En América Latina los grupos mayoritarios de población han estado secularmente al margen de la toma de decisiones para la definición y ejecución de las tareas de su desarrollo, lo que propicia y sostiene una situación de desintegración social generando, por consiguiente, tensiones, injusticia, violencia y por lo tanto, convirtiéndose en causa directa de ausencia de paz. En esa tesitura Costa Rica no es la excepción.

Por su parte, las comunicaciones en América Latina han estado supeditadas a las necesidades y voluntades impuestas interna y externamente por centros de poder: la inmensa mayoría de la población desintegrada socialmente es un objeto pasivo de estas acciones comunicacionales generadas por esta realidad de poder vertical, que utiliza con eficiencia y eficacia los medios de comunicación masiva. Esta instrumentalización de los medios de comunicación social es tal que, a su vez, se convierte en negación de paz. En esta tesitura Costa Rica no es, tampoco, la excepción.

En la búsqueda de soluciones concretas para encontrar fórmulas para el logro de paz social en Costa Rica, la inducción de organización de participación popular se vislumbra como una respuesta legal práctica para superar los dos problemas señalados, pues la participación popular organizada es un proceso dinámico que permite la presencia activa y creadora con orientación de bien común de la población en la toma de las decisiones que les atañe en los procesos de intercambio informativo requeridos para la convivencia social.

Así se refuerza la moderna concepción que une los conceptos de desarrollo, democracia de participación y Estado social de derecho.

En consecuencia, se postula que la participación popular organizada se puede convertir, por sí misma, en un instrumento que viabiliza la inducción del cambio de estructuras de poder verticalista, a la vez que se convierte en el mejor y más efectivo instrumento de diálogo de doble vía pueblo organizado-Gobierno subsidiario, por lo que es -entonces- un instrumento de comunicación integral, que lleva, por la vía del consenso, al fortalecimiento del Estado social de derecho.

1. Consideraciones generales sobre participación popular

Este documento presenta el marco ideológico-práctico que orienta tareas de promoción de la participación popular para la integración eficiente de la comunidad en las acciones del desarrollo del país.

1.1. Situación de partida

A pesar de la evaluación favorable del sistema democrático que se hace en Costa Rica, hay amplios sectores que están totalmente al margen de los procesos decisorios y ejecutores, que determinan el carácter, el sentido y la focalización del progreso económico, social y cultural, que les atañe.

Expresada esta misma idea en términos aún más simples, significa que todavía una gran cantidad de personas permanecen al margen del goce de ciertos derechos elementales, tanto económicos, como sociales y culturales y que, en aquellos beneficios que están recibiendo por parte del Estado, no han tenido ninguna participación para determinar sus características fundamentales. Son, por lo tanto, receptores pasivos de ciertas acciones que ellos no definieron.

Tal situación es importante porque cuando en un país un grupo importante de ciudadanos queda al margen del proceso de toma de decisiones para la definición y ejecución de las tareas de su desarrollo, se da una situación de desintegración social la cual es, a su vez, causa directa de violencia social la que se manifiesta de diversas formas.

Un grupo normalmente minoritario, con buen acceso a los beneficios sociales, económicos y culturales, piensa y actúa en nombre del otro grupo mayoritario, sin preocuparse realmente por los verdaderos intereses y necesidades de los otros.

Con ello, se prolongan y consolidan situaciones injustas en la sociedad, ya que esta minoría no suele consentir voluntariamente que exista una justa distribución de oportunidades para todos y, por otro lado, la mayoría nacional permanece inactiva como receptáculo pasivo -pero potencialmente explosivo- ante los servicios que el Estado -fuertemente penetrado por el grupo privilegiado- ha definido como buenos para ella.

1.2. La opción

A una sociedad desintegrada — y desde este punto de vista Costa Rica lo es — debe anteponerse una sociedad integrada en donde la paz no sea el resultado de la imposición sino de la justicia social.

Las características de una sociedad costarricense integrada deberían ser:

  • Una conciencia clara de parte de todos de pertenecer a una totalidad o una sola comunidad de hombres.

  • Un consenso mínimo acerca de una finalidad común expresada en ciertos objetivos y metas válidos para todos.

  • La adhesión a una escala común de valores, entre los que destacan la responsabilidad, la solidaridad, la creatividad la fraternidad y el uso del diálogo para la búsqueda del consenso nacional.

  • La participación de todos los ciudadanos en las decisiones, aportes y beneficios del desarrollo, así como de los bienes y beneficios que produce la sociedad.

  • El reconocimiento de autoridad y de atribución de poderes al Estado, como gerente y garante del Bien Común.

El objetivo fundamental para esta sociedad integrada lo será, entonces, la realización plena e integral del ser humano y la armonización de los intereses de todos los sectores sociales, así como el desarrollo integral de la sociedad y de un sistema político orientado hacia el logro de una democracia cada vez más participativa, que nunca se agota en sí misma, pues es dinámica y perfectible.

2. La participación popular, instrumento principal para el cambio

Solo la promulgación de legislación para instituir procesos crecientes de participación popular organizada será capaz de producir el tránsito no violento hacia una sociedad integrada, realmente justa y auténticamente democrática.

2.1. Identificación del concepto de participación popular organizada

La participación popular organizada es un ámbito legal amplio que permite instaurar en él un proceso social, de carácter continuo y dinámico, en virtud del cual los integrantes de la Sociedad Civil, a través de sus organizaciones legítimas y representativas, deciden, incorporan y reciben, en la realización del beneficio y el bien comunes.

2.2. Ambitos de la participación popular

La participación del pueblo se concibe como un proceso integral que abarca las distintas fases del quehacer del desarrollo. Por lo tanto, los integrantes de las comunidades que integran la Sociedad Civil, por medio de la acción efectiva de sus cuerpos y sociedades intermedias, deben tener una presencia activa y creadora en:

  1. La identificación de los problemas que conforman la realidad de su medio y las causas que los originan (investigación participativa).

  2. La formulación de respuestas racionales y orgánicas para el enfrentamiento de esos problemas (programación democrática).

  3. La participación organizada en la ejecución de las acciones que han surgido del proceso de programación democrática (cogestión pueblo-gobierno).

  4. El seguimiento, control y evaluación permanente de los programas de beneficio común para su ejecución eficiente (supervisión comunitaria).

Este es un camino viable para que en Costa Rica las tareas del desarrollo contemplen las verdaderas necesidades, las integren en una orientación de beneficio común y comprometan vitalmente a las personas con su propio destino, facilitando, al unísono, la «personalización» de los individuos y la «comunitarización» de la sociedad en que aquellos se desenvuelven.

3. La organización del pueblo como mecanismo para la participación

Dentro del gran conglomerado social marginado del proceso de toma de decisiones, cada persona por sí misma será incapaz de modificar su situación. En consecuencia, la organización popular organizada es un elemento indispensable para que la participación real no quede como una aspiración que no se cumple o sea fuente permanente de discursos políticos inefectivos, a la vez que causa directa de frustración personal; de desintegración de la sociedad y de nacimiento de violencia no canalizable.

Por ello, el primer gran esfuerzo que se debe hacer para propiciar la participación popular organizada es la conformación de grupos comunitarios de base. Estos grupos están caracterizados por la existencia de un número suficiente de miembros como para movilizarse activamente en torno a ellos; cada miembro del grupo desempeña papeles específicos y todos tienen sentido de pertenencia e integración.

El concepto de base se aplica en dos planos:

  • Territorial
  • Funcional

Obviamente aún estos grupos de base son incapaces de tener una influencia decisiva en el desarrollo local, regional y nacional. Por esta razón, el segundo gran esfuerzo se debe concentrar en la coordinación de todos estos grupos para que actúen estrechamente unidos en:

  • El distrito
  • El cantón
  • La subregión
  • La región
  • El nivel nacional

Si bien la ley que ha creado a DINADECO aspira precisamente a la formación de organismos de base y en organismos de niveles superiores, lo cierto es que la politización (desde el ángulo electoral básicamente) ha impedido la conformación de una pirámide social participativa y las asociaciones de desarrollo se quedaron en el plano de la ejecución de obras físicas, o en el microdesarrollo no sistematizado, con lo que el potencial de cambio social ha quedado truncado y deformado por acción del propio Estado.

4. Sectorización y regionalización: reformas necesarias para la participación popular organizada

Para que pueda existir un efectivo diálogo entre la Comunidad Organizada y el Estado, se necesita, además de la organización popular, una adecuación en el sistema administrativo del Estado. Sea que el Estado necesita adecuarse para dar una posibilidad real de participación al pueblo marginado, pero ya no sólo como expresión de la voluntad del Poder Ejecutivo, sino como resultado de la aplicación de nueva legislación.

Pese a la proliferación de promesas de campañas y de planes, en OFIPLAN primero y MIDEPLAN después, el aparato burocrático central y desconcentrado (instituciones «autónomas») del Gobierno ha crecido determinando un sistema en que la mayoría de las decisiones se concentran allí. Para corregir esta situación se debe iniciar un vigoroso esfuerzo a nivel de la Asamblea Legislativa tendiente a plasmar la legislación para:

  1. Sectorizar la definición y ejecución de las tareas del desarrollo nacional, de modo que se produzca una armonía y una mayor racionalidad entre las instituciones afines (sistema de sectoriación).

  2. Regionalizar la planificación del desarrollo, de manera que se produzca una mayor consideración de las características y las necesidades regionales y un desarrollo equilibrado de las distintas regiones del país (sistema de regionalización).

Ambas reformas deben propiciar, además, una mayor desconcentración de proceso de toma de decisiones del aparato burocrático, de forma que a nivel regional, subregional y local pueden las instituciones públicas tomar decisiones sin recurrir, para todo, a la capital del país o a las autoridades nacionales.

Solo de esta manera los diversos grupos de la Sociedad Civil y la comunidad organizada podrán encontrar interlocutores válidos para hacer operativa la participación en sus planos funcional y territorial (cogestión pueblo-Gobierno).

5. Educar para la participación

La tradicional actitud verticalista del Estado no ha sido propicia para la integración activa de las entidades civiles ni de las comunidades en la vida nacional y su desarrollo. Falta educación para la participación, lo que puede impulsarse mediante la promulgación de legislación específica, para no dejarlo a voluntad del Estado.

Esta educación, desarrollada mediante una metodología participativa que debe ser indicada -o aun inducida por parte del Estado- debe propender a hacer a cada persona más consciente de su capacidad de cambiar la realidad para a su vez:

  • Hacerla más capaz de tomar sus propias decisiones y seguir sus propias acciones dentro del concepto de Bien Común.
  • Hacerla más responsable del resultado de sus acciones.

Por otra parte, dicha educación debe crear conciencia de la necesidad de la vida grupal como mecanismo de participación, de manera que:

  • Capacite a los grupos comunitarios para investigar, programar, participar en la ejecución y evaluar sus propias acciones de cogestión con el Estado.

Este proceso de educación para la participación, conjugado con la existencia de una estructura para participar y una planificación sectorializada y regionalizada son los elementos básicos para hacer efectiva la participación popular en el desarrollo de una Nueva Sociedad.

6. Un programa integrado de participación popular organizada

Todos los conceptos teóricos desarrollados en los puntos anteriores deben converger en un cuerpo de ley que, en su aplicación práctica, tienda hacia un Programa Integrado de Participación Popular.

El propósito fundamental de este busca, establecer -por medio de la información, motivación, capacitación, asesoría y organización de la comunidad- una estructura de participación popular a los niveles distrital, cantonal, subregional, regional y nacional que posibilite que la población organizada y el Gobierno, representado por el conjunto de instituciones que deben integrar sus esfuerzos, investiguen, planifiquen, ejecuten, supervisen y evalúen acciones concretas para promover el desarrollo de los respectivos planos territoriales y funcionales y el proceso resultante, sea, a la vez, un instrumento educacional concomitante tanto para acelerar el proceso y como para hacerlo consciente.

6.1. Requerimientos para el cumplimiento del propósito fundamental.

Para cumplir con el propósito expuesto y enmarcarse en los lineamientos teóricos de la participación popular organizada, es necesario que la legislación permita desarrollar los siguientes aspectos:

  • El fomento de la organización comunitaria a nivel distrital, mediante el fortalecimiento y creación del mayor número de grupos de base posible (en sus planos territorial y funcional).

  • El entendimiento interinstitucional entre los entes del gobierno central y las instituciones autónomas que participen según se señale a nivel de orientación superior.

  • El establecimiento de mecanismos de coordinación entre las organizaciones populares, de modo que se estructure una pirámide organizativa, cuya base sea el nivel distrital y continúe hacia la cúspide por los niveles cantonal, subregional, regional y nacional.

  • La generación de planes de acción con participación de todas las fuerzas vivas de la comunidad, partiendo del nivel distrital.

  • El establecimiento de mecanismos de cogestión bipartita entre Sociedad Civil (comunidad organizada) Gobierno.

  • Empalme del sistema de participación popular propuesto con el sistema de Planificación Nacional, otorgando al Estado una función subsidiaria.

  • Ejecución de un amplio proceso de preparación de la comunidad para hacer eficiente su participación en los procesos de organización, investigación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de sus propias acciones.

  • Desarrollo de un proceso de capacitación de los funcionarios de campo de las instituciones estatales para su integración adecuada en el sistema y en las características, propósitos y metodologías necesarios para un trabajo efectivo y para aplicar metodologías que obligue a tomar en consideración a la sociedad organizada la cual aporta un valioso contingente de voluntariado.

7. Logros nacionales esperables de la participación popular organizada

Los aspectos anteriores reseñados permiten resumir los objetivos orientadores de la Participación Popular Organizada de la siguiente manera:

7.1. Objetivos respecto de las personas

  • Despertar la capacidad de análisis de las personas sobre sí mismas y su entorno.
  • Generar en ellas compromisos con su realidad y con la del resto de su comunidad.
  • Desarrollar capacidad en ellas para modificar su realidad.

7.2. Objetivos respecto de la comunidad

  • Fortalecer la organización comunitaria de base en sus planos territorial y funcional.
  • Integrar la organización comunitaria de base en órganos de coordinación a nivel de distrito, cantón, subregión, región y nacional.
  • Capacitar a los grupos comunitarios para su participación, activa en todas las fases de las tareas del desarrollo en los planos territorial y funcional.
  • Integrar activamente la Sociedad Civil (organizada en los planos territorial y funcional) a un sistema de cogestión con el Gobierno.

7.3. Objetivos respecto del Sistema de Planificación Nacional

  • Llevar a un sistema de cogestión en la planificación del desarrollo nacional.
  • Proporcionar al sistema de planificación los órganos de representación popular para la cogestión en los niveles subregional, regional y nacional, en los planos territorial y funcional.

8. Comunicación para la socialización integral

La Participación Popular Organizada se concibe, en consecuencia, como un proceso integral e integrador que propicia, institucionaliza y fortalece la comunicación social pero la concibe más allá de la manera tradicional, limitada a funciones de emitir información, publicidad y propaganda, como métodos de relación societaria para crear condiciones de comunicación de doble vía, esto es diálogo, restituyendo así al término comunicación su valor original y enriqueciéndolo para que sea portador de:

  • Información

  • Motivación

  • Educación

  • Comunicación

Los cuatro elementos anteriores sobre los cuales se crean condiciones que propician el tránsito de la democracia representativa a la democracia participativa, son básicos para que las personas puedan desarrollar todas sus potencialidades y la Sociedad Global sea el reflejo del pluralismo ideológico y social, que determine libremente el proceso de cogestión de la comunidad organizada y el Estado desconcentrado por medio de un proceso de planificación regional y sectorial.

El logro del objetivo central planteado -obliga necesariamente- a que el Estado que representa el poder concentrado en virtud de la desintegración social existente, asuma una función diferente.

En efecto, si se desea que el costarricense no esté al servicio de otros costarricenses o al servicio del Estado, sino que actúe libre y solidariamente, la legislación que se instituya debe ser tal que obligue al Estado a asumir un papel subsidiario de coordinación justa y racional, facilitando la creación de una gran gama de cuerpos y sociedades intermedias legitimadas y piramidalmente estructuradas que actúen con criterio de Bien Común en todos los ámbitos de la realidad económica, social y cultural.

9. Obstáculos para establecer la participación popular organizada

Un Estado subsidiario, gerente y garante del Bien Común, que propicie, estimule, dinamice y promueva en Costa Rica un proceso de Participación Popular Organizada que dé paso, a su vez, a una comunicación integral e integradora, se puede ver limitado por dos procesos de crisis coyunturales no del todo independientes entre sí:

  1. La crisis de la «sociedad de la abundancia» reflejada en los ciclos de crisis económica que se hacen cada vez más frecuentes, más profundos y más universales.

  2. La crisis del Estado-nación, al verse alterados sus más caracterizados elementos constitutivos: centralización del poder en sus manos; que ejerce como poder «soberano» e independiente en su territorio, pues es obvio que los procesos de «internacionalismo» creciente han derivado hacia lo «supranacional» y en consecuencia plantean una redefinición tal de la instancia Estado-nación, que ésta se ha visto despojada de sus notas esenciales definitorias.

En Costa Rica esta doble crisis obliga a tener claros los objetivos para que las resistencias derivadas de ellas no sean nuevos y renovados obstáculos para la marcha hacia la democracia participativa y su consecuencia: la comunicación social integral e integradora.

En efecto la crisis de la «sociedad de abundancia» y la crisis del concepto Estado-nación que se reflejan en las crecientes oleadas de violencia e inseguridad ciudadana obligan a acelerar dos salidas:

a) Ensayar fórmulas legales enraizadas en la concepción comunitaria, altamente participativa y desburocratizada, tal como la propuesta, y
b) Postular fórmulas legales propicias para que la internacionalización fluya hacia la integración a una nueva cultura latinoamericana que conserve los mejores valores y destierre los vicios y debilidades para enfrentar los retos del reacomodo internacional y las políticas de bloques económicos con mayor posibilidad de una salida digna.

10. Las resistencias a la participación popular organizada

Las exigencias a que se ve sometido el modelo de Estado subsidiario, gerente y garante del Bien Común para propiciar, estimular, dinamizar y promover en nuestro país una comunicación integral e integradora por medio del proceso de participación popular organizada se enfrenta a varias resistencias:

  1. El «nacionalismo» un tanto primitivo que nos caracteriza y que es fácilmente manipulado por los grupos de poder que buscan reforzar y acrecentar su hegemonía y para detener procesos de cambio que les puedan afectar;

  2. Las injustas estructuras de poder que mantienen y acrecientan los desniveles económicos internos, con sus secuelas sociales y culturales pues congelan cuantiosos recursos para mantenerlos al servicio de sus intereses egoístas;

  3. La apatía y desinterés de la burocracia estatal que por ignorancia confunde los intereses comunes con su visión de "estabilidad laboral" e impide, que la población realmente participe, en la acepción global del término, en los sistemas de planificación global, sectorial y regional;

  4. La confusión proveniente de grupos ideológicos que por no haber profundizado en el tema le temen a la participación popular organizada, pues la visualizan como una amenaza real a sus fórmulas de «mercado» o bien de aquellos que la desean solo como un primer estadio para tratar de manipularla en beneficio del «dirigismo estatal».

Conclusión

De cara a los retos de fin de siglo y dentro de una concepción posmodernista, el «verdadero pacto o concertación social» que Costa Rica necesita y desea debe enmarcarse en la búsqueda de nuevas estructuras legales para lograr la finalidad social de todos los bienes y servicios que produce la sociedad, con criterios de solidaridad, fundamentado en una visión humanista del desarrollo (integral).

Para ello, solo una ideología antiindividualista y antimasificante, es decir, una ideología personalista y comunitaria, asentada en procesos comunicacionales dialógicos e integradores puede lograrlo.

Como soporte de esta nueva sociedad, la concertación social que logra la Participación Popular Organizada es el instrumento de comunicación social que socializa (en la acepción social del término) que posibilita un cambio acelerado, profundo, responsable y no violento de una sociedad desintegrada y una democracia representativa que mantiene estructuras injustas e inhumanas a una democracia participativa real y efectiva.

Como soporte de esta nueva sociedad, salta a la vista la necesidad de legislar para buscar el reemplazo de fórmulas, instrumentos y sistemas de información social verticalista, consustanciales con una democracia de mera representación por fórmulas, instrumentos y sistemas de comunicación social dialógica, integral, integradora, propias de una democracia de participación.

Pasar de la Costa Rica de democracia representativa «conocida» a la Costa Rica democrática participativa por hacer, es el reto del futuro que se le plantea hic et nunc entre otros entes que deben tomar decisiones políticas superiores a las diversas representaciones políticas presentes en la Asamblea Legislativa.