En los desarrollos de ciencia y tecnología se estructura la cohesión social del siglo XXI, siendo esta el punto central de la valorización y reproducción social del trabajo. Esto no es nuevo. En la teorización de mediados del siglo XX en Latinoamérica se relacionaba el progreso tecnológico como un ingrediente de cohesión y sustentabilidad social, desde donde el desarrollo urbano y el progreso tecnológico acelerado serían posibles. A 70 años de ese pensamiento, el reordenamiento global de los procesos financieros y la urgencia de resolver bienes públicos en crisis —que afectan a miles de millones de seres humanos en el planeta— se replantea la estrategia de las economías subdesarrolladas orientadas en el pasado a exigir mejores precios de materias primas a las economías industrializadas a la vanguardia en ciencia, tecnología e innovación.

A mediados del siglo XX, Raúl Prebish,1 siguiendo las conclusiones de la investigación de Naciones Unidas sobre el comercio entre los países subdesarrollados e industrializados, desarrolla la tesis de que «mientras los centros han retenido íntegramente el fruto del progreso técnico de su industria, los países de la periferia les han traspasado una parte del fruto de su propio progreso técnico».2

En estricta lógica, esa tesis lleva a plantear como condición de transformación del intercambio comercial el incremento de la productividad fruto del progreso de la tecnología y la innovación en los países de la periferia. Si las condiciones de progreso de las economías industrializadas se mantienen, en definitiva, el problema consiste en saber cómo y en qué condiciones debe mantenerse el ritmo de transición y progreso en las economías emergentes. ¿Bastará traducir la mayor productividad en costos y precios para llegar a intercambios más igualitarios basados en una nueva ecuación de equilibrio, o en una igualación (péréquation) de resultados de procesos productivos involucrando, ciencia, tecnología, innovación y, por tanto, cambios dramáticos en la productividad y los precios?

El planteamiento de Prebish

En el marco de las economías latinoamericanas, la periferia, presenta las nuevas tecnologías de los países industrializados como el factor central de los incrementos de productividad y de baja de precios en los países industrializados, en contraposición a un menor incremento de precios de las materias primas. Basado en los precios medios de importación y exportación, respectivamente, de acuerdo con los datos del Board of Trade de Londres, Prebish examina la evolución secular de precios de materias primas y de artículos finales de la industria y su impacto en la cantidad de artículos finales de la industria que se pueden obtener con una cantidad determinada de productos primarios.3 Tomando como base 100.0 en 1876-80, se obtiene que en el período 1931-1938, solo podía comprarse el 63% de los productos finales de la industria que se compraban en los años sesenta del siglo pasado, con la misma cantidad de productos primarios. El quantum de transacciones señalaba que se necesitaba en término medio 58.6% más de productos primarios para comprar la misma cantidad de artículos finales de la industria. Esto fue constante en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial; en el período posterior (1946-47) la relación se movió en favor de los productos primarios para, en el curso de los años, volver a la situación anterior.

Prebish cita el informe de la ONU (febrero 1949) donde se argumenta que, si bien hubo mayor productividad en las materias primas, esto no se reflejó en la relación de intercambio, pues los países menos desarrollados por «los precios que pagaron por los artículos manufacturados, en relación con los que lograron por sus propios productos sostuvieron crecientes niveles de vida en los países industrializados, pero sin recibir, en cambio, en el precio de sus propios productos, una contribución equivalente a su propio nivel de vida».

En la década de los 60, otros argumentamos desde el rol negociador que cabía a los sectores medios de la población en la estructuración del mercado local —poder de compra en alza, demandas por artículos del mundo industrializado, seguros sociales, educación; en fin, nivel de vida— y, por ende, en el desarrollo económico de la región. Ello anticipó adaptaciones de la situación social local, así como de la estructura productiva y de infraestructura, a la geografía externa de poder. Es así como se origina este pivote aspiracional de clase media; una suerte de clase bisagra entre el ascenso a la modernidad desde el subdesarrollo. Se trataba de segmentos sociales medios (medios-medios y medios altos) cuya influencia les permitía escalar planos de privilegio y de consolidación de mayores ingresos. En el plano de los conflictos sociales, esta posición social permitía desarrollar políticas de consenso, conciliación y ascenso en las relaciones de poder de la época.

El acceso a la economía urbana de la población rural y una mayor base de clase media social derivó en una estructura heterogénea de la economía de la periferia (unidades de producción moderna, intermedia y tradicional), donde se combinaba la modernidad con lo tradicional acompañado de drásticos procesos de discontinuidad que impedían la movilidad de factores de producción: capital, tecnología, mano de obra especializada, insumos…Con ello, se retrasaba inevitablemente la incorporación de la tecnología y, por tanto, el desarrollo.

La deuda de las economías, muchas de ellas generadas por políticas públicas inflacionistas de la posguerra, y la deuda de los hogares cerraron paulatinamente los márgenes de negociación social. Con la globalidad alcanzada en los últimos 20 años del siglo XX y de pleno en el siglo XXI y la masividad de los desplazamientos sociales, los estratos medios se empobrecieron y, con ello, el rol negociador de las clases medias desapareció.

Cambios trascendentales

Desde el contexto global de la economía del siglo XXI, la argumentación de Prebisch debe ordenarse en vista de los poderes financieros, monopólicos o monopsónicos, representados por las transnacionales. Frente al creciente descontento popular, desaparece el rol negociador asignado a los sectores medios. Es reemplazado por una presión de sectores populares, aún inorgánica, sobre el Estado por una nueva institucionalidad política y social. Esta pugna enfrenta a sectores tradicionales industrialistas y financieros de la sociedad latinoamericana con sectores poblacionales emergentes, radicados en comunas de las grandes ciudades en un medio hostil por las carencias sociales no resueltas.

La condición de cambio en la economía local; a saber, los salarios dependientes de la tecnología y la innovación de los países emergentes que esta provoca no se da. Para que esto se hubiese dado se habría requerido la confluencia de dos elementos: una institucionalidad local capaz de resolver la masividad de conflictos sociales y laborales que se presentan; y la incorporación de la periferia en la cadena de valor desde la producción de la materia prima al producto final. De esta última condición podemos esperar un resultado central; a saber, transitar desde la calidad de exportador de materia prima a la de añadir valor agregado a la materia prima y, con ello, participar en el mercado global de la tecnología y la innovación. En esta ecuación de intercambios se llega a un nuevo equilibrio entre los precios de los productos finales de los países industriales con los precios de la nueva tecnología de las materias primas exportadas desde la periferia hacia el centro.

Desde esa nueva plataforma de intercambios se avizoran cambios importantes, como la posibilidad de un salario social donde las transferencias monetarias del Estado se agregan eficazmente a las remuneraciones del mercado; situación transicional importante en el marco de relaciones sociales trastornadas por la pandemia.

En los años 80 del siglo pasado, el mercado internacional de capitales experimentó ciclos desestabilizadores y oscilaciones que determinaron la crisis de la deuda. A nivel mundial, la desreglamentación, la terciarización de los mercados financieros, la proliferación de los productos derivados y el apalancamiento de los créditos y otras operaciones contribuyeron a generar desestabilizaciones en el mercado de la deuda corporativa.

Ese modelo ha acarreado externalidades negativas que, en globalidad, tienen un efecto destructor sobre el género humano. Una prueba contundente son los efectos del desarrollo capitalista en el cambio climático y las migraciones masivas. A nivel mundial, se calcula que la degradación del medio ambiente provocará cerca de 200 millones de refugiados climáticos en 2050 (discurso de Ségolène Royal, ministra de Medio Ambiente de Francia durante la COP22 de Marrakech). Sucesivos fracasos en las fórmulas de crecimiento provienen de un déficit irremediable en la valorización social del trabajo ya mencionado.

Vivimos un período de la humanidad en el que el tiempo de fructificación de las inversiones en desarrollos tecnológicos depende de otros factores. Desde el lado de la demanda, el endeudamiento de los hogares y la frágil liquidez de los mercados representan uno de los mayores riesgos del corto plazo. Es en ese marco que deben medirse los efectos de la productividad en la producción, su traducción en innovaciones y, por tanto, en el nivel de precios, empleo y demanda. Pues, independientemente de la incorporación de la tecnología en los procesos económicos, las relaciones de poder han determinado los intercambios en el mercado desde donde se derivan las desigualdades de ingreso, los procesos de acumulación de capitales y el rol del sector financiero.

Sin la correspondencia entre productividad y remuneraciones y la consideración de los costos de formación del trabajador, la concepción misma de salario social queda neutralizada y, con ello, la posibilidad de construir un sector de bienes públicos como factor de cambio en la economía.

La crisis de los años 2008-2009, donde la deuda externa de los países latinoamericanos excedió su poder adquisitivo, demostró la escasa voluntad de los estados para efectuar cambios radicales en el manejo y reglamentación bancarios. Esto afectó profundamente los programas de industrialización y, por tanto, de nuevos intercambios comerciales. En lugar de ello, los Estados socializaron las pérdidas. Una vez recapitalizados los bancos, estos prefirieron comprar títulos, aun corriendo serios riesgos, antes que abrir o aumentar líneas de crédito a los hogares o empresas.

«Extractivismo» y el caso del cobre en Chile

Un caso emblemático, el cobre de Chile, ayuda a entender las apuestas en una materia prima cuyos desarrollos deben integrarse a la cadena de valor dominada por las economías industrializadas en los mercados internacionales. Esto significa abandonar el modelo extractivista y transformar la materia prima; es decir, el concentrado en cobre fundido y acercar, con ello, el mineral al consumidor final bajo la forma de automóviles, computadores, cables, tendidos eléctricos, inmuebles, barcos, aviones, misiles, balas y cañones… etcétera.

Actualmente, nuestra economía emergente vende el commodity a la compañía transnacional, que cobra a Chile los gastos de tratamiento y refinación, fletes, pérdidas metalúrgicas, etcétera, todo ello sin mencionar los subproductos que recupera en sus refinerías; a saber, metales nobles (oro y plata), molibdeno, renio, paladio, platino, etcétera. En suma, el comprador impone finalmente el precio; es decir, lo que retorna al país. Eso en circunstancias que en el curso del proceso (1) el valor intrínseco de lo exportado supera el precio que se le paga en definitiva a Codelco; (2) quien impone el precio del mineral exportado es el comprador y no el vendedor.

Esta es la realidad de la política extractivista en el continente Latinoamericano y el Caribe, aquella que Prebish estudiaba hace 70 años con la convicción de alcanzar la industrialización mediante el progreso técnico en la producción primaria y, con ello, el incremento neto del ingreso nacional y un margen de ahorro cada vez mayor. Las realidades del siglo XXI implican intercambios donde una parte, la ciencia y la tecnología, se encuentran en manos de la antigua periferia del siglo pasado. No es por obra de los incrementos de ingreso que alcanzamos la independencia del centro, es la propiedad de la ciencia y la tecnología la que nos libera de un mercado circular donde el comprador (en posición eminente) impone sus términos (precios, etcétera) al vendedor.

La cadena de valor que se inicia en los grandes yacimientos del territorio está en manos de las transnacionales, que controlan las actividades de fundición, refinación y recuperación de los subproductos en el extranjero, y los acuerdos con las manufacturas del consumo final. Esas empresas, organizadas en cluster, controlan las funciones de comprador/vendedor, (las confunden) donde los procesos devienen un asunto de registros contables que señalan el itinerario de las transacciones al interior de la transnacional. Eso es conocido en el ambiente como el posting de los precios. Las transacciones en la cadena de valor incluyen acuerdos de largo plazo entre fundiciones, refinerías e industrias del producto final, localizadas en Asia Pacífico, Japón, Europa, Norteamérica, Sudamérica.

El gobierno de Chile ha sido contrario a que Codelco invierta en fundiciones y refinerías destinadas a obtener cobre fino (cátodos o refinado a fuego) y, de esa manera, entrar en la cadena de valor del mineral. Las restricciones ambientales impuestas a nuestro principal importador de cobre, China, más los efectos de la pandemia revelan, en el corto plazo, serias limitantes a la política extractivista. Industrias, fundiciones contaminantes y un puerto de desembarque de ese país asiático (Sanshan) han sido cerradas.

No solo una sino varias opciones deben considerarse ante eventualidades de difícil control. La inserción del Estado de Chile mediante empresas del sector público en el cluster de empresas integradas es una opción para considerar con urgencia; cluster que abarca producción minera, refinación, fundición, tecnología, ingeniería, servicios proveedores de la actividad, redes comerciales, finanzas, seguros, transporte, manufactura de consumo final. El cluster tiene una posición dominante en la fijación de precios, incide en la sobreproducción, característica central y resultante de la política extractivista con su secuela de baja de precios en el mercado mundial. Sin control sobre las interdependencias estamos condenados a ser «tomadores de precios».

En la visión de recuperar la comercialización de nuestro principal rubro de exportación y su tecnología, pensamos en el mecanismo de joint-ventures como una alternativa de integración a los cluster que dominan la industria minera.

En su estado actual, los servicios de tecnología e innovación constituyen una realidad con perspectivas de desarrollo. Solo una política de Estado sería capaz de revertir los efectos de una política extractivista lesiva para el interés nacional.

Notas

1 «El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas», escrito en 1949 como introducción al Estudio económico de la América Latina, 1948 (E/CN.12/89) y publicado posteriormente en CEPAL, Boletín económico de América Latina, vol. VII, no. 1, Santiago de Chile, 1962 y en Cincuenta años de pensamiento en la CEPAL. Textos seleccionados. Ed. Fondo de Cultura Económica de México y CEPAL. 1998, pp. 63-130. Raúl Prebisch fue secretario ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) entre los años 1950 y 1963.
2 Prebish, R. Op cit, p. 77. Es la conclusión que obtiene con base en la investigación de la ONU de febrero de 1949. Naciones Unidas, Postwar Price Relations in Trade Between Underdevelopment and Industralized countries. CN.1/Sub.3/W.5.
3 Los datos así presentados son representativos de los precios mundiales de artículos primarios y manufacturados; es decir, de los artículos primarios y manufacturados respectivamente. Prebish, R. Op cit, pp. 76, 77 y nota 3.