Es tarea ímproba tratar de captar en una imagen la migración: ahora mismo miles de personas están cruzando por tierra, mar o aire alguna frontera, dejando atrás su lugar de origen para salir en busca de mejores oportunidades, escapar de la crisis o la violencia y, sobre todo, de la desigualdad. La región se conforma como una fusión de culturas, religiones, etnias y costumbres y fue en la búsqueda de nuevos territorios, que nuestros ancestros viajaron por el continente dejando rastros de su cultura. Ese movimiento continúa y hoy reconocemos nuevos patrones migratorios que obedecen, principalmente, a las desigualdades en el desarrollo económico entre las naciones.

La manifestación reciente de nuevas olas migratorias internas produce grandes aportes para los países, pero también exportan problemas. Las realidades son diferentes según cada país, los flujos de llegadas varían como también las regulaciones. En América Latina tenemos casos como el de México, uno de los países con mayores ciudadanos fuera de la nación (12 millones en Estados Unidos), o Argentina, donde el 4,6 por ciento de la población es extranjera, y que ha visto crecer en el último tiempo la llegada de chinos, dominicanos, africanos, más allá de bolivianos y paraguayos. O venezolanos vendiendo arepas en el centro de Buenos Aires. En Brasil, la antigua tendencia de recepción de españoles y japoneses ha sido superada por el alza en los últimos cinco años en la llegada de bolivianos y haitianos. Empujados por el conflicto armado, miles de colombianos se vieron obligados a abandonar su tierra.

El desafío para muchos, especialmente en Centroamérica, es la recepción de migrantes irregulares que buscan llegar a Estados Unidos. El movimiento de refugiados no caracteriza especialmente a la región, como ocurre en Europa y Medio Oriente. Pero se han registrado peticiones de sirios que escapan de la guerra civil en su país y también de quienes huyen de la violencia y los conflictos políticos.

30 millones de latinoamericanos emigrantes

Hoy casi 29 millones de latinoamericanos residen en países distintos a los de su nacimiento. Para los expertos de la Unasur, el problema de las migraciones en Suramérica es manejable con relación a otros países, ya que el porcentaje no pasa del 1,5 por ciento y en el resto del mundo está llegando al 5 por ciento de la población. «Tenemos que llegar a que estos emigrantes sean reconocidos como ciudadanos con todos sus derechos en todas las partes del mundo. No puede ser que estemos hablando en un proceso de globalización, para pedir que haya libre circulación de bienes de capital, de tecnología y de inversiones, pero lo único que no puede circular son las personas. Esa es una de las grandes contradicciones éticas que tiene la globalización», señaló el entonces secretario general de Unasur, el colombiano Ernesto Samper.

En 2012, la Unasur decidió iniciar la construcción de la Ciudadanía Suramericana a partir de su dimensión migratoria, considerando la ampliación de los acuerdos regionales, subregionales y bilaterales. Pero hubo poco avance con respecto a ello, aunque sí significativos en relación con otras regiones del mundo, al eliminarse la exigencia de visas entre los países.

En las últimas décadas, los latinoamericanos emigraron sobre todo a Estados Unidos, donde sobreviven unos 11 millones de indocumentados –90 por ciento de ellos son latinoamericanos–, pero las migraciones Sur-Sur involucran a cuatro millones de personas y crecen al ritmo de 1,7 por ciento anual. Llevan a personas, por ejemplo, de los países andinos hacia Chile y Argentina y de los centroamericanos hacia Costa Rica.

Jorge Bustamante, relator especial de la ONU para los Derechos de los Migrantes, señala que en la frontera entre México y Estados Unidos ocurren violaciones, asesinatos, separación de familias, maltratos, trabajo no pagado. Lo cierto es que la Convención Internacional de la ONU para la protección de los trabajadores migrantes y de sus familias, de 1990, no ha sido ratificada por ningún país de recepción, sólo lo fue por los países de origen de los migrantes.

En los países de destino, los inmigrantes son estigmatizados y excluidos socio-cultural y socioeconómicamente. Por sus vulnerabilidades son presa fácil para la violación de sus derechos humanos. La asimilación a una nueva cultura es un proceso complejo y muchas veces debe realizarse en contextos xenofóbicos donde existe la percepción de que los que vienen ejercen una carga sobre los sistemas de seguridad social y de salud o que vienen a ocupar los puestos de trabajo de los nacionales. Y no hay peor momento para los inmigrantes que una crisis económica.

En ese contexto, una de las respuestas más comunes es el aumento del sentimiento de rechazo y de la presión popular para crear políticas proteccionistas.

Migraciones al Norte, pero también al Sur

Argentina es, pese a sus altibajos económicos, el país que más inmigración intrarregional recibe en Sudamérica: tiene 1,5 millones de latinoamericanos legalmente registrados, provenientes en su mayoría de los países limítrofes, más Perú. El último censo oficial de 2010 señala que los inmigrantes suponen el 4,5 por ciento de la población. La comunidad paraguaya es la más numerosa, con 550.700 personas; le siguen 345.000 bolivianos, 191.100 chilenos y 157.500 peruanos.

No es casual que con el advenimiento del gobierno neoliberal resurgieran discursos oficiales y medidas xenófobas que estuvieron presentes a principios del siglo 20.

Empujados por el conflicto armado, en especial por los grupos paramilitares, miles de colombianos abandonaron su tierra para irse a Ecuador y Venezuela, con los que las relaciones bilaterales no siempre han sido de muy buena vecindad. Según cifras oficiales, hay más de 4,5 millones de colombianos viviendo en Venezuela.

También los peruanos deciden emigrar preferentemente a la zona sur del vecino, sobre todo desde que el país está dolarizado, con las posibilidades que eso supone a la hora de enviar remesas. Según la Organización Internacional para la Migración (2012), los colombianos son el primer colectivo de inmigrantes en Ecuador, seguidos por los peruanos, que son el colectivo inmigrante más numeroso en Chile, un tercio del total de 300.000 inmigrantes legales.

La inmigración haitiana hacia la zona fronteriza con República Dominicana es de larga data, sobre todo desde que, a inicios del siglo 20, los consorcios azucareros de capital estadounidense comenzaron a importar miles de braceros haitianos para abaratar los costos laborales. Más recientemente, el terremoto de 2010 y la crisis económica y social que vino después provocaron un aumento de los flujos migratorios hasta el punto de que, según reveló un estudio de 2013, en República Dominicana residían 524.600 inmigrantes, de los que el 87,3 por ciento son haitianos.

En 2015, el Gobierno dominicano decidió poner en práctica un plan de regularización de extranjeros que supuso la deportación de 180.000 haitianos.

Costa Rica es el Estado latinoamericano con un mayor porcentaje de su población inmigrante. Según la Cepal (2012), el país registraba 386.000 inmigrantes, el nueve por ciento de la población. Recibió más extranjeros en los años 80 y 90 que en lo que va del siglo XXI. En 2014, los cuatro colectivos más numerosos eran los originarios de Nicaragua, Colombia y Estados Unidos. Unos 3.000 pensionistas estadounidenses viven en Costa Rica, además de casi medio millar de canadienses y españoles.

México se ha consolidado como el país del mundo que más migrantes tiene en el exterior: 13 millones de personas, y un porcentaje muy importante está al otro lado del Río Bravo. En paralelo, se está convirtiendo en un receptor de inmigrantes. Fue un destino tradicional para los centroamericanos, sobre todo guatemaltecos (35.000 en 2010), pero se ha intensificado por el flujo de miles de personas que tratan cada año de llegar a Estados Unidos y Canadá, cruzando parte de América del Sur, toda Centroamérica y México.

Pero México deportó en los primeros nueve meses de 2015 más personas que EE. UU.: 118.000 guatemaltecos, salvadoreños y hondureños.

Migración, más que una excusa

En nuestra región se utiliza el tema migratorio como chivo expiatorio para la tendencia a la exclusión laboral y social. Ante las amenazas de toda índole que padecen los migrantes hace falta por parte de nuestros gobiernos una actitud enérgica en la defensa de los derechos humanos, superando la actual postura de indiferencia ante las deportaciones, la tensión racial, la incertidumbre económica y el riesgo de daños a la integridad física y emocional de los migrantes.

Es importante que América Latina gane la categoría de «territorio libre de exclusiones». La acción de gobiernos y movimientos sociales es urgente, de cara a los renovados bríos cobrados por el racismo y la xenofobia, no sólo entre los ciudadanos estadounidenses a partir de la campaña y el triunfo en la elección presidencial de Donald Trump, sino también en varios países latinoamericanos.

Asesinando un sueño

Tras varios meses de incertidumbre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una tormenta –otra–al anunciar a principios de setiembre el fin de la Acción Diferida para el Arribo de Niños (DACA, por su sigla en inglés), un programa creado por el presidente Barack Obama en 2012 y que impedía la deportación de jóvenes inmigrantes y les ofrecía trabajo legal en Estados Unidos.

Desde entonces, casi 800.000 personas se acogieron al programa luego de pagar una multa y no tener registro criminal. DACA no ofrecía un camino a la residencia, solo permisos de trabajo.

En su campaña presidencial Trump había prometiendo mano dura contra los indocumentados e insistido en que los dreamers («soñadores» inmigrantes indocumentados que llegaron a EEUU cuando eran niños) también debían ser deportados, pues eran tan ilegales como sus padres. Ya en la Casa Blanca suavizó el tono y prometió resolver el problema de estos jóvenes «con corazón».

Amenazado por diez fiscales generales de igual número de estados de demandarlo ante las cortes si no cancelaba el programa antes del 5 de setiembre, Trump y el Fiscal General Jeff Sessions, dieron por finalizado el programa con el argumento de que era «inconstitucional» y postergaron las deportaciones hasta el 5 de marzo de 2018, dando al Congreso ese lapso para aprobar algún mecanismo que les otorgue protección a los dreamers.

De los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos (6,5 millones mexicanos) poco más de dos millones llegaron al país siendo niños, y 1,7 millones son menores de edad.

Es cierto que la historia de la humanidad ha sido la de grandes migraciones, en un proceso constante desde las sociedades tribales originarias, que se desplazaron desde África hacia Asia y luego el resto del mundo, desde hace unos 70.000 años... y hasta nuestros días. Las guerras, las hambrunas, la desigualdad, la falta de oportunidades y de futuro, expulsa a cientos de miles de personas en busca de una oportunidad y no solo hacia países desarrollados sino a zonas de paz, donde se pueda soñar con una vida digna.