Con más del 78% de «Apruebo» ante la pregunta si deseaban una nueva Constitución, en el reciente plebiscito del 25 de octubre, los chilenos no solo decidieron este cambio, sino también quiénes tendrán que ser los convencionales constituyentes: serán ciudadanos elegidos por sufragio universal y no una comisión mixta que elegiría solo al 50%, mientras el otro 50% estaría formado por los actuales parlamentarios.

Estos resultados demuestran, mejor que ningún otro análisis, el afán de los chilenos por cambiar las inicuas reglas del juego, que arrastran desde hace casi medio siglo, así como la crisis total de confianza en la clase política, sobre todo (pero no solo), en la derecha oficialista encabezada por el presidente de la República, Sebastián Piñera.

En conversación para WSI, la abogada y candidata a doctora en Derecho, Diva Serra, activa integrante del grupo «Chile Despertó-Italia», que naciera en concomitancia con el estallido social del año pasado en Chile, explica los límites y alcances del resultado del plebiscito, a partir del hecho que los partidos políticos tradicionales y sus dirigentes, incluido Piñera, pretenden «subirse al carro de la victoria», al afirmar que los próximos pasos tendrán que ser con «moderación y con orden» para elegir a los nuevos constituyentes.

«Por una parte, me parece poco coherente con la realidad, pues fue el propio presidente el primero en decir que ‘estábamos en guerra contra un enemigo poderoso’, refiriéndose a los manifestantes del año pasado, para, posteriormente, tratarlos como tales, a través de una serie de medidas restrictivas como un estado de emergencia constitucional y un toque de queda, recordando los peores años de la historia de Chile», señala.

Agrega que no hay que olvidar que fue «gracias a la movilización social que se gestó este proceso constituyente, que los partidos de derecha chilena (salvo escasas excepciones) intentaron obstaculizar, señalando que no era necesario reformar la Constitución para llevar a cabo los cambios relevantes que la ciudadanía exige…será un proceso en el que todos estemos dentro, tanto quienes lo pidieron en las calles, como quienes lo aprobaron en las urnas».

Como ya se señalaba, el actual del plebiscito no fue una concesión de la clase dominante, sino la consecuencia del estallido social del año pasado, en el que los movimientos sociales y las fuerzas políticas de la renovación fueron las verdaderas gestoras del fin de la institucionalidad pinochetista. Preguntamos a la abogada si a su juicio estos grupos podrán alcanzar una hegemonía que se traduzca en una constitución realmente democrática que signifique la superación del neoliberalismo.

«Espero que esto suceda, pero que realmente pase depende de cómo se organicen las presentaciones de candidatos a la Convención constitucional a partir de ahora. Es relevante el diálogo, la unidad y la organización para que este 78% del apruebo se traduzca en un 78% de convencionales constituyentes», afirma.

En su opinión, «es fundamental la participación de caras nuevas, tal como se demanda desde todos los sectores, pero no cualquier cara, sino personas que tengan trabajo territorial o sectorial y una vinculación real con los grupos que representan… que se elijan personas preparadas, pero, en esta necesidad, hay que estar atentos a que no se caiga en una (nuevamente) sobrerrepresentación de las elites chilenas».

Algunos sectores de estas elites que la abogada menciona sostienen que ya con algunas reformas que se hicieron durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, gran parte del camino se ha recorrido. En ese sentido, la profesional reconoce que, si bien algunas de las reformas implementadas en la Constitución, en especial la de 2005, implican un avance respecto del texto original, ya que eliminan instituciones profundamente antidemocráticas como los Senadores designados y vitalicios, considera que «el grueso de las reformas, no han logrado rediseñar la estructura esencial de la Constitución del 80».

En la práctica, esta Constitución «mantiene una serie de trabas que han impedido realizar reformas sustantivas en materias laborales, de educación, protección al consumidor, derechos reproductivos de la mujer, y un largo etcétera, que han ido dejando en evidencia con los años».

Por lo tanto, estas reformas, aunque logran abrir «pequeños espacios para una democracia de mejor calidad, no resuelven el problema de fondo, donde existen muchos derechos consagrados formalmente, pero que no pueden ser exigidos y, por otra, donde las libertades económicas dejan al arbitrio de los privados la resolución de problemas que deberían estar en manos del Estado, creando muchos espacios de vulneración de derechos y un país edificado en la desigualdad».

Un tema que frecuentemente salta al tapete es el hecho de que los chilenos que viven en el exterior (más de un millón según las últimas estadísticas) siguen siendo considerados ciudadanos de segunda clase: no podrán ni siquiera elegir a los constituyentes, no digamos ser elegidos. Preguntamos a Diva Serra si, desde un punto de vista jurídico, habría alguna posibilidad de cambiar esta situación a corto plazo, o si, en su opinión, es más bien una decisión política.

«Cambiar esta situación implica modificar la Constitución, no existe una salida que no suponga una reforma, razón por la cual, estamos en manos del Congreso Nacional. Dicha reforma debe tener por objeto que los chilenos en el extranjero, en lugar de participar solo en primarias, presidenciales y plebiscitos, podamos participar también en la elección de los Convencionales», explica.

A su juicio «la forma más justa y, a la vez, sencilla de realizarlo es a través de la creación de uno o más distritos internacionales que le den la posibilidad a los chilenos que habitan fuera del territorio nacional de elegir y ser elegidos, utilizando para tal efecto el padrón electoral ya existente de chilenos en el exterior».

Agrega que «en Chile existen actualmente 28 distritos a través de los cuales se elegirán los 155 Convencionales, razón por la cual, desde el exterior, hemos levantado la demanda de creación de tres distritos internacionales que nos permitan elegir a nuestros propios representantes en términos proporcionales: así América podría elegir 4, Europa y África juntos 2, y Asia y Oceanía juntos otros 2. Esta demanda ha sido canalizada en estos términos a través de un proyecto de ley que se encuentra en su primer trámite en la Comisión de Constitución de la Cámara, y esperamos sea puesto en tabla para su discusión en las próximas semanas».

Como ha quedado demostrado, no será fácil el camino de la futura Constitución, ya a partir de quienes serán los elegidos para redactarla; sin embargo, más allá de todas las trabas y obstáculos que irán apareciendo en el camino, el triunfo del plebiscito abrió la puerta para construir un marco normativo e institucional más inclusivo y equitativo, donde, según un eslogan escuchado en estos días «la dignidad se haga costumbre».