Un fenómeno inesperado en el mundo ha sido los movimientos migratorios que han venido ocurriendo en diversos países en los últimos años. Estos movimientos migratorios o desplazamientos de población han venido ocurriendo desde los orígenes del ser humano. Pero nunca antes habían ocurrido en las presentes intensidades.

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas (ONU), en su artículo trece establece a este respecto:

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; y toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país…

Esta disposición romántica en su época es causante de innumerables problemas sociales, políticos, económicos, culturales y de otros ordenes en la actualidad, especialmente en cuanto al campo de la seguridad.

Es claro que actualmente vivimos una internacionalización de las sociedades, la globalización y la llamada aldea global. Esto queda sustentado en los impresionantes avances logrados en las comunicaciones y el transporte de personas, lo que permite el conocimiento de formas de vida diferentes y de mayor bienestar y seguridad para las personas.

Existen diversas limitaciones para el movimiento migratorio de un país a otro. Incluso algunos países procuran cerrar su país a la llegada de personas de países vecinos o lejanos. Esta situación se agrava en los países en desarrollo, más proclives a sufrir desastres naturales y otras calamidades generadas por el accionar humano, en especial causadas por el afán de lucro en las elites políticas y económicas predominantes.

En algunos países, las políticas denominadas de ajuste económico han provocado un endurecimiento y deterioro de las condiciones de vida que se focalizan en los sectores más débiles económicamente y que componen la mayoría de sus respectivas poblaciones. Esto incrementa la brecha socio-económica de la desigualdad y por ende el contraste, en ocasiones violento, de las condiciones de vida de una minoría frente a una gran mayoría desamparada.

En estas condiciones existen dificultades serias para obtener un empleo digno, estable y con la remuneración suficiente para unas condiciones de vida que permitan el pleno desarrollo de todos y cada una de las personas de ese país. Tales condiciones negativas incentivan el deseo natural de buscar otros horizontes para poder encontrar mejores oportunidades de vida.

Podemos considerar un tipo de personal migratorio de calidad profesional o técnica, el cual puede proveer las condiciones de vida que le esperan en el país de destino. Este tipo de migración puede ser normado, tanto en los tiempos de estadía, como en el número de inmigrantes que se reciben en determinadas épocas o periodos de tiempo. Otro sector, que concita el mayor interés y atención, es la movilización de personas afectadas por la pobreza en su país. En su mayoría, estas personas arriban sin educación formal y en la mayoría de los casos presentes con idiomas, culturas y religiones diferentes al país de destino. A estos grupos actualmente se les aplican una serie de medidas restrictivas en base a consideraciones de seguridad y por sospechas de elementos terroristas que aprovechan estos movimientos masivos de migrantes para insertarse en países donde pretenden ejecutar sus misiones inhumanas contra la población civil, desarmada e inocente. Solo hay que pensar en los ataques terroristas de Paris en 2015 para acordarnos de cómo estos grupos violentos y sin ética ni moral se aprovechan de los más necesitados y asesinan y lesionan indiscriminadamente.

Pero si bien la Declaración de la ONU, hecha luego de las masivas movilizaciones de poblaciones afectadas por las cruentas luchas de la Segunda Guerra Mundial, es de un carácter humanitario, ¿por qué, deberíamos de preguntarnos a los 70 años de la misma, por qué las actuales migraciones masivas provocan tanto rechazo y expresiones negativas de diversos Gobiernos. Además, ¿por qué no menos de algunas poblaciones locales expresan abiertamente su rechazo a la llegada de grupos de personas de otros países, razas o credos religiosos?

La respuesta a tales interrogantes puede fácilmente ser denotada por las cargas sociales que la misma implica para el país receptor. La capacidad local de prestar servicios básicos de calidad a la población local se puede ver afectada al tener que atender una población que normalmente demanda servicios, en muchos casos gratis, de educación, salud, vivienda, energéticos y otros que superan rápidamente los recursos disponibles para tales servicios. Ocurre a veces que la atención a los recién llegados limita o reduce la atención a los nacionales con las consecuentes protestas y reclamos de los afectados. Otras veces los locales sufren pérdidas de trabajo, pues los recién llegados se convierten en mano de obra barata, dispuestos a trabajar por salarios inferiores a los mínimos legales y fuera del marco de toda clase de prestaciones laborales. Múltiples empresarios no tienen escrúpulo ético alguna y aprovechan ello para reducir costos de operación e incrementar sus ganancias; sin hablar de los que abusan a los recién llegados en el ámbito de ayuda doméstica.

Por otro lado, en países desarrollados los inmigrantes tienden a obtener mejores salarios y así la capacidad de enviar parte de sus ingresos a la familia que dejaron atrás. Remesas que algunos critican, ya que los ven como el origen de gente holgazana que prefiere no trabajar y sobrevivir con los montos que recibe del exterior. Montos que en muy alto porcentaje refuerzan el consumismo, pues no son lo suficiente—salvo raras excepciones—como para generar inversiones productivas o de mejoramiento de las condiciones de vida actuales de parte de los receptores (educación, vivienda, mypimes).

Otro problema fundamental es la recepción en ciertos países de población con cultura y creencias diferentes. Surge en algunos países la problemática de la inserción cultural del recién llegado para adaptarse a las formas de vida local, o el rechazo voluntario a ello prefiriendo mantener sus usos, hábitos y costumbres. De poco en poco, van conformando amplias especies de ghettos poblacionales no insertados y más bien marginados de la vida normal y corriente del resto de la comunidad donde llegaron a ubicarse.

Casos extraordinarios, donde ocurre una mayor integración socio—económica de los que han llegado, son países como Estados Unidos donde ya viven once millones de mexicanos y varios millones más de latinos, y Francia, donde la población de origen musulmán ya supera los cinco millones para una población total francesa de 66,9 millones. Sin embargo, aun en estos casos se generan diversas problemáticas como: en qué idioma se educan los niños recién llegados; las relaciones entre parejas de diferentes orígenes; creencias religiosas; y otras diferencias culturales que más bien concitan rechazos, sentimientos discriminatorios y hasta la xenofobia. Como caso especial nos interesa enfatizar la problemática migratoria que se desarrolla en Centro-América, México y los EE UU. Canadá pareciera tener mayor control sobre esta problemática—en parte gracias a su ubicación geográfica y clima—y su política es ofrecer periodos migratorios en los cuales controla la cantidad y a veces la calidad de inmigrantes a aceptar.

La problemática que nos interesa destacar surge con los movimientos emigratorios desde Honduras, El Salvador, Guatemala y, en menor grado, Nicaragua, en búsqueda de su ingreso a los Estados Unidos de América (a efectos de buscar insertarse en el llamado “Sueño Americano”). En estos tres primeros países, el factor de mayor incidencia en las últimas décadas es el de la violencia interna. Estas carencias ampliadas de seguridad afectan en mayor grado a las poblaciones menos favorecidas, las que, verídicamente o no, llegan ser afectados por la violencia criminal y, en algunos casos, por la violencia oficial, por trasfondos políticos. Esta violencia aparece en un marco de altos índices de pobreza y de altos niveles de desigualdad entre las élites favorecidas y la gran mayoría no tan favorecida.

EEUU es el país de mayor atracción para estas poblaciones migrantes. Lógicamente la influencia cultural de ese país provoca en la región Centroamericana el deseo de una vida mejor, con fuentes de empleo a la espera de quien llegue a trabajar y un nivel de vida de mayor calidad. Uno puede imaginarse a un obrero de la construcción u otro oficio que logra ingresar a los EEUU y pasa a residir en un apartamento amueblado, con aire acondicionado y demás condiciones que difícilmente lograría en su país en las condiciones actuales. De golpe se sentirá que ha llegado a una tierra prometida y de ya ser parte del ansiado «Sueño Americano».

¿Cuál sería una respuesta racional a esta problemática? Pareciera lógico contestar que ello pasa por un mejoramiento de las condiciones de vida y seguridad ciudadana en cada uno de los países en cuestión. Es decir, desarrollar una serie de políticas y programas consensuados por los países involucrados y que tengan como meta el regularizar la situación de los grupos ya movilizados con medidas benéficas tanto para los países de origen como para el de destino. Adicionalmente, habría que desarrollar políticas y programas que faciliten la retención o permanencia de las poblaciones en su país de origen, o que normen los montos y tiempos favorables para ciertos movimientos migratorios. Es claro en este proyecto los EEUU son los más interesados por ser los más afectados y por tanto deberán asumir la mayor carga económica-financiera del plan a desarrollar.

De inmediato nos viene a la mente el Plan Marshall aplicado por los EE UU en los países europeos devastados por la Segunda Guerra Mundial y causa de grandes desplazamientos de población en búsqueda de su sobrevivencia y seguridad en sus personas y bienes. Tales programas tendrían como principal objetivo la gestión económica para la creación de empleos. La región centroamericana podría desarrollar su gran potencial con apoyos técnicos y crediticios en las áreas de Agricultura, Ganadería, Piscicultura y Forestal, que incorporan a grandes sectores poblacionales a actividades productivas que irían reduciendo los índices de pobreza y desarrollo. Esto generaría al mismo tiempo condiciones de vida digna en base a salarios justos y a una mejor regulación de la actividad empresarial. Esto garantizaría ingresos racionales y una mayor capacidad de asumir los costos de las prestaciones laborales y de seguridad social—e incluso realizar acciones de auténtica Responsabilidad Social Empresaria, superando las acciones meramente paliativas que se dan actualmente en algunos de estos países.

Nuevamente la memoria nos trae a colación el proyectado Plan Puebla Panamá, concebido para desarrollar una interconexión energética a todo lo largo de la parte continental que comunica la ciudad de Puebla, México, y el istmo de Panamá. Plan lanzado por el entonces presidente de México, Vicente Fox, y aceptado unánimemente por los países de la región y que, en su momento, pareció concitar el interés de organismos financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y muy en especial el Banco Centro Americano de Integración Económica (BCIE). También expresaron su interés en aportar apoyo técnico la Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la Comisión Económica para América Latina de la ONU (CEPAL). Pero como ha ocurrido muchas veces antes, grupos de diferentes intereses se aliaron y expresaron su rechazo a este Plan, llamándola autoritario y no-democrático. Gracias a estas y otras presiones, hasta ahí el Plan pareciera haberse agotado en la forma original proyectada. Algunos esfuerzos por actualizarse se hacen bajo la denominación de Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica y poco se escucha al respecto.

Pero una revisión racional y democrática del actual sistema de Tenencia de la Tierra en estos países sería un factor determinante en los esfuerzos de retención de la población—principalmente rural—en sus lugares de origen e incluso podría incentivar el retorno de emigrados que además de su aporte personal traerían nuevas ideas emprendedoras y manejo familiar de tecnologías modernas de producción, comercialización y demás. Sería incentivar una especie de recuperación a la fuga de cerebros que conllevan los movimientos poblacionales de referencia. Todo esto tendría un desarrollo favorable de realizarse desde un enfoque integracionista de la región, que implicaría una mayor capacidad productiva, un mercado de consumo superior al de cada localidad por separado y una mayor competencia para la inserción de la región al mundo globalizado y al desarrollo acelerado de la tecnología, las comunicaciones y el transporte.

La lógica de este proyecto debería ser la lógica de las políticas y planes tendientes a normar los movimientos migratorios para que, al ocurrir, lo sean en beneficio tanto del país de origen como los de destino; que el trayecto deje de ser vocación de abusos, lesiones y muertes. En especial, al considerar como en los últimos años se han incorporado, intencionalmente o no, niños y adolescentes a los movimientos poblacionales en movimiento. Se habla mucho en la región centroamericana de coyotes que secuestran a niños menores de pueblos fronterizos para usarlos como carnada al llegar a la frontera estadounidense, luego aparecen supuestos padres de familia que los reclaman y por ese medio buscan regularizar su propia situación de actuales indocumentados.

Lo anterior, y la simple decisión de un familiar de realizar semejantes viaje con niños menores incluso infantes, pone en peligro la seguridad de los mismos en mayor grado que los riesgos que asumen los de mayor de edad en un trayecto claramente descrito con la designación del llamado Tren de la Muerte. Riesgos que ya han producido—por diversas razones—las muertes de niños menores de edad y que se han tratado de utilizar políticamente en contra de los países de destino, sin asumir la responsabilidad de quienes impulsan ese movimiento riesgoso de estos menores.

Finalmente, cabe señalar las sospechas de generadores de ciertos movimientos poblacionales por motivos políticos, ya que, por lo general, obligan a los países de tránsito o de destino a tomar medidas restrictivas, a veces con uso de violencia, lo cual es utilizado para denunciar al país de turno como flagrante violador de Derechos Humanos y carentes de todo sentimiento humanitario.

Se ha informado que un ciudadano de El Salvador debe pagar unos 8.000 dólares a los traficantes que ofrecen ponerlos en territorio norteamericano. Cabría preguntarse cuanto pagaría un vietnamita para llegar a Londres, tal como lo evidencio la desgracia ocurrida recientemente en ese país, con la consiguiente pregunta de ¿quién o quienes les financian tales viajes? Está también el caso de hace pocos años cuando aparecieron en Panamá grupos de africanos llegados primero a Brasil para de ahí—después de su viaje transatlántico—dirigirse a la región de Centroamérica y continuar su viaje hacia el Norte. ¿Quién pago esos pasajes? Y, ¿qué deberán de hacer estos migrantes para repagarlo, si lo han de repagar? Como podríamos reflexionar, ¿de verdad puede una persona sumida en la pobreza en su país de origen cubrir el costo de estas singulares travesías, mayor aún la expectativa cuando se trata de grupos familiares de tres, cuatro o más componentes? De confirmarse el ser promovidas y financiados por alguien o alguna organización diz que humanitaria, ¿cuáles son sus objetivos?

Podríamos aventurarnos en un escenario extremo que alguien o algunos disfrutan en promover la creación de esta problemática socio—económica, cultural y ambiental a ciertos países desarrollados.