El 3 de marzo de 2021, vistiendo una camiseta negra con el mensaje «Todo estará bien», la bailarina de diecinueve años Ma Kyal Sin, participó en una manifestación pacífica a favor de la democracia en Mandalay. La adolescente fue asesinada a tiros por un francotirador militar. Ella es el poderoso símbolo de los jóvenes que luchan y mueren por restaurar la democracia en Myanmar. Hago un llamado a Malala Yousafzai y Greta Thunberg para que se levanten y movilicen a la juventud del mundo por Ma Kyal Sin, por el pueblo de Myanmar.

Los militares de Myanmar creen que ellos son los únicos garantes de la integridad territorial del país. En verdad, es un conglomerado vasto, armado hasta los dientes, conocido por saqueos, violaciones y masacres de civiles; un liderazgo militar matón e increíblemente incompetente, demasiado involucrado en negocios abiertamente ilegales como para tener tiempo para desarrollar una fuerza profesional de soldados disciplinados, sin hablar de ser capaz de impulsar la economía y mejorar la vida de las personas empobrecidas.

Durante las décadas de socialismo militar falso, los matones militares lograron convertir al que alguna vez fue el mayor productor de arroz del mundo en el país más pobre del sudeste asiático, mientras que Tailandia, Malasia, Camboya, Laos, Vietnam y Filipinas registraron mejoras dramáticas.

Las amenazas a la integridad territorial de Myanmar no provienen de fuera de su frontera, aun cuando su ubicación estratégica y vastos recursos son un imán para las potencias regionales. Aparte de la Segunda Guerra Mundial, las grandes guerras que involucraron a las fuerzas birmanas y las del Reino de Siam y China tienen siglos de antigüedad y se remontan a la década de 1770.

Las únicas guerras que han librado los militares de Myanmar desde la independencia de los británicos en 1948 fueron contra su propio pueblo, incluidos los numerosos insurgentes armados de las nacionalidades excluidas. Estos, que en un momento llegaron a alcanzar los 100,000, nunca fueron un grupo unificado. Algunos buscaron la descentralización política y económica, mientras que otros participaron sin escrúpulos en actividades ilícitas para generar dinero, saqueando también su propio país. Pero todos tienen como enemigo común al ejército que los ha gobernado desde la independencia, fracasando abismalmente en unificar el mosaico étnico que es Myanmar.

Las generaciones de matones que lideran el Tatmadaw (el nombre oficial del ejército) son los únicos culpables del miserable estado del país. Los únicos gobernantes durante sesenta años, nunca abrazaron ni empoderaron a su gente increíblemente diversa. En cambio, se han establecido como la clase dominante que saquea la vasta riqueza de su nación; sus manos en cada pastel, sin restricciones en su codicia, sus vastas fortunas escondidas en casas seguras o refugiadas en bancos regionales.

Su botín está siempre bien protegido por aquellos que profesan no interferir en los «asuntos internos» de los demás, como si el robo, el asesinato, las matanzas en masa, la violación y la quema de pueblos enteros fueran un privilegio soberano de un Estado.

En algún momento de julio de 1994, viajé río arriba por el río Moel en una canoa de madera y desembarqué en un importante campamento de Karen en Mannerplaw, Birmania. La nacionalidad étnica Karen, en su mayoría cristiana, y en lucha contra el ejército durante décadas, tenía un firme control sobre lo que constituía el estado Karen fronterizo con Tailandia.

En 1990, con amigos en Sídney fundamos el Diplomacy Training Program y lo incorporamos en la Facultad de Derecho de la University of New South Wales en Sídney, Australia, donde permanece casi treinta años después, brindando cursos intensivos innovadores y prácticos sobre derechos humanos internacionales, el sistema de la ONU, promoción y cabildeo, medios de comunicación, etc. En julio de 1994, algunos colegas y yo nos embarcamos en este peligroso viaje para impartir un taller de dos semanas sobre derechos humanos y diplomacia para activistas birmanos a favor de la democracia, protegidos en territorio Karen libre del ejército.

Estando en las selvas infestadas de mosquitos de Birmania, me pregunté si estaba siendo honesto, impartiendo lecciones sobre los tratados de derechos humanos y el funcionamiento del sistema de la ONU y la diplomacia internacional a personas atrapadas en las espesas selvas. ¿Para qué servían? ¿Cuán útiles serían para ellos estos tratados internacionales de derechos humanos?

Había estado fuera de mi país, Timor Oriental, durante bastante tiempo en ese momento, viviendo en los EE. UU., Australia y Europa, por lo que ya no estaba acostumbrado a las enfermedades tropicales; pero lo que la malaria puede hacerle a uno estaba todavía muy fresco en mi memoria. Tuve el indispensable mosquitero y, por la noche, cuando me retiraba a mi habitación, quemaba varias espirales de mosquitos chinas y llenaba la habitación con un humo embriagador. Dejé las selvas de Myanmar evitando con éxito un brote de malaria cerebral letal.

Avance rápido hasta 2002. Contra todo pronóstico, Timor Oriental, ahora Timor-Leste, era libre, la primera nueva democracia del milenio. Poco después, como Ministro de Relaciones Exteriores de mi país, visité Myanmar para firmar el establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros dos países. Me reuní con el Primer Ministro y al menos una docena de ministros con atuendo militar completo.

No muy lejos de mi hotel estaba Aung San Suu Kyi, confinada a la antigua casa de sus padres. Su padre, Aung San, llamado el Padre de la Nación, y quien fundó las Fuerzas Armadas de Myanmar, fue asesinado en 1947 junto con la mayor parte de su gabinete de confianza apenas unos meses antes de la independencia. Su única hija, Aung San Suu Kyi, fue criada por su madre, Maha Thiri Thudhamma Khin Kyi, una diplomática.

Algunos años antes de ese viaje, en Bergen, Noruega, conocí al esposo británico de Aung San Suu Kyi, Michael Vaillancourt Aris, profesor de historia y cultura de Bután, Tíbet e Himalaya. Lamentablemente, no mucho después, en 1999, viajé a Oxford, esta vez para asistir a la cremación de Aris. Suu Kyi decidió no viajar al Reino Unido para estar con su esposo moribundo durante su prolongada enfermedad y para el funeral, ya que los militares se negaron a garantizar que se le permitiría regresar a casa. Los militares machistas le tenían mucho miedo a esta elegante y pequeña mujer birmana; sabían que era una potente portavoz, magnética y elocuente, de las vastas masas populares.

A pesar de la demonización de esta mujer por parte de las piadosas élites conservadoras y liberales occidentales por sus excusas acerca de la brutal represión de los militares contra los rohingya, la popularidad de Suu Kyi se mantuvo por las nubes entre su gente.

Estuve literalmente solo en alertar a la comunidad internacional, incluido el Secretario General de la ONU, para que entendiera el precario control de Suu Kyi en el cargo, sin voz ni autoridad en asuntos de defensa y seguridad, todos sus movimientos vigilados por los líderes del ejército.

Pero ella desafió a los militares. Aunque consciente del fuerte rechazo de los altos mandos del ejército al escrutinio internacional de sus acciones, Suu Kyi invitó al difunto secretario general de la ONU, Kofi Annan, a ayudar en la resolución de la crisis social, económica y política del estado de Rakhine. Con su insistencia, se estableció en 2016 la Comisión Asesora sobre el estado de Rakhine, presidida por Kofi Annan y compuesta por seis personalidades de alto nivel, tres internacionales y tres nacionales.

Después de un año de consultas celebradas en todo el estado de Rakhine y en otras partes del país y la región, la Comisión Asesora presentó su informe final a las autoridades nacionales el 23 de agosto de 2017. Visité Myanmar ese mes y me reuní con Suu Kyi, ya que se esperaba que Kofi Annan le entregara su informe. Ella lo recibió y se comprometió a implementar íntegramente sus recomendaciones.

Incluso entonces, a pesar de su audacia al invitar a una misión internacional de alta visibilidad a indagar en los «asuntos internos» de Myanmar, sus críticos externos en Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia no cedieron. Fue durante este periodo que repetidamente dije que era imprudente demonizar a Aung San Suu Kyi. Dije específicamente que los militares son los culpables: su ira y sus acciones deben centrarse en ellos.

Los líderes militares, por supuesto, estaban muy contentos de ver que su enemigo número uno bajaba a la tierra, y estaban calculando que su estatus nacional se vería afectado como resultado. Pero las elecciones de noviembre de 2020 obtuvieron una victoria aplastante aún mayor para Suu Kyi y su Liga Nacional para la Democracia. El jefe del Tatmadaw, el general Min Aung Hlaing y sus acólitos quedaron conmocionados. Temían que una envalentonada Suu Kyi usara su control casi completo del parlamento y su apoyo popular para iniciar reformas serias en todos los ámbitos, eliminando gradualmente la participación del ejército en los negocios, reformando y profesionalizando las fuerzas armadas.

Los líderes militares habían apostado a que Donald Trump ganaría un segundo mandato. La elección de Joe Biden significó que las fuerzas armadas tenían que moverse ahora y hacerlo rápidamente, mientras que la nueva administración de los Estados Unidos estaba demasiado preocupada por la transición, la COVID-19 y las vacunas, así como asuntos urgentes más importantes.

Pero esta vez, los militares se enfrentan a una nación que ha disfrutado de cinco años de libertad y mejoras en sus vidas, y una ciudadanía que no ha olvidado la condición de paria de Myanmar en el pasado reciente. Están decididos a seguir luchando. Y lucharán, lo harán.

Hasta ahora, la comunidad internacional le ha fallado al pueblo de Myanmar. La tan promocionada «centralidad» de la ASEAN suena hueca y su respuesta silenciosa al golpe corre el riesgo de hacerla irrelevante.

Estados Unidos tiene razón al tomar medidas firmes y rápidas, condenando el golpe, exigiendo la liberación inmediata de Aung Suu Kyi y todos los líderes electos, y el retorno a la democracia. Las sanciones impuestas están bien dirigidas.

Pero se requiere más. La ONU no debe reconocer a los usurpadores del poder. Los países de todo el mundo que albergan embajadas de Myanmar deben seguir reconociendo a los enviados acreditados por el gobierno legítimo. La ONU debe establecer un fondo especial para realizar pagos a las embajadas de Myanmar leales al gobierno legítimo. Los embajadores y todo el personal que cambie de lealtad a las fuerzas armadas deben tener sus visas canceladas y ser expulsados.

Obviamente, China y Rusia vetarían cualquier intento de que el Consejo de Seguridad de la ONU imponga sanciones contra el ejército de Myanmar. Por lo tanto, EE. UU. y la Unión Europea deberían coordinar acciones con otros países del G7 y G20, así como con instituciones financieras multilaterales y regionales, para imponer sanciones mundiales dirigidas específicamente a individuos militares, sus intereses y sus familias. Las órdenes de detención de INTERPOL deben considerarse contra militares de alto rango de Myanmar y sus compinches civiles. Las instituciones financieras deben congelar todas las transacciones con los bancos y empresas de Myanmar.

Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Japón, Corea y Australia deberían aumentar el apoyo a los estudiantes de Myanmar para que estudien en el extranjero y dar la bienvenida a los solicitantes de asilo y refugiados. Deben asignarse fondos especiales para la sociedad civil y las organizaciones a favor de la democracia en Myanmar y en el extranjero.

Ma Kyal Sin, la manifestante de diecinueve años que recibió un disparo en el cuello y murió mientras vestía una camiseta que decía «Todo estará bien», es el rostro de los ciudadanos de Myanmar decididos a aferrarse a la democracia y la libertad. No debemos fallarles.

(Traducción al español realizada por Marlon Aquino Ramírez)