Ante las recientes acciones terroristas ocurriendo en diversas ciudades del mundo occidental o desarrollado, creemos necesario se abra una discusión seria y pronta sobre la temática.

Es impresionante observar las muestras de solidaridad de muchos en apoyo y consolación a familiares y amigos de las víctimas del suceso del momento. Es ya indignante ver a mandatarios del país y altos funcionarios del Gobierno de turno expresando su repudio y condena a tales actos, y resignándose a decretar días de duelo, en especial los oficiales superiores de los órganos de inteligencia o policía reconociendo su incapacidad y falta de accionar para evitar actos tan horribles.

Muestras, todas las anteriores, que no aportan solución alguna y nos llevan al cuestionamiento actual: «Lo teníamos en la lista de sospechosos», «era conocido por su inclinación extremista», «conocemos que usaba siete nombres distintos» (¿qué persona sana cambia nombres para sus actividades normales?), «se sabía intentó irse a Siria y no se pudo deportar por falta de información» y otros. A pesar de lo cual, tales hechos no se consideran suficientes para actuar en orden a prevenir el accionar sospechoso de tales individuos y se les da así la oportunidad de ejecutar sus actuaciones terroristas y satisfacer, en su concepción errónea, su paso a la eternidad.

El porqué tiene su respuesta, en términos generales, en los conceptos y normas que proclaman proteger y garantizar las libertades civiles personales y los derechos fundamentales de las personas.

Pero, ¿libertades y derechos de los criminales en potencia solamente? ¿Y las posibles víctimas, acaso no tienen también derecho a libertades individuales e inalienables Derechos Humanos? Siendo uno de ellos, básico en estos tiempos, la seguridad tanto personal como de sus bienes.

¿Acaso no es el Estado, por medio de sus instituciones de inteligencia y policiales, el mayor obligado a promover, proteger y garantizar tal seguridad?

En el fondo, dicha cuestión equivale a priorizar los derechos y libertades de los que salen dispuestos a lesionar y matar a quien encuentren, por sobre los derechos y libertades de las personas comunes y corrientes que trabajan o desempeñan sus labores ordinarias que no implican amenaza alguna para otras personas.

Entonces, ¿es ético, moral, y/o racional esperar que alguien que se detecta como sospechoso ejecute su acto criminal, contrario a todo orden social, para poder ejercer acción legal en su contra? ¿No llama al sentido común el asumir medidas que, de una u otra forma, impidan que los actos de agresión se desarrollen o ejecuten?

En Nicaragua, la tristemente célebre dictadura somocista en su pragmatismo represivo utilizaba un eslogan encubridor y, en su oscura visión, legitimador de su actuar: vas preso por sospecha y cosa cierta…

En otras palabras, ¿hemos llegado al estado de aceptar como inevitables estas acciones criminales, y nos contentamos con hacer muestras de dolor, pesar, solidaridad y competimos en expresar la frase o el dibujito más atractivo, para circular masivamente en los medios de comunicación?

Recordemos que, sufrido el atentado terrorista contra los Estados Unidos, se desarrolló en ese país una discusión de altura sobre el valor de la tortura en casos de necesidad de obtener información a fines de evitar cualquier otro tipo de acción criminal. Discusión que generó opiniones y teorías en diversos sentidos, lo que generó medidas regulatorias que, en ningún caso, significaron restricciones o afectaciones a las libertades y derechos de las personas comunes y corrientes que desempeñan pacíficamente sus respectivos roles en la sociedad en que conviven.

En resumen, que debe pesar más en nuestras conciencias el proteger, respetar y garantizar libertades y oportunidades para cometer acciones criminales o el proteger, respetar y garantizar, en forma previa y efectiva, la integridad física, la vida y los bienes del ciudadano común y corriente que transita, trabaja, se distrae y pretende disfrutar de su vida en este mundo sin temores y convencido de que su seguridad es algo que se da por un hecho real y presente.

Seguridad personal y familiar cuya responsabilidad descansa en mayor grado en las instituciones del Estado, que la han asumido desde que en los primeros documentos de orden constitucional se distribuyeron las funciones del Estado y se consagraron las libertades personales, siendo una de ellas la seguridad. Y que, ahora, por razones meramente ideológicas y de supuestas concepciones de ser correctos, se han venido borrando lamentablemente y sustituyendo por una, aparentemente, trágica concepción del dejar ocurrir los hechos criminales para poder accionar en apego a las leyes y en estricto respeto a las libertades de quienes las violentan con premeditación, alevosía y ventaja, y ,a su vez, violentan la vida y la integridad física y mental de miles de civiles indefensos, afectan a sus familiares y, a quienes condenamos a realizar emotivos actos de consolación y resignación, como consecuencia de que el orden jurídico actual limita el accionar preventivo que, en el fondo, protege o, al menos, facilita el actuar delictivo y deja en indefensión absoluta y en total inseguridad a la mayoría de la población a la que se convierte en posibles víctimas.

Regresando a un accionar similar de sectores intelectuales de izquierda que, durante la pasada Guerra Fría, en aras de un antinorteamericanismo enfermizo, optaron por negar y defender las ocurrencias antihumanas que luchaban por salir a luz pública en algunos de los países de la denominada Cortina de Hierro.

Países en los que la observación, el control y detención fueron amplia, oficial y legítimamente utilizados para los fines de defensa de regímenes de minoría contra supuestas y posibles amenazas futuras de no creyentes y que no puede ser el objetivo en la presente realidad, ya que la protección y seguridad de las mayorías sería ese objetivo final, legítimo y moral.