El presidente de Colombia, Iván Duque, resulta ser una afortunada persona, aunque su suerte conlleve, en la otra cara de la moneda, el infortunio de millones de personas, a veces en términos fatales.

Duque, un ilustre desconocido hace poco, es hoy el flamante presidente 117 de Colombia, cargo al que llega en agosto del 2018 señalado a dedo por Uribe Vélez, el más cuestionado expresidente a lo largo de esta lista que empieza en 1816 con Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, apodado el «Libertador»... ¿quién sabe de qué? Porque a lo largo de estos 200 años, la coyunda sobre la población «de pata al suelo» sigue tal cual, o peor, de lo que se heredó de España, tras la Conquista.

En ocho meses que lleva al frente del Gobierno, la imagen de Duque es una llama al viento. Y, al punto de extinguirse, se aviva providencialmente.

Cuatro hechos puntuales sirven de muestra en una lista de «azares» que, si se escudriña en detalle, puede resultar larga.

1. Caso Santrich

Duque llega a la Presidencia con el encargo (de Uribe) de «hacer trizas» el acuerdo de paz suscrito por Santos y las Farc-Ep; y el talón de Aquiles de ese acuerdo es la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que se crea para saldar con honor el enfrentamiento entre las fuerzas del Estado y los alzados en armas, incluyendo algo más esencial que todo: justicia, verdad, reparación y no repetición, en cuyo centro se colocan los ocho millones, y más, de víctimas del conflicto armado de más de 70 años, porque, aunque oficialmente se haya situado el inicio a partir de 1960, lo cierto es que la población colombiana ha vivido en permanente conflicto interno desde la década del 40 del siglo pasado, que llega a su punto álgido con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948, a partir de lo cual «las aguas se desbordan», como pronosticó el mismo inmolado líder social, «si la oligarquía se atreve a matarme». Y se atrevió.

Papayazo es un término coloquial de uso ya corriente en buena parte de Latinoamérica, y significa la gran oportunidad o facilidad que se le presenta a alguien para hacer algo. Hecha la aclaración, veamos el primer papayazo que se le presenta a Duque para empezar a horadar la credibilidad de la JEP:

Meses antes de que se inicie su Gobierno (en abril 18 del año pasado) se revela la detención, con fines de extradición, por parte de la Fiscalía General, a pedido de la Interpol, de Seuxis Paucis Hernández Solarte, más conocido como ‘Jesús Santrich’. El detenido, bajo el cargo de narcotráfico, no solo es uno de los líderes más reconocidos de la extinta guerrilla, sino que fue designado para ocupar en la Cámara de Representantes, a nombre del nuevo partido, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), uno de los cinco escaños que por derecho propio se les otorgó dentro del Acuerdo de Paz.

La acusación procedente de Nueva York, e inmediata detención del exguerrillero, se hizo bajo la sindicación de «copiosas pruebas de un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos con un precio en el mercado local de 320 millones de dólares», reveló el fiscal colombiano, Néstor Humberto Martínez (NHM), delito cometido, según el juzgado de NY, seis meses después de firmado el Acuerdo (dic. 2016), lo que le excluía de los beneficios contemplados en la JEP y, por tanto, pasaba a consideración de la justicia ordinaria.

El asunto a resolver parecía fácil: bastaba con precisar si el supuesto delito de Santrich se había cometido antes o después de acogerse al acuerdo de paz. Pero cuando la JEP abrió la correspondiente averiguación, saltaron los halcones de Uribe, con el presidente Duque al frente, diciendo que los magistrados de la jurisdicción especial no tenían facultades para investigar si la acusación proveniente de EE.UU. era cierta o no (¡hágame el favor!). Y se prendió un debate que al sol de hoy (un año después) no se ha saldado: Santrich sigue preso esperando una decisión y su curul en la Cámara, vacía porque, si bien no se ha anulado (no ha sido condenado), tampoco la Fiscalía lo ha dejado posesionar.

Es toda una novela cuyo capítulo va por las objeciones de Duque a la ley estatutaria de la JEP que nos tiene a todos enfrascados en un debate político-jurídico discutiendo si la bendita ley era un proyecto o era una sentencia de la Corte Constitucional que, por tanto, hacía tránsito a cosa juzgada.

Lo cierto es que ese sorpresivo episodio que vincula a Santrich con un delito supuestamente posterior a la firma del acuerdo de paz, le proporcionó en bandeja de plata al Gobierno la munición necesaria para atacar a la JEP, corazón del acuerdo. Y en esas estamos…

2. Diálogos con el ELN

Otra incómoda herencia de Santos a Duque (o, mejor será decir a Uribe porque, sin ofender, ha quedado comprobado que el presidente de Colombia es un títere del expresidente Uribe), fueron los diálogos que dejó abiertos en La Habana, Cuba, con el ELN (Ejército de Liberación Nacional), la segunda guerrilla latinoamericana en importancia y longevidad existente en Colombia, después de la Farc-Ep.

Era difícil romper el proceso sin una excusa razonable. Por supuesto, terminado el Gobierno Santos, terminaron también las funciones de sus delegados en La Habana, donde quedaron los guerrilleros del ELN a la espera de los delegados del nuevo Gobierno para continuar las negociaciones. Era evidente que no iba a haber continuidad, pero no había excusa para romper. Duque repetía como loro que, si el ELN no suspendía toda su actividad insurgente, no reiniciaba los diálogos; es decir, si no se rendía. En esas iba y venía hasta que apareció la excusa: un brutal atentado al interior de la Escuela de Policía General Santander, con 22 víctimas fatales, atribuido ipso facto al ELN por (nuevamente el fiscal NHM) y aceptado más tarde por la cúpula del grupo guerrillero.

¡Adiós diálogos de La Habana! No solo se rompieron, sino que el Gobierno Duque desconoció el protocolo suscrito con el ELN por el Gobierno Santos, en caso de que fracasaran las negociaciones.

Ni falta hace decir que tanto el caso Santrich como este del ELN, han tenido una repercusión internacional de «Padre y Señor mío». En el primer caso, ésta es la hora en que el Gobierno Duque aparece diplomáticamente asediado por la ONU y la Corte Penal Internacional (CPI) pidiéndole (exigiéndole se diría en términos no diplomáticos) el cumplimiento del acuerdo de paz y su correspondiente implementación como, por ejemplo, la expedición de la ley reglamentaria de la JEP. Y sobre el protocolo con el ELN, imagínense los lectores que desconocer ese documento, significaba también mandar al carajo a los países garantes y dejar por el piso la credibilidad de Colombia en estas materias, fuera de exigirle al Gobierno cubano de que capturara a la cúpula del ELN y se la entregara en extradición: ¡Eh ave María! Y, también, en esas estamos…

3. No voy, y no voy…

Este capítulo más parece un caso de niño malcriado que de un jefe de Estado.

Los indígenas del Cauca solicitaron, el pasado marzo, hablar con el presidente Duque para exponerle los compromisos incumplidos a lo largo del tiempo que los han convertido en parias en su propia tierra arrebatada por terratenientes, no sin antes, posar por encima de sus cadáveres, dignidad y propiedad ancestral. Al no ser atendidos, los indígenas arman la minga (minka en dialecto quechua) que significa la reunión de todos en un solo propósito. Deciden bloquear la vía Panamericana, la única que comunica el centro del país con el sur.

Y quién dijo miedo: Duque se rancha en hablar con los indígenas mientras mantengan «las vías de hecho», dice, sin considerar siquiera que los indígenas han tenido que recurrir a la vía de hecho precisamente para responder a otra vía de hecho, expresada en sucesivos actos administrativos que han vulnerado sus derechos fundamentales reconocidos en varias sentencias de las altas cortes como, por ejemplo, su derecho a la tierra que conserva sus etnias y costumbres y a la consulta previa antes de autorizar explotaciones mineras o petroleras, entre muchos otros derechos políticos, económicos y sociales que por siglos les han sido expoliados.

Así pasan 28 días de un bloqueo que le cuesta al país, en pérdidas materiales, cerca de 150.000 millones de pesos (50 millones de dólares). Al cabo de esos días, una delegación del Gobierno, encabezada por la ministra del Interior, llega a un principio de acuerdo con los indígenas y se logra levantar el bloqueo de la importante vía nacional bajo el compromiso de que esos acuerdos serán refrendados directamente por el propio presidente en una inmediata reunión con ellos.

Ese acuerdo, en concepto de los halcones de Uribe, significaba una capitulación del presidente frente a la minga: haber tenido que ceder a la exigencia de unos «indios». Eso no se podía permitir. Entonces, apareció en el radar de la Fiscalía un complot terrorista, incrustado en el propio corazón de la minga, para atentar contra la vida del presidente Duque. La tramoya que se armó entorno a ese supuesto, es digna de Hollywood: el epílogo fue que el presidente, en un arranque de valentía, desafiando el peligro, iba hasta la minga, pero no se reunía en la plaza pública con los indígenas sino en una ludoteca (recinto cerrado), situada a 200 metros. Y desde allí se armó toda una mañana el tire y afloje. Ninguno aflojó: ni los indígenas en su justa demanda de hablar cara a cara con el presidente, ni el presidente, responsable de la paz y la seguridad del Estado.

Un lector desapasionado podría creer que, si estaba previsto un atentado contra el Presidente en ese sitio, ¿se iba a salvar de los terroristas, 200 metros más allá del supuesto epicentro, metiéndose en una ludoteca de pueblo? El mismo lector puede creer que los indígenas, cultores de la vida y de sus ancestros, ¿podrían fraguar un atentado al presidente en medio de una plaza atestada de su propia gente: niños, niñas, ancianos, mujeres y hombres armados con bastones?

Y así quedó la historia. Todavía la opinión está esperando más detalles sobre el providencial atentado contra Duque, sacado del cubilete del sibilino fiscal, y que, finalmente, aborta la entrevista entre el presidente y los indígenas.

4. Duque «a la Trump»

El actual presidente de Colombia es el genuflexo más servil a Estados Unidos que se haya visto entre los últimos gobiernos. Aun así, sorprende que Trump lo trate como a peón, diciendo que «no ha hecho nada por nosotros», una afirmación extravagante que, referida al incremento del consumo de cocaína en Estados Unidos, ni más faltaba que ahora, antes que los problemas propios del país, Colombia tenga que echarse al hombro la responsabilidad de los millones de estadounidenses que mantienen las narices blancas.

Duque no ha hecho nada por Estados Unidos… Solo prestar el territorio de Colombia para que, desde Cúcuta, en la frontera con Venezuela, se maquine la caída de Maduro; no ha hecho nada, y personalmente fue ante la Corte Constitucional a pedirle que module la sentencia a ver si puede volver la fumigación aérea con glifosato, así eso conlleve problemas de salud pública, sin contar el costo ambiental en vidas de fauna y flora y envenenamiento de aguas; no ha hecho nada y tiene trancada la jurisdicción especial para la paz, por estar atravesada a la extradición de Santrich, en las condiciones impuestas por las autoridades gringas; no ha hecho nada, y le tiene al servicio del imperio un embajador más genuflexo que él mismo y un canciller, con voz de locutor, que habla en todos los foros internacionales repitiendo el discurso de Trump: «Hay que restaurar la democracia en Venezuela».

Un quinto azar, que no debe quedar dentro del tintero, es que, providencialmente también, el fiscal Néstor Humberto Martínez, proviene del bufete de abogados que litigan a cuenta de los intereses del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, implicado en el internacionalmente conocido caso Odebrecht en el que, también está enredado Duque por asistir en compañía de Oscar Iván Zuluaga, el candidato presidencial de Uribe en el 2014, supuestamente financiada parte de su campaña por la transnacional brasileña. Presidentes y vicepresidentes y altos dirigentes han caído enredados a lo largo de Latinoamérica en esa tramoya, menos en Colombia. El fiscal engavetó las investigaciones, entre ellas la de Duque.

A manera de resumen

Lo paradójico de estos reiterados azares que rodean a Duque es que ipso facto le elevan la imagen pública, tal vez, con excepción del tratamiento que le dio a la minga.

El caso Santrich, aglutina en torno suyo a los halcones del Centro Democrático, su Partido, perdón, el Partido del expresidente Uribe fundado hace solo seis años, y ya con Presidente abordo con todo el poder a su disposición, así tenga que aguantarse de vez en cuando las pataletas de Trump.

El caso del ELN, este país, fraguado a lo largo de un conflicto armado de más de 70 años, el último, es de sangre caliente, al punto que negó por mayoría un plebiscito de paz convocado por Santos para refrendar popularmente el acuerdo con las Farc. Mandar al ELN al carajo, elevó la imagen al «valiente» presidente por encima del 50% cuando la tenía abajo del 30.

Y la paradoja mayor: hasta la oposición ha salido en defensa de la «soberanía» nacional, atacada por Trump en la persona de Duque, porque eso sí, puede ser un petardo, pero es con todo, el afortunado presidente de todos los colombianos, así su fortuna vaya sumando víctimas fatales de líderes sociales, de exguerrilleros y de la población civil ante el recrudecimiento de la inseguridad ciudadana; víctimas de su modelo económico previsto en un Plan Nacional de Desarrollo, ya aprobado en primer debate en el Congreso que prevé, por la puerta de atrás, una reforma laboral y pensional en contra de los trabajadores, y una reforma agraria que legaliza de entrada más de 400.000 hectáreas de tierras baldías apoderadas por los terratenientes entre los cuales figura el propio expresidente Uribe en su famosa finca El Ubérrimo, en el departamento de Córdoba, señalada en varias investigaciones como epicentro de los paramilitares que recibieron el encargo de «refundar» la Patria.

Si la suerte de Duque es la desgracia nuestra, entonces necesitamos que le vaya mal para que a nosotros nos vaya bien. La lógica es la lógica y toda excepción, por regla general, es ilógica.