La Procuraduría General de la Nación, encargada de vigilar el actuar de los servidores públicos colombianos, emitió una carta en la que contaba cómo la Policía Nacional se había negado a entregar las grabaciones donde sus agentes explicaban el uso de armas de fuego durante las protestas en Bogotá del 9 de septiembre, donde trece personas fueron asesinadas, incluido un menor de edad.

Se sabe que ocho de esas trece personas murieron por disparos, tal como lo presentó el portal Cuestión Pública y tres medios colombianos —La Silla Vacía, Zona Franca y 070—, los cuales pudieron establecer que la Policía mató a cuatro de ellos. Entre las víctimas, hay personas que no estaban en la protesta, como es el caso de Cristian Camilo Hernández Yara que recibió un tiro en la cara cuando realizaba un domicilio; su padre asegura que se trató de un tiro de gracia.

Todo empezó con la muerte de Javier Ordóñez, abogado e ingeniero aeronáutico de 43 años, a quien la policía torturó con choques eléctricos en la madrugada de ese nueve de septiembre, como se pudo ver en el video compartido en redes y en los medios. Llegó sin signos vitales a la Clínica Santa María del Lago y con nueve fracturas en el cráneo, según lo dicho por Medicina Legal. Entre lo ocurrido durante la grabación y su muerte, Javier fue llevado al CAI (Comando de Acción Inmediata) de Villa Luz, una «estación de policía pequeña». Los agentes Harby Damian Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, ya retirados de la policía, son los máximos sospechosos del asesinato de Javier. Su juicio inicia el primero de octubre. Otros cinco agentes también están siendo investigados por el caso.

El Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, tardó dos días para dar una disculpa sobre el caso. Días después, prometió que habría cambios en la institución. Frente a lo ocurrido en las protestas, la posición del Gobierno ha sido de respaldo a la Policía: antes de mencionar a los muertos de esa noche, señalaron a la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional) como orquestadora de lo sucedido el 9 de septiembre; el presidente Iván Duque se vistió como policía y visitó a los uniformados; el ministro Holmes dijo que todo se debía a incitadores en las redes sociales que ya tenía identificados. De hecho, a finales de agosto se supo de un perfilamiento que hizo la Presidencia de la República sobre varias cuentas en redes sociales, en el documento aparecía si cada cuenta tenía una posición negativa, positiva o neutra con el gobierno durante siete meses.

Para que septiembre se hiciera más complejo, un soldado del Ejército asesinó de un tiro en la cabeza a Juliana Giraldo Díaz, mujer trans de 36 años, el pasado 24 de septiembre. La respuesta del Gobierno fue más conciliadora con la opinión pública y condenaron lo sucedido. La institución apartó al culpable y se puso a disposición de la Fiscalía. Ese mismo día, varios manifestantes se reunieron en Cali frente al Batallón Pichincha para protestar.

El martes 22 de septiembre la Corte Suprema de Justicia ordenó al ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) no utilizar la escopeta calibre 12. Fue con esta arma que se le ocasionó la muerte a Dilan Cruz, de 18 años, en noviembre del año pasado. Tal orden hace parte de un fallo que protege la protesta pacífica en el país y obliga al Gobierno a reestructurar los protocolos para estos casos, así como a pedir disculpas al ministro Holmes y al presidente Duque.

El 22 de noviembre de 2019, hubo toque de queda en Bogotá por los desmanes ocasionados. En aquel momento, aquí en WSI, presentamos varios videos en los que la Policía parecía estar coordinada con los «vándalos» para causar temor. Ojalá que lo de septiembre no se olvide rápido y que lo de noviembre se recuerde pronto. Así como debe hacerse saber el destino de los cuatro desaparecidos de las protestas del 9 de septiembre.