Uruguay ya no es solo un país de tránsito de drogas, sino que productor de drogas sintéticas, mientras se verifica el aumento en el consumo de cocaína y las metanfetaminas a nivel local, y se advierte de la presencia de un cartel liderado por narcotraficantes uruguayos que operan en la región y garantiza la exportación.

Un informe de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) de Uruguay advierte que se fortaleció el accionar de organizaciones criminales a nivel regional, entre las que se destacan los grupos de origen brasileño y argentino, principalmente de la zona de Rosario, la segunda ciudad argentina, que utilizan la hidrovía Paraguay-Paraná para canalizar los envíos de cocaína desde América del Sur a Europa, vía el puerto de Montevideo.

Diez toneladas de cocaína incautadas en un puerto de Alemania. Récord y portada de noticias en varios medios internacionales. La droga provenía de Paraguay y se sospecha que el cargamento haya pasado por Uruguay, una vez más. Las miradas recaen sobre las autoridades del Uruguay.

Otra vez Uruguay aparece en la ruta del narcotráfico internacional: mientras en los barrios se combate al narcomenudeo, pasan toneladas de cocaína. Ésta fue la segunda incautación más grande del viejo continente. Sin embargo, en el pequeño país suramericano, en los últimos cuatro años y sólo contando a tres «narcoempresarios», se incautaron 11 toneladas de cocaína.

Un condenado y siete imputados por 265 kilos de cocaína que iban a ser enviados a Europa: así titulaban los portales de noticias uruguayos. Eso es lo que dejó como resultado la Operación Titanes a principios de julio. Jorge Pérez Bentancor, narcoempresario vecino del presidente Luis Lacalle en La Tahona, deberá cumplir dos años de prisión por asistencia al narcotráfico. El valor del cargamento incautado en sus negocios madereros supera los nueve millones de euros en Europa.

Triple frontera, hidrovía

«Una de las debilidades del sistema es que tenemos miles de condenas por delitos de narcotráfico y muy poquitas por lavado de activos», dijo el secretario general de la Senaclaft, Jorge Chediak, mientras a simple vista se verifican en toda la costa atlántica uruguaya centenares de miles de metros cuadrados de construcción.

«Uruguay no está vacunado contra el lavado de dinero. Ese es un sector de riesgo porque invertir en ladrillos es algo seguro» añadió. Chediak citó como sectores de riesgo también los autos de alta gama, veleros y yates, aeronaves y también a los casinos, sobre todo los privados.

El gobierno, con la puesta en vigencia de la Ley de Urgente Consideración (LUC) logró una importante flexibilización de su hasta entonces obligación legal de reportar operaciones sospechosas: simplificó sus controles siempre que el dinero haya pasado previamente por un banco.

En el departamento de Maldonado, en el 2022 se otorgaron permisos para construir 548.024 metros cuadrados. Los inversores optan por Punta del Este, ya que los valores son constantes, no se deprecian y se obtienen muy buenos márgenes de ganancia. Cualquier visitante se extrañará con centenares de edificios o residencias vacías, sin luz, sin ningún movimiento. ¿Cómo se pueden invertir millones en propiedades que nadie ocupa o, a lo sumo, ocupan 20 días al año? Y se trata de propiedades valuadas en millones de dólares.

La historia muestra que algunos de los cárteles colombianos y mexicanos más conocidos invirtieron en este balneario requerido por la clase alta argentina, pero también por los nuevos ricos de Paraguay, Brasil y Chile, que de alguna forma invierten o lavan sus ganancias. Los traficantes uruguayos compran casas en los mismos barrios en que residen o instalan allí pequeños comercios, bocas de expendio de drogas. Los responsables de las bocas circulan casi todos en vehículos de alta gama.

La compra de grandes extensiones de campo y los sucesivos cambios de manos en corto tiempo, pone un signo de interrogación sobre esas operaciones, sobre todo porque no se las explota. Y, por último, hay otro factor nunca mencionado por las autoridades actuales: los estudios y profesionales que colaboran con la estructura del lavado, como antes lo hiciera con la corrupción de Oderbrecht.

Mercado interno y exportación

El documento de la Senaclaft afirma que los «mayores controles» en la triple frontera (Brasil-Argentina-Paraguay) provocó que la operación criminal se haya desplazado hacia el sur, lo que se evidencia con la presencia en las zonas de fronteras de Uruguay con Brasil (departamentos de Rivera, Artigas, Cerro Largo y Treinta y Tres).

Los circuitos de acopio y exportación de drogas se encuentran diferencias de los dedicados a la distribución para el consumo interno, que son controlados por «grupos pequeños», formados por familias o vecinos de un barrio. «Existe un vínculo entre los grupos locales que se dedican al mercado interno y los grupos regionales que movilizan la droga en tránsito», dice el informe.

La presencia de esos grupos que controlan el consumo interno de drogas suele ser una fuente de enfrentamientos, que causan numerosos homicidios en la «guerra» entre bandas. El ministro del Interior, Alberto Heber, dijo que tomaría la medida de «llenar de policías» las zonas para transmitir «seguridad a la gente trabajadora».

Acontecimientos de las últimas semanas pusieron de relieve la importancia del puerto de Montevideo para el narcotráfico: fueron incautados primero más de 500 kilos de cocaína y luego una tonelada y media con destino a Europa, ante la pasividad de las autoridades uruguayas. Los muelles montevideanos se han convertido en una importante puerta de salida para la droga: al menos allí es detectada la droga que llega a este puerto, presumiblemente desde países andinos, vía marítima, terrestre o aérea.

En la última década se intensificaron los cargamentos de cocaína incautados provenientes de Colombia con destino a Europa, al incrementarse los controles en el Caribe, lo que hizo que las bandas comenzaran a «bajar al sur» para poder sacar la «mercadería» hacia Europa, donde la cocaína obtiene valores impensables en América Latina. Los puertos sudamericanos de «moda» para este tráfico son Zárate (Argentina), Río Grande, Santos y Río de Janeiro (Brasil) y Montevideo. En la capital uruguaya, la cocaína es alijada en distintos puntos y cuando se llega a una cantidad «óptima» a juicio del traficante que la llevará a Europa, la carga es trasladada al puerto y colocada en un barco.

Ha cobrado importancia la ruta del Cono Sur, que va desde Perú y Bolivia hacia el Río de la Plata, con frecuencia a través de Paraguay, y por lo general se basa en la Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP), a menudo utilizada en combinación con vuelos clandestinos, muchos de ellos desde los latifundios paraguayos.

Río arriba la hidrovía puede tener no más de 2,5 metros de profundidad, por lo que la carga debe enviarse en barcazas propulsadas por remolcadores. Un tren de barcazas lleva hasta 36 unidades y transporta hasta 54.000 toneladas, lo que simplifica la ocultación y dificulta su detección. La hidrovía se ensancha y se profundiza a más de 12 metros cuando llega al estuario del Río de la Plata.

Narcos invierten en barrios

El ministro Heber habló de seis grupos mayoritarios que se llevan la mayor parte del mercado en la capital, aunque, si se cuentan las bandas más chicas el número sube a 45. Según los peritos, el poder de la banda se mide en bocas de drogas, en sicarios y en plata. La prensa uruguaya reconoce que hay vecinos de Montevideo que «llegan a fin de mes» gracias a la paga de los narcos.

Hay clubes de baby fútbol que practican con pelotas donadas por los narcos, centros educativos que reciben útiles adquiridos por los narcos, jóvenes de la capital que se ganan unos pesos haciendo «de campana» para ellos.

Hay narcos que compran el silencio, señala la investigación En las grietas del Estado: gobernanza criminal en Montevideo, de la Universidad de la República (Udelar). Porque el ejercicio del poder, especialmente en los barrios ubicados en la periferia de la ciudad, va más allá de la violencia explícita, de los asesinatos o los mensajes subliminales detrás de los descuartizados que ocupan titulares de prensa.

Verónica Pérez Bentancur, doctora en Ciencia Política y una de las responsables de la investigación, señala que cuando una banda controla el territorio no usa el método violento, el que suele emplearse con más frecuencia cuando se está en competencia, sino que despliega medidas más ‘benevolentes’ asociadas al poder y la compra del silencio: ofrecen viviendas a los vecinos, les ayudan a pagar la luz, donan camisetas o pelotas, comida y emplean a los varones jóvenes en el mercado de las drogas, como repartidores, para vigilar una zona o para conseguir un dato.

Añade que esas prácticas -quizás salidas de El Padrino o del modus operandi del colombiano Pablo Escobar-, están extendidas desde hace años. La policía indica que al menos 49 bandas criminales están activas en Montevideo y cada uno de estos grupos maneja un mínimo de tres bocas de venta de drogas. Y algunos de ellos -por lo general clanes familiares- tienen funcionando unas 25 bocas.

Si bien en Uruguay las bandas criminales tienen limitados niveles de organización, no se ven a encapuchados armados hasta los dientes que circulan en 4x4 impidiendo el ingreso del Estado como en México, y no hay matanzas a políticos, periodistas y fiscales como en Centroamérica, manejan dinero que les permite sumar colaboradores en el territorio de influencia, que en Montevideo comprende al menos 24 barrios.

El estudio de la Universidad de la República revela que «el fenómeno de la gobernanza criminal es relevante en Montevideo» y que una cifra significativa de los pobladores (a veces superior al 20%) ha visto a bandas hacer donaciones, ofrecer trabajo, desalojar vecinos o amenazarlos. Las bandas acuden a la violencia para mantener el mercado funcionando, ante la imposibilidad –por ser ilegal– de recurrir a la Justicia o métodos de negociación regulados.

En definitiva, se trata de un negocio. La boca de drogas es solo la punta del iceberg donde se distribuye la oferta. Las bandas tienen que pagar por seguridad, que abonar a quien guarda la droga, al que cuida la plata (en un lugar distinto a la droga), al que vela por las armas (en un sitio diferente a los anteriores), y al que hace inteligencia.

En la selva peruana, el kilo de pasta base (con residuos de la cocaína) cuesta entre 800 y mil dólares, y se va encareciendo en su viaje al sur. En Uruguay lo suelen comprar a unos 4.500 dólares, pero de la venta de un kilo obtienen unos 19 mil dólares (se obtienen 10 mil dosis). Luvis Pareja señala que la irrupción de la pasta base en los 2000 y la crisis económica de 2002 cambió el mercado. La pasta base empezó a venderse en bocas fijas que requerían una seguridad, una vigilancia, un arreglo con el barrio, y que no circulara la información.

«Comenzaron a ser más frecuentes colaboraciones con los clubes de fútbol, con los talleres educativos de los barrios y con los vecinos, al punto que el microtráfico adquirió un volumen que empezó a ser percibido por la población como inseguridad y que terminó afectando, directa o indirectamente, a complejos habitacionales enteros», recordó Mario Layera, el último director nacional de Policía bajo la administración del centroizquierdista Frente Amplio.

El pasaporte del narcotraficante

Encontraron al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Bolivia, pero se escapó de la policía. Sindicado por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia, huyó con su familia y se desconoce su paradero. Sus guardaespaldas secuestraron policías y minuto a minuto se van destapando más hechos que dan cuenta de una trama de narcotráfico, persecución y corrupción a nivel internacional.

La polémica en torno a Marset, con un amplio prontuario por tráfico de drogas en Uruguay y Paraguay, donde vivió entre 2018 y fines de 2021, se hizo pública cuando se conoció que el gobierno uruguayo le otorgó un pasaporte que le permitió escapar de la justicia paraguaya, donde es investigado por el asesinato del fiscal Pecci.

La entrega de ese pasaporte generó una polémica política en el país y una convocatoria a la Fiscalía del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y del de Interior, Luis Alberto Heber. Además, la vicecanciller renunció a su cargo luego de que se conocieran unos chats en los que evidenciaban que los jerarcas del gobierno sabían que Marset era un «peligroso narcotraficante».

Además de las causas por narcotráfico y lavado de activos, en Uruguay Marset está siendo investigado como líder de la organización Primer Cartel Uruguayo, responsable de la amenaza realizada contra la fiscal especializada en Estupefacientes de primer turno, Mónica Ferrero, por la que fue condenado el hijo del contratista de fútbol Gerardo Arias, y por la bomba que explotó en el frente de la sede de la Brigada Antidrogas.

Marset montó en Santa Cruz de la Sierra la misma logística que tenía en Paraguay: rodeado de amigos y familiares compró un cuadro de fútbol, un complejo deportivo, un lavadero (literal), una mansión y puso testaferros, para lavar dinero. Allí pudo asociarse con integrantes del Primer Comando Capital brasileño para producir y distribuir cocaína.

El gobierno de Lacalle pretende ser el que lanzó el dato clave de la captura de Marset para desviar la atención y lavar las culpas de haberle facilitado el pasaporte que habilitó la fuga del narco. La causa por el pasaporte sigue abierta en Uruguay, pero el gobierno pretende dar una imagen de compromiso y severidad ante el crimen.

Fútbol, narcotráfico y lavado de activos en el Uruguay del no pasa nada, en una región que espera la captura de Sebastián Marset, uno de los narcos más notorios del momento, cuya actividad fue facilitada por un pasaporte expedido por las máximas autoridades del gobierno derechista uruguayo.