La dinámica política venezolana en tiempos de pandemia no se detiene y, en esta oportunidad, trataremos lo relacionado con la participación del electorado en la elecciones parlamentarias y los problemas para estimarla en los comicios venideros, así mismo comentaremos de manera critica la publicación de los resultados preliminares de un informe sobre derechos humanos en Venezuela, realizado por una Misión de las Naciones Unidas, terminando con un breve relato de un caso cercano de COVID-19, además de la síntesis de los indicadores de la semana que recién ha culminado.

La abstención en los comicios parlamentarios

En estos veinte años de revolución bolivariana muchas cosas se han pulverizado, entre ellas, encontramos la credibilidad en los reportes que publican las encuestadoras. Las empresas privadas que consultan aspectos claves en la opinión pública han terminado por ubicarse en uno de los lados de la polarización política. Sus reportes parecen coincidir con las expectativas de bien sea del chavismo o de su oposición (según quienes sean sus clientes), lo que los lleva a ser cuestionados por el menos beneficiado.

Poco importa el rigor metodológico en estos momentos para el público, pues percibe que los reportes buscan legitimar el discurso de un actor político determinado. Tal ha sido la implicación de las empresas encuestadoras en la política, que es llamativo que dos altos ejecutivos de las más importantes firmas participen activamente en ambos bandos políticos, a saber, Luis Vicente León, de Datanálisis en el bando opositor a la revolución bolivariana, como diputado en la Asamblea Nacional y Oscar Shemel, como diputado en la Asamblea Nacional Constituyente. No significa que el trabajo científico se haya dejado de hacer, sino que lo que se publica, como en todo el mundo, es lo que quien paga la encuesta decidió que se hiciera público.

En relación con las elecciones parlamentarias del venidero mes de diciembre hay múltiples escenarios y los reportes de las empresas encuestadoras lo vienen presentando, pero visto lo expuesto en el párrafo anterior, conviene revisar brevemente la participación electoral en los comicios parlamentarios en los últimos veinte años, para tener un contexto mínimo. En el año 2000, se realizaron unas elecciones en el marco de la relegitimación de poderes, resultado de la aprobación de una nueva constitución; la participación se ubicó en 56.05% y la mayoría de los diputados y diputadas seleccionados eran chavistas. Cinco años más tarde, la oposición no hizo postulaciones y el chavismo ganó todos los escaños, con una participación del 25% del electorado. En 2010, hubo contienda y el chavismo superó a su oposición para volver a tener mayoría parlamentaria; en esa oportunidad, la participación fue de 66.45%. En las últimas elecciones, realizadas en 2015, hubo una participación del 74.17% que dio una victoria inédita a la oposición venezolana al chavismo, la cual obtuvo mayoría en el parlamento. Como vemos, cada elección en las últimas dos décadas se da en un escenario muy particular, lo que inhibe la posibilidad de inferir, como en otros sistemas políticos.

Dicho lo anterior, ¿qué tenemos de cara a la participación en estos próximos comicios? En principio, se estima que la participación va a estar afectada, fundamentalmente por las condiciones de la oposición. El contexto actual no es similar a ninguno en los cuales se dieron elecciones parlamentarias antes, es decir se caracteriza por una división en la oposición, donde un sector participará, mientras que el que encabeza Juan Guaidó se niega. También encontramos que se esperaría que quienes siguen a Juan Guaidó no vayan a votar, pero gran parte de este grupo se encuentra decepcionado, pues las rutas propuestas por este no han conducido a un escenario coherente con sus promesas, lo que eventualmente puede dar paso para que escuchen un mensaje alterno en la oposición al chavismo, que considera la vía electoral como parte de la ruta para construir una nueva mayoría, o al menos para no devaluarse políticamente.

Desde el chavismo, las maquinarias electorales están listas y en preparación para movilizar a su base electoral, que tampoco es una tarea sencilla, pues los efectos de la situación económica en la población son un lastre para la participación electoral. Como hemos apuntado en otras entregas, el Gran Polo Patriótico, hoy es menos fuerte, debido a la decisión de un grupo de organizaciones políticas revolucionarias de conformar la Alianza Popular Revolucionaria, como alternativa electoral al Partido Socialista Unido de Venezuela, pero reivindicando los principios de la revolución bolivariana.

Faltan un par de meses todavía y, en estos, seguramente asistiremos a eventos significativos que definirán la participación en los próximos comicios.

Los derechos humanos como arma de descalificación

Dentro de la estrategia orquestada para descalificar a la revolución bolivariana, esta semana se han hecho públicos los resultados preliminares de un informe de la «Misión de determinación de hechos para Venezuela sobre las violaciones de derechos humanos desde 2014» de las Naciones Unidas. La publicación se realiza en un contexto donde el Secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo hace una gira por el sur de nuestra América, que incluye a dos de nuestros vecinos, Guyana y Brasil. El informe con los resultados preliminares abarca poco más de cuatrocientas páginas; se realizó sin una visita al país y al margen de la relación de cooperación que el gobierno bolivariano ha establecido con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos. Entre los integrantes de la Misión se encuentra un reconocido abogado, vinculado con la defensa de los intereses remanentes de la dictadura de Pinochet en Chile (ahora convertido en defensor de los derechos humanos).

No se trata de negar o no los hechos en estos momentos, sino que estos se encuentran en una narrativa impulsada por el gobierno de los Estados Unidos de América para descalificar a la revolución bolivariana, lo que invalida de principio las afirmaciones que se pueden encontrar en dicho informe, pues son claramente tendenciosas y parcializadas.

Esta noticia ha sido un deleite para las empresas de comunicación global, que solo se quedan con las vagas afirmaciones de los miembros de la Misión y seleccionan extractos que son de su interés, sin hacer un ejercicio mínimo de investigación periodística.

No son nuevas las tensiones que existen en los organismos como Naciones Unidas, para lograr una correlación de fuerzas favorable a los intereses estadounidenses, en relación con el tratamiento de Venezuela. Tampoco son nuevas estas maniobras, que no constituyen una declaración del organismo, sino de un grupo de trabajo que, como vemos, tiene una labor cuestionable.

Una historia cercana de COVID-19

Durante semanas, he presentado estadísticas del comportamiento epidemiológico de la COVID-19 en el país, también les he comentado las medidas que implementa en gobierno bolivariano. No les he contado una historia real de un contagio, porque sencillamente no la conocía, ningún miembro de mi familia o compañero o compañera de labores, afortunadamente, había sido diagnosticado positivo, hasta ahora.

Así que me permito contarles brevemente, un caso cercano sobre un compañero de trabajo, cuya familia se contagió y luego él. En principio, ninguno se reportó al sistema nacional de salud pública, pues sintieron temor de ser aislados en los lugares previstos para tal fin, de tal manera que se recluyeron en sus casas. Solo que mi compañero, que inicialmente no presentaba síntomas, los comenzó a experimentar y empezó a sentir miedo, pues los relatos más terribles que había escuchado llegaron a su mente. Ahora sí, pidió apoyo. Se comenzó a buscar un centro médico público para su atención y encontramos las distancias entre la realidad y el discurso oficial.

Solo tres elementos apuntaré en función del caso que narro, primero, los traslados no están garantizados con accesibilidad y seguridad; segundo, la admisión en los centros médicos es limitada y hace que los pacientes tengan que rotar por varias entidades sanitarias; tercero, una vez ingresados, la dotación de medicamentos es escasa y los familiares deben sufragar los gastos de los que no existen. También, podemos dar cuenta del personal médico que está agotado, con síntomas de fatiga, pero comprometido en que se ha convenido como la primera línea en la lucha contra la COVID-19.

Con esto no quiero descalificar de manera alguna los propósitos propuestos por nuestro gobierno bolivariano para controlar la COVID-19, sino problematizar el accionar en lo concreto, lo que significa superar todas y cada una de las limitaciones para garantizar la atención médica oportuna y de calidad.

Ahora sí, pasemos a lo de siempre. Comenzamos la semana de cuarentena radical, ahora con una estabilización del número de casos diarios y semanales, que en palabras de los voceros oficiales puede interpretarse como una disminución del ritmo de crecimiento de la curva de contagio. Este sábado 26, las fuentes oficiales informan que se han diagnosticado 71,940 personas con COVID-19, de las cuales el 86% se encuentran recuperadas, mientras que la cifra de fallecidos asciende a 600, lo que significa un aumento considerable en relación con la semana pasada cuando se contabilizaban 539.

Los datos expuestos en el «Informe Estadístico COVID-19» del Centro Venezolano de Estudios sobre China, de fecha 26 de septiembre, corroboran las declaraciones oficiales y, en particular, referiré que los casos detectados en agosto sumaron 28,154, mientras que, en septiembre, se acumulan 23,678, lo que hace prever que se cerrará el mes con igual o menos casos. En la región suramericana, Venezuela sigue invariable en el octavo lugar; sin embargo, se aprecia un crecimiento de la participación porcentual en el número de casos totales de diagnosticados (0.91%), así como de fallecidos (0.24), mientras que la tasa de recuperación también está en ascenso (84.86), aunque ligeramente baja en relación con el promedio regional (85.05%).