Es una pregunta que se formula en el extranjero, especialmente en Europa, donde los partidos comunistas prácticamente han desaparecido (Italia, Francia, España) de la vida política reduciéndose a pequeños grupos con diferentes nombres y con una mínima representación parlamentaria. En Chile, son pocos quienes se hacen la misma pregunta y los conservadores más bien evitan responderla.

Con una tradición de más de 100 años de vida, los comunistas han sufrido a lo largo del siglo XX los rigores de la exclusión, proscripción, persecución, exilio, desapariciones y asesinatos, particularmente durante los años de la dictadura de Pinochet. También han sido parte de coaliciones de gobierno, como ocurrió bajo la presidencia de Gabriel González Videla (1946-52) donde por primera vez en América Latina, tres ministros comunistas entraron al gabinete para luego ser puesto el partido fuera de la ley por el mismo mandatario y proscritos de la vida política por la llamada Ley de Defensa de la Democracia, conocida popularmente como Ley Maldita, que tuvo una duración de 10 años, hasta 1958.

En 1970 volvieron los comunistas a ser parte del gobierno del presidente Salvador Allende hasta 1973, cuando Chile entró en la negra noche de la dictadura. Tuvieron que pasar 41 años para volver a ser parte del segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-18) quien los incorporó y en la actualidad son parte de la coalición que lidera el presidente Gabriel Boric.

¿Cómo se explica esta larga presencia y resiliencia de los comunistas en la vida política chilena? ¿O que sea el partido con el mayor número de militantes registrados en el Servicio Electoral? Su influencia va más allá de jóvenes universitarios, sindicatos y obreros, se extiende también a capas de profesionales, cultura y sectores medios. Todo ello pese a la desaparición del principal referente ideológico que tuvieron los comunistas como lo fue la Unión Soviética, los países socialistas europeos y hoy el agonizante régimen cubano. En este contexto no es fácil encontrar una explicación por la sobrevivencia del Partido Comunista en la sociedad chilena y la fuerte influencia que ejerce con solo el 7.35% de votos en las últimas elecciones, que le dieron 12 diputados, dos senadores y tres ministros. La respuesta a esta pregunta puede venir de la incapacidad de la política de abrir un camino que responda a las demandas sociales que se arrastran desde el siglo pasado.

Todos los esfuerzos realizados en Chile por sectores progresistas, incluida parte de la Iglesia católica, a partir de la llamada «cuestión social» culminó con el inicio del proceso de industrialización llevado a cabo por el gobierno de Pedro Aguirre Cerda (1938-41). Si bien permitió generar empleos y absorber la mano de obra que emigró de las salitreras del norte y del campo a las ciudades, no fue suficiente. Se pensó que se iniciaba un camino, pero persistieron la pobreza, la desnutrición, conventillos y las viviendas precarias productos de tomas de terrenos. Con el gobierno de Eduardo Frei Montalva y la reforma agraria se avanzó en el plano social, sindical, educacional, salud y habitacional.

Sin embargo, los sectores conservadores de la sociedad chilena que han dominado la realidad política y económica nunca han estado dispuestos a dar respuesta a las demandas profundas de igualdad social de oportunidades en educación, salud y vivienda, entre otras. Entre 1970 y 1973 se iniciaron cambios fundamentales que fueron frustrados por el régimen militar y su modelo impuesto a la fuerza que respondió a los intereses de una minoría. Transcurridos más de 200 años de vida independiente existe hoy un déficit de más de un millón de viviendas, un sistema educacional cada vez más diferenciado en términos de calidad, una salud para quienes tienen dinero y prácticamente se mantienen los niveles de desigualdad.

Es decir, existe una retroalimentación entre la falta de igualdad de derechos que reclaman no solo los comunistas, y las posiciones ideológicas conservadoras de la derecha que impiden que el Estado entregue igualdad de acceso y oportunidades para todos. Ahí radican algunas de las causas porqué el Partido Comunista mantiene una presencia en la vida política, inexplicable en otros países donde el Estado social de derechos les ha restado espacio, como ocurrió al término de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Se pensó que, con la vuelta a la democracia en 1990, los problemas estructurales de Chile por fin encontrarían un camino de solución, pero no fue así, porque no hubo una nueva Constitución y la derecha no cree hasta hoy, en una sociedad basada en un Estado social de derechos.

En España, al término de la dictadura franquista, las fuerzas de derecha e izquierda alcanzaron un acuerdo de transición reflejado en una nueva Carta Fundamental que se mantiene hasta hoy y que permitió construir una sociedad inclusiva. Lo reflejó bien las palabras de la escritora española Irene Vallejos, quien recientemente visitó Chile, al referirse a la transición en su país. «Valoro el esfuerzo que se hizo para transformar la sociedad, para incorporarnos a la Unión Europea, para modernizar el país, y creo que se construyó una sociedad que me ha dado oportunidades extraordinarias: la educación pública, las becas, la sanidad pública que ha cuidado a mi hijo. Todas esas conquistas las valoro enormemente».

Los comunistas continuarán presentes en la vida chilena mientras la derecha continúe negando la igualdad de acceso a los servicios públicos de calidad para todos. El actual desafío constitucional es una prueba más de que no hay diferencias entre quienes se califican de centro derecha o derecha. En Chile tenemos una sola derecha, profundamente conservadora, fuertemente ideológica, autoritaria y hegemónica, que logra alinear tras de ella al poder económico y a sus partidos. La verdadera amenaza hoy para comunistas y fuerzas progresistas es el populismo, que tiene en su mira a todo el sistema político y que hace sonreír a los sectores más conservadores quienes no vacilan en ponerse de su lado.