La incorporación de las personas con discapacidad al mundo laboral normalizado continúa siendo una asignatura pendiente en España. El tejido empresarial continúa siendo reacio a incorporar a su plantilla personas con alteraciones físicas, orgánicas, cognitivas y sensitivas… y no digamos nada cuando se trata de mentales e intelectuales.

Los poderes públicos llevan años incentivando la incorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral con una normativa que otorga numerosas facilidades a las empresas contratantes en forma de bonificaciones en la cuota empresarial de la Seguridad Social (aprobadas por la Ley 13/1982 de 7 de abril, denominada Ley de Integración Social de los Minusválidos, y el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo) y de subvenciones por la contratación de personas con discapacidad de hasta 3.907€ por persona (aprobado por el Real Decreto 1451/1983).

De manera paralela, han creado normativa para impulsar y fomentar la integración laboral de personas con discapacidad. Así, tenemos la Ley General de Discapacidad (que actualiza la longeva LISMI), la cual establece que todas las empresas públicas y privadas españolas cuya plantilla (cómputo total de empleados independientemente del tipo de contratación) sea de 50 o más trabajadores deben tener una cuota de reserva a favor de las personas con una discapacidad igual o superior al 33% correspondiente al 2% de la plantilla.

Por otro lado, las consecuencias del incumplimiento de la Ley General de Discapacidad implican multas que pueden ser leves, graves y muy graves, oscilando entre los 301 y 6.000 € para las más leves y entre los 600.000 y 1.000.000 € para las más graves. Asimismo, también pueden conllevar otras sanciones como la Imposibilidad de contratar con la Administración Pública, la perdida de todas las bonificaciones en materia laboral, la imposibilidad de recibir ayudas o subsidios de la Administración Pública, y sanciones de hasta 6.000 € anuales por persona con discapacidad no contratada o ausencia de Medidas Alternativas.

Inclusión más lenta de lo preferible

Pese a la existencia de este corpus legal y las medidas coercitivas hacia el empresario que desatienda estas cuestiones, los datos del Observatorio sobre Discapacidad y mercado de Trabajo en España (ODISMET) continúan advirtiendo carencias.

Su último estudio, con datos de 2017, nos releva que en España existían en esa fecha 1.840.000 personas con discapacidad en condiciones de trabajar. Una cifra que equivalía al 6% de la totalidad de trabajadores del mercado de trabajo. Sin embargo, «encuentran obstáculos y barreras que impiden su plena inserción laboral», concluyen los analistas de este trabajo.

Lo cierto es que los integrantes de este colectivo chocan con las mismas dificultades que cualquier otro trabajador a la hora de incorporarse al mercado laboral. Pero lo cierto es que su incorporación al mundo del trabajo, aunque haya mejorado en estos últimos 20 años, sigue estando muy por debajo de la tasa de las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad.

«En casi 20 años la tasa de actividad de las personas con discapacidad apenas ha crecido 3 puntos. Mientras que la tasa de paro se incrementa en ese periodo en 2,5 puntos», explican los técnicos de ODISMET, aunque añaden que «es cierto, que para la población con general las fluctuaciones son similares (entre 1,5 y tres puntos) pero por esta senda y a un ritmos similar nunca se alcanzar la igualdad y normalidad laboral de las personas con discapacidad».

Mercado laboral protegido

Los datos parecen indicar que el mercado laboral es más excluyente para las personas con discapacidad, que solo tienen el refugio del empleo protegido: los Centros Especiales de Empleo.

Esta figura de empleabilidad para las personas con discapacidad surgió al abrigo de la LISMI en 1982. Se trata de un empleo protegido porque funciona como una empresa donde se realiza un trabajo denominado productivo (es el trabajo que provee al ser humano de medios materiales y bienes económicos para su subsistencia). Esta característica les diferencia de los Centros Ocupacionales, que son lugares que tienen como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a las personas con discapacidad, cuando, por el grado de su minusvalía, no pueden integrarse laboralmente ni en el mercado ordinario de trabajo ni en los centros especiales de empleo.

Los últimos datos sobre empleo y discapacidad elaborados por la Fundación Adecco nos relatan que son este tipo de centros los que aglutinan el mayor grueso de contrataciones laborales de personas de este colectivo. Sin embargo, muchos expertos coinciden que la mejor manera de integrar a estas personas en la sociedad es que puedan mostrar su valía en una empresa normalizada.

Dale la vuelta

Para revertir esta situación, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) inició el pasado 5 de febrero una campaña para sensibilizar a los empresarios de que no pueden dejar de lado al talento laboral que les ofrecen las personas con discapacidad, convirtiendo a su empresa en inclusiva.

Bajo el lema dale la vuela, la confederación propone a las empresas «dar la vuelta» a la idea que tienen acerca de la discapacidad llevando a cabo una Transformación Inclusiva, que consta de estos cinco pasos: priorizar la capacidad profesional por encima de la discapacidad, eliminar barreras físicas y mentales, colaborar con empresas de economía social, desarrollar políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en discapacidad y marcar la X Solidaria Empresarial en su Impuesto de Sociedades.

«Las empresas inclusivas consiguen un impacto positivo porque se comprometen con su entorno y apuestan por los derechos de las personas», remarca el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, quien añade que esta capacidad de «transformar la sociedad» no está reñida con la productividad y la rentabilidad que cualquier persona desea para su negocio.

Ahmadou Babba es una persona con una discapacidad física que lleva dos años trabajando como empleado de tienda en Norauto. Su presencia resulta estimulante y gratificante para él mismo y para el resto de compañeros, todos ellos sin discapacidad, de los cuales recibe ayuda y apoyo cuando lo necesita. «Este trabajo me hace sentir integrado en la sociedad, aportando mi granito; las personas con discapacidad trabajamos igual que cualquier otra persona e intentamos hacer lo máximo», concluye.