La moción de censura, que desalojó al PP del Gobierno, y catapultó al nuevo Gobierno socialista, tiene varias prioridades, normalizar las relaciones con Cataluña y aumentar el gasto social.

En tres semanas ha cambiado todo en lo político en España. Del 23 de mayo, aprobación de los Presupuestos en el Congreso, al 8 de junio, celebración del Consejo de Ministros, se han vivido 17 días sin parangón en la historia reciente. Mariano Rajoy no podía pensar después de aprobar las cuentas de este año que vivía sus últimos días como presidente del Gobierno. Pedro Sánchez tampoco imaginaba que estaba a las puertas de la Moncloa. Nunca una condena por corrupción había tumbado a un Gobierno, nunca había prosperado una moción de censura, nunca se había hecho una transición de un Ejecutivo a otro en una semana. Ha sido una sucesión de acontecimientos que nadie previó.

La víspera de la aprobación de las cuentas, un muy alto cargo del PP se jactaba de que Rajoy ganaba dos años de vida política y se aseguraba agotar la legislatura. Alguien le hizo notar que la sentencia del caso Gürtel estaba al caer. «¡Bah! -respondió-, lo importante son los Presupuestos, lo de Gürtel está descontado y además será una sentencia por lo civil, una multa». Tampoco Sánchez veía lo que se venía y en su agenda del viernes estaba apuntado un viaje a Lisboa al congreso de los socialistas portugueses. Todos daban por amortizada la sentencia antes de conocerla a pesar de que en el ambiente flotaba que iba a ser dura. Hasta que el viernes 25 de mayo salió la sentencia que dio por probada la financiación ilegal del PP y la connivencia corrupta con la trama de Francisco Correa. El jolgorio presupuestario en la Moncloa dio paso a la desolación más absoluta, y en la sala de máquinas de los socialistas se encendieron las alarmas.

  • 1. Aprobados los Presupuestos

Poco antes de la votación de las cuentas, la dirección del PNV anuncia con un comunicado su apoyo a Rajoy. Fue un respaldo prosaico (inversiones por 540 millones para el País Vasco), en absoluto ideológico. La Moncloa alaba «la seriedad» del PNV y augura que las elecciones generales serán «cuando toca», en el 2020.

  • 2. La sentencia de la Gürtel

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hace pública la sentencia del caso Gürtel. Además de las severas condenas de cárcel a los acusados, certifica que el PP tiene una financiación en negro desde 1989 con una caja B, dice que no da veracidad al testimonio exculpatorio de Rajoy y que entre las empresas de Correa y el PP tejieron «un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional». Una bomba. Ciudadanos reacciona el primero, y Albert Rivera anuncia que hay «un antes y un después» en su relación con el PP. El PSOE calla en las primeras horas, pero por la noche anuncia la moción de censura. Un paso que Sánchez hasta entonces se había resistido a dar a pesar de las presiones.

  • 3. Los socialistas presentan la moción en el Congreso.

En la Moncloa crecen los nervios y las dudas, no se sabe si es mejor o peor que Rajoy dé explicaciones. A las 14.00 horas, comparece tras el Consejo de Ministros para rechazar los argumentos de la sentencia, pero anuncia que ni dimite ni va a anticipar las elecciones. El presidente del Gobierno cree que la moción no saldrá adelante porque los independentistas catalanes no van a perdonar al PSOE su apoyo al 155, y el PNV acaba de apoyarle en los Presupuestos. Sánchez dice que después de la censura convocará elecciones, pero deja en el aire el calendario. Ciudadanos quiere elecciones ya y se niega a apoyar a Sánchez. Empiezan a llegar a la Moncloa señales de que los independentistas y el PNV podrían apoyar a los socialistas, y se ponen en contacto con el PDECat y los nacionalistas vascos para atajar el cambio. Sánchez ofrece convocar elecciones tras la moción para atraer a Ciudadanos, pero fracasa. El PP redobla la presión sobre el PNV, recurre a las patronales CEOE y Confebask para impedir que respalde a Sánchez. Pero los nacionalistas vascos prefieren soportar la acusación de traidores antes que aparecer ante la sociedad vasca como los salvadores de Rajoy. Al día siguiente Rajoy se niega a dimitir. El presidente del Gobierno se enroca en la idea de no dimitir pese a que su negativa permite que la moción siga adelante. Sánchez se lo pide tres veces en el Congreso. El PNV comunica su apoyo a la censura. La suerte está echada, y Rajoy después de defenderse en la Cámara abandona a las 14 horas el hemiciclo y se refugia con algunos ministros y colaboradores en un restaurante.

  • 4. El 1 de junio triunfa la moción

Rajoy solo acude al Parlamento a despedirse -«dejo una España mejor que la que me encontré»- y a votar. La moción de censura triunfa con 180 votos a favor.

  • 5. 2 de junio: Sánchez, presidente

Sánchez toma posesión como presidente del Gobierno ante el rey en el palacio de la Zarzuela. A continuación se traslada a la Moncloa. Empieza la ronda de llamadas para formar su Consejo de Ministros. Sánchez había ganado contra pronóstico una moción de censura sobre la que él mismo tenía dudas hasta que se convenció, o le convencieron, de que su presentación era ineludible ante la contundencia de la sentencia del caso Gürtel. Pero estaba preparado para el éxito en el sentido de que tenía en la cabeza su Gobierno. Un Consejo de Ministros como el que ha formado, dicen en el PSOE, es fruto de muchas horas de reflexión, no surge en 48 horas, que es el tiempo que tardó en cerrar la composición del Gabinete. Todo un récord.

  • 6. El 5 de junio Rajoy dimite

Anuncia ante el comité ejecutivo del PP que «ha llegado el momento de poner punto final» a su carrera política. Al día siguiente Sánchez comunica al rey su Gobierno, compuesto por 11 mujeres y seis hombres, el más feminista de Europa y de la historia de España, con perfil progresista y experiencia en la Administración.

Retos del nuevo Gobierno

En política territorial Meritxel Batet tendrá que lidiar con los problemas como el problema catalán. La crisis catalana ha dinamitado los puentes entre el Gobierno central y el autonómico y ahora se tendrá que reconducir. La distensión podría comenzar con la entrevista entre el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el de la Generalitat, Quim Torra. Como primer gesto, el nuevo gobierno decidió quitar el control de las cuentas de la Generalitat catalana. El PSOE ha propuesto reformar la Constitución para hacer modificaciones de calado en la misma. Para ello tendrá que contar con el consenso de los demás partidos, tarea bastante dificil. Alguna de estas modificaciones podría ser una reforma federal, una posibilidad que el PSOE ha planteado en el pasado. Ésta chocaría con la oposición frontal del PP y Ciudadanos.

Es política ficción, más con un Gobierno sustentado en un partido con solo 84 diputados y que tendrá que bregarse en el Parlamento para sacar adelante cualquier iniciativa. Pero, tras el sorprendente desembarco de Pedro Sánchez en Moncloa, toca recordar las medidas económicas que los socialistas han planteado a las Cortes o a sus electores en los últimos años, cuando estaban en la oposición.

Al negociar sin éxito su fallida investidura en febrero de 2016, el hoy presidente del Gobierno apostaba por una «recuperación económica justa y medioambientalmente sostenible»; una «auditoría del gasto público», «estabilidad presupuestaria», y derogar de manera «urgente» algunos aspectos de la reforma laboral. Propuestas que podrían interpretarse como una hoja de ruta del nuevo Gobierno y que ya han propiciado las primeras advertencias desde algunos sectores.

La reforma laboral, según lo que prometieron los socialistas en la oposición podría ser derogada, pero no se sabe aún lo que sucederá. Puede que se realicen cambios en la misma, pero éstos tendrán que ser acordados. La patronal insta a mantenerla mientras que los sindicatos quieren que se derogue.

El nuevo Gobierno comprometido a aplicar los Presupuestos Generales del Estado que pactaron PP y Ciudadanos, con lo que el margen presupuestario de Sánchez para abordar nuevas medidas con impacto en las cuentas públicas será escaso. Además, deberá aplicar compromisos del Gobierno de Rajoy como la subida de las pensiones, el aumento de los salarios públicos o la rebaja del IRPF.

Junto a este compromiso se añade la obligación de cumplir con el objetivo de déficit impuesto por Bruselas, un mandato al que Pedro Sánchez ha respondido con un mensaje de estabilidad con el nombramiento de la directora general de Presupuesto de la Comisión Europea, Nadia Calviño, como ministra de Economía.

De cara a los Presupuestos de 2019, el PSOE podría plantearse aumentar el gasto social en unos 6.000 millones de euros. Los socialistas podrían rescatar las propuestas de los presupuestos alternativos que presentó hace un par de meses: entre otras, subir al 15% el impuesto mínimo sobre el resultado contable de los grupos multinacionales en España para poner fin a la caída de la recaudación en Sociedades; elevar el IRPF hasta el 52% a las rentas superiores a 150.000 euros o subir el impuesto al diésel para equipararlo con la gasolina.

Otras propuestas que ha planteado el PSOE son aplicar un ingreso mínimo vital al que dedicaría 2.400 millones, mejorar la cobertura de parados de larga duración con una partida de 1.200 millones anuales, y la creación de dos nuevos impuestos para lograr la sostenibilidad del sistema de pensiones: uno a las transacciones financieras, y otro de carácter extraordinario que gravaría los beneficios de la banca. Una iniciativa de los socialistas que no generaría gasto público y que plantearon en varias ocasiones en el Congreso (la última, en 2017) fue la de modificar la Ley General Tributaria para dar a poder conocer los nombres de los más de 30.000 defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal inconstitucional de Cristóbal Montoro.

En materia de igualdad, el PSOE ha propuesto recientemente que las empresas de más de seis trabajadores deban informar de los sueldos de mujeres y hombres y que se les sancione en caso de incumplimiento; e instaurar los permisos de paternidad obligatorios e intrasferibles.

En política de vivienda, la formación de Sánchez propuso en marzo un paquete de medidas que incluía desgravaciones para los propietarios de hasta el 100% para fomentar el alquiler estable, una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para volver a elevar de tres a cinco años la duración de los contratos y referenciar las subidas de las rentas al IPC.

En 2013, este partido llegó a proponer la expropiación «temporal» de pisos a los bancos y en el programa electoral de 2016 planteó una «tasa transitoria sobre las viviendas desocupadas que mantienen las entidades financieras» fruto de los desahucios para incentivar su oferta como viviendas en alquiler.

En energía, la elección de Teresa Ribera al frente de un 'superministerio' que coordine la lucha contra el cambio climático ha levantado grandes expectativas en el sector. Una medida que podría tener respaldo mayoritario en el Congreso sería la derogación del decreto de autoconsumo que contiene el famoso impuesto al sol para instalaciones de más de 10 kilovatios (kW). Un gesto que además sería gratis, porque el denominado «peaje de respaldo» que ideó el PP nunca llegó a aplicarse por la falta de desarrollo reglamentario.

Otra cuestión es el apagón nuclear. El PSOE ya planteó en su programa de las generales de 2015 cerrar progresivamente los reactores una vez cumplan, a lo largo de la próxima década, 40 años en funcionamiento. Contaría con el respaldo de Podemos y, quizás, del PNV, toda vez que Iberdrola (con sede fiscal en Euskadi) ha dado un giro en esta cuestión y ahora asegura que la nuclear ya no es rentable.

Como contrapartida y ante el mayor coste que supondría la gestión de los residuos derivados de un desmantelamiento anticipado, el Gobierno de Sánchez podría dar una solución definitiva a la espinosa cuestión del almacén nuclear. La propia Teresa Ribera se ha mostrado partidaria de prescindir de carbón y nuclear para 2025.

En lo relativo a las energías renovables, que el PSOE ha prometido impulsar, esta formación planteó sin éxito durante el trámite de enmiendas a los Presupuestos no tocar la rentabilidad de estas instalaciones, que actualmente está fijada en el 7,5% y que el PP había prometido revisar a la baja en 2020.

La ministra de Economía tendrá que decidir el futuro de la cuestionada Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que el PP decidió crear en 2013 (sin apoyo del PSOE) y que luego los populares se comprometieron a trocear. Calviño fue la artífice de la Ley de Competencia de 2007, que para muchos marcó una breve edad de oro en un asunto en el que España tiene escasa experiencia histórica.

Por fin, una de las últimas propuestas que llevó el PSOE al Congreso fue la de crear una autoridad europea al estilo del FMI que cuente con fondos propios y pueda emitir eurobonos.