesas porque no se presenta nadie, será la Sindicatura Electoral de cada demarcación (cuatro en toda Cataluña) la que designará inmediatamente las personas que han de constituir la mesa de entre las que hayan acudido a votar y figuren en el censo. Un censo al que no es necesaria la autorización previa por parte del ciudadano (Art. 34.4).

Es un golpe de Estado contra España, y es una subyugación de la propia soberanía catalana. En este delirio, la presunta ley de autodeterminación pasa por encima del poder judicial, anuncia su voluntad de proclamar la secesión al margen de cualquier obstáculo legal o social. Supongo que en este espectáculo de miuras independentistas la sociedad catalana no se ha parado a pensar que esta “repensada” ley deja al poder judicial bajo el control político.

El hipotético presidente de esta república catalana se reservaría la facultad de nombrar no sólo el fiscal general, como ocurre en España, sino también el presidente del tribunal supremo, compuesto por dicho presidente y por los de las cuatro salas jurisdiccionales, los de las cuatro audiencias provinciales y por cinco jueces elegidos por el Parlament, en manos de los nacionalistas.

Esto es lo mismo que decir que los juzgados sobreseerán los procesos penales contra investigados por conductas independentistas. No hace falta un manual de instrucciones para deducir que Mas, Rigau, Ortega y Homs serían indultados. Pero ya es de reanimación por infarto la parte de la ley que comenta brevemente que los juzgados catalanes asumirán todos los casos en manos del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional. Felicidades a la familia Pujol.

Vaya fraude, todo esto para liberar a los que se han llevado el dinero público. Lamento que haya partes minúsculas en la opinión pública de Europa que comparan a los independentistas catalanes con los habitantes de Irlanda. No es una cuestión de religión, nada que ver con el catolicismo, ni con el protestantismo, es una cuestión mucho más banal, es una cuestión de desobediencia sistemática.

Es la revolución, y la sociedad catalana debe reaccionar antes de que el Estado tenga que responder al desafío imponiendo su autoridad recurriendo a la fuerza. Dado el caso, se verá obligado a usarla, democráticamente tiene que velar por la seguridad de todos los españoles, y entre ellos lo propios catalanes que no participan de esta sinrazón.

Solo un dato, desde 2008 hasta 2016, Cataluña ha perdido más de 2.500 empresas y no hay que puntualizar que la deslocalización empresarial es un buen termómetro del clima político que se vive en la comunidad autónoma. Es a la sociedad catalana a la que le afecta en su desarrollo y su cohesión social esta locura secesionista.

¿De verdad cree la CUP, y otros tantos, que España no apelará a su defensa legítima?