El nivel de aceptación o de rechazo ciudadano es un síntoma indicativo si una gobernanza prioriza o no el Bien Común de la ciudadanía lo que suele ser consecuencia resultante de acciones vinculadas a un nuevo paradigma.

El fenómeno de la delincuencia descontrolada y violenta ha de ser enfocada y diagnosticada, a fin de tomar acciones ante ella, tratando de superar el actual paradigma de «los opuestos en lucha por prevalecer», procurando alimentar el nuevo paradigma hacia «la integración de los opuestos en acuerdos para favorecer el Bien Común ciudadano», en un proceso de mejoramiento continuo hacia una sociedad de bienestar.

Cuando reflexionamos acerca de las manifestaciones del actual paradigma de «opuestos en lucha por prevalecer» uno de los temas candentes, a lo menos en Chile, es la existencia descontrolada de organizaciones criminales violentas, que siembran el terror en diversas partes de todo el país.

Para enfocar el análisis de dicho fenómeno, es necesario tratar de ser equilibrado dejando de lado el ideologismo partidista, para diagnosticar con claridad dicho problema asesorándose con quienes tienen conocimiento científico, tecnológico y experiencia en esa materia a fin de ser realistas y prácticos al respecto. Para ello, es fundamental además de un buen diagnóstico y adecuados apoyos, generar acciones desde la gobernanza de los países, lo que implica apertura mental, capacidad de tomar acuerdos, y especialmente voluntad política de ejercer las acciones necesarias aun cuando parezcan a veces demasiado drásticas. Ese tipo de acciones cuando la falta de seguridad pasa a ser una altísima prioridad para la población se vincula a priorizar el Bien Común Ciudadano.

En este sentido las acciones que en la práctica suelen emprender las diversas ONG y la ONU respecto a los «derechos humanos» no siempre parecen ser las más adecuadas. A veces parece existir confusión, producto de un actuar ideologizado, politizado en extremo, que suele olvidar que son los derechos humanos de la ciudadanía los que siempre deben ser defendidos ante quienes, de manera violenta y criminal, atentan contra el Estado de Derecho del país y contra el derecho ciudadano a salir por sus calles, sus barrios, sus parques, sin temor a ser baleados, asaltados, violados, secuestrados.

Las organizaciones que dicen defender los derechos humanos son potencialmente, desde sus funciones básicas, dada la Declaración de principios que manifiestan muy importantes. El nombre completo de la Declaración de los defensores de los derechos humanos es: «Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos».

Lo anterior ha de traducirse en efectos prácticos que implican actuar desde el conocimiento de los contextos de las situaciones que pretenden ayudar a solucionar. Ello tendría que significar actuar desde lo técnico, lo ético y valórico, sin abrazar ideologías determinadas o posturas políticas polarizadas. En dichos contextos, las situaciones vinculadas a la acción de organizaciones criminales, delictuales, que generan el terror de la población, ameritan soluciones de parte de las policías que han de ser muy eficientes cuando el contexto de lo que sucede nos muestra una extrema gravedad. No siempre es posible dialogar con esos grupos de criminales. Al pretender acciones paliativas se termina dejando abandonadas a su suerte a las amplias mayorías ciudadanas de esos países afectados por olas de violencia cada vez más generalizadas.

En el caso de la delincuencia desatada, como la que existe en Chile, donde la ciudadanía prioriza la seguridad respecto al resto de sus también importantes necesidades, las «proporcionalidades» que aconsejan las organizaciones de derechos humanos (que normalmente no se definen en qué consisten), y las limitaciones al accionar de las policías que recomiendan en diversas formas, genera de hecho garantías al actuar de las organizaciones criminales y de su impunidad para cometer sus delitos.

Cuando se trata de conflictos internacionales, en muchos casos ocurre algo similar: países que procuran defender a su población de ataques vecinos o de otro tipo, suelen ser criticados y a veces descalificados por estos organismos que desconocen el contexto de lo que realmente ocurre, tomando partido ideológicamente sin conocer lo que ocurre o ha ocurrido «en terreno».

La situación de Chile, por ejemplo, relatada por analistas reconocidos en el país, muestran las razones por las cuales el gobierno y diversas autoridades tienen, de acuerdo a las encuestas -comenzando por el presidente Boric-, un alto nivel de reprobación. Ello es síntoma de que la gobernanza no prioriza el bien común ciudadano sino sus propias creencias ideológicas sin empatizar con las necesidades de la gente. Hace poco fue la cuenta pública del presidente Boric que analiza el periodista Tomas Macciatti.

Vale la pena siempre recordar a efectos prácticos, que el ideologismo cerrado, dogmático, basado normalmente en creencias sin mayor asidero, es otra manera de expresión del actual paradigma y de las tragedias de los países.

El caso de Bukele en El Salvador

Existen algunos casos que aparecen como contradictorios y particulares. Es el caso de Nayib Bukele, en la república de El Salvador que teniendo «mano dura» respecto a las bandas criminales que asolaban el país, siendo democráticamente elegido, logró liberar a su ciudadanía de ese flagelo.

Las organizaciones de Derechos Humanos han sido muy críticas con su gestión. La mala noticia para esas organizaciones y la excelente noticia para el pueblo salvadoreño es que el «dato duro» que avala al gobierno de este personaje es el 88% de aprobación que tiene su gestión.

Los análisis centrados en lo ideológico suelen «no escuchar los datos duros», desconociendo lo que la ciudadanía siente respecto de la gobernanza de su país. Parece ser el caso respecto a los ciudadanos salvadoreños en relación a Bukele, su autoridad máxima de gobierno y a la postura de quienes priorizan sus creencias ideológicas.

A modo de ilustración, haré referencia a un artículo que escribe Javier Lafuente, el 29 de mayo 2023 titulado El teatro de Bukele. El texto al que me refiero es el siguiente:

Acto 1. El presidente anuncia un hecho insólito: «Cerramos el 10 de mayo de 2023 con 0 homicidios a nivel nacional. Con este, son 365 días sin homicidios, todo un año». El Salvador, uno de los países más violentos del mundo, tomado por el terror de las pandillas, logra lo impensable durante décadas. ¿Motivo de celebración? Claro. ¿A qué coste? ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Veamos un ejemplo de la ley Bukele.

Acto 2. Cinco días después un agente de policía es asesinado. El presidente saca el arsenal de odio tuitero. «Los pandilleros que aún quedan en nuestro país acaban de asesinar a uno de nuestros héroes. Pero ahí no dirán nada las ONG de derechos humanos, ellos solo velan por los derechos de los criminales. ¿Ven por qué debemos continuar con el régimen de excepción hasta terminar por completo con esta peste? Este cobarde asesinato no quedará impune. Los haremos pagar caro lo que hicieron». Poco después, como quien no quiere ni puede controlar su odio, descarga de nuevo: «Que sepan todas las ONG de ‘derechos humanos’ que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y no saldrán jamás. No nos importan sus reportajes lastimeros, sus periodistas prepagas, sus políticos marionetas, ni su famosa ‘comunidad internacional’, que jamás se preocupó por nuestra gente. Sanaremos nuestro país y eliminaremos esta peste por completo. Llévense sus recetas fracasadas para otro lado».

Acto 3. Diez días después. El presidente, tuitero en jefe de El Salvador, retuitea un mensaje de la Policía en el que muestra a los tres supuestos asesinos del agente, arrodillados con sendos chalecos antibalas. Y añade: «Prometimos que pagarían caro por el asesinato de nuestro héroe. Destruimos su clica, arrestamos a sus compañeros, arrestamos a su líder, y hoy, arrestamos a los tres asesinos. Nunca más volverán a causar terror en nuestro país».

«La cuenta de Twitter de Nayib Bukele es un ejemplo de cómo gobierna el país centroamericano desde que llegó al poder: mano dura para combatir a los violentos, algo que nadie discutiría si no fuese porque a base de perpetuar el régimen de excepción ha hecho y deshecho la institucionalidad del país; odio, mucho odio hacia quien lo critica o no comulga con lo que hace, especialmente ONG y periodistas, sobre los que vierte cualquier tipo de campaña para quitarles prejuicio. Y arrogancia, mucha arrogancia de quien se siente intocable; es el presidente mejor valorado de toda América Latina y considerado un ejemplo a seguir por algunos de los líderes, mayoritariamente de extrema derecha y contrarios a cualquier avance social, que emergen con fuerza en las encuestas de distintos países. Así, un sector de la política colombiana ve en Bukele el mejor antídoto contra Gustavo Petro; ante las nuevas elecciones en Ecuador los candidatos claman por su mano de hierro o también en Guatemala, desgobernado por una clase política inútil, la solución parece ser bukelizar el país».

(Javier Lafuente: Es subdirector de América. Desde 2015 trabaja en la región, donde ha sido corresponsal en Colombia, cubriendo el proceso de paz; Venezuela y la Región Andina y, posteriormente, en México y Centroamérica. Previamente trabajó en las secciones de Deportes y Cierre del diario).

Comentarios sobre la columna citada

Es importante conocer la trayectoria política de Bukele en El Salvador y los hechos de su vida política que lo han llevado a la presidencia del país con una amplia mayoría de los sufragios desde 2019 llegando a una aprobación del 88% de la ciudadanía al haber enfrentado con decisión y realismo a las organizaciones criminales y la corrupción que azotaban su país. Un panorama de la vida política y de la Gobernanza de Bukele.

Sus antecedentes indican que ha estado priorizando el bien común ciudadano, de acuerdo a su experiencia de gobernabilidad de su país. Su aplastante aprobación ciudadana se relaciona a los hechos de su vida política y de gobierno, evidenciando la sensación de la ciudadanía de que el gobierno se orienta hacia el bien común ciudadano.

En términos de delincuencia y de derechos humanos es necesario destacar que Bukele haya dominado y controlado la delincuencia que tenía abrumada a la ciudadanía salvadoreña al no haber tenido homicidios en todo el último año. Recordemos que la inseguridad descontrolada era la más grave de las tragedias de El Salvador copada por bandas de criminales organizadas en pandillas que tenían aterrorizadas a la ciudadanía de ese país.

Paralelamente, en Chile, el tema de la falta de seguridad y de la falta de certezas de que se respete el Estado de Derecho es el problema prioritario de acuerdo a las diversas encuestas a la ciudadanía. Por lo demás, una realidad ampliamente desconocida en Europa influida por analistas ideologizados que escriben desde sus creencias ignorando la realidad que se está viviendo en Chile. Esperemos que acá en Chile no lleguemos a una situación como la que descarnadamente señala Bukele de acuerdo al artículo de referencia: «Los pandilleros que aún quedan en nuestro país acaban de asesinar a uno de nuestros héroes. Pero ahí no dirán nada las ONG de ‘derechos humanos’, ellos solo velan por los derechos de los criminales». Desafortunadamente, tiene mucho de cierto lo que asevera Bukele y buena parte de los salvadoreños estará de acuerdo con sus expresiones.

Las referidas «proporcionalidades» que no se definen por parte de las organizaciones de Derechos Humanos claramente y las limitaciones en el actuar de las policías que recomiendan, que dicen proteger «derechos humanos», entregan de hecho garantías a la delincuencia desatada que no tiene ningún tipo de protocolo que respetar y actúan en total impunidad. Esto no significa que, en caso de existir dudas respecto a determinados hechos conductuales en alguna acción policíaca, no deban realizarse los procedimientos que correspondan a través de la ley y del sistema judicial de cada país.

Esos hechos de existir son absolutamente inaceptables, han de ser procesados judicialmente y castigados como corresponde, no tendrían que confundirse con entregar de hecho garantías a los delincuentes para su impunidad. No han de prestarse para generalizar malas actuaciones de las policías que deben ser investigadas judicialmente. También los protocolos adecuados de las policías son fundamentales, pero no han de inhibir su acción que en lugar de ser «proporcional» a la de los delincuentes ha de ser superior y disuasiva.

Tanto Bukele como las organizaciones de derechos humanos tienen, a mi entender, «tareas pendientes». Destaco algunas de ellas:

Comencemos por Bukele

Generar un proceso en el tiempo que conduzca a un sistema democrático con Instituciones que funcionen adecuadamente, con períodos limitados de gobierno, de manera de que nadie se eternice en el poder y se transforme de hecho, en un dictador más. Bukele tendría que generar un protocolo de programa de gobierno para dicho proceso dando en su momento, «un paso al costando» permitiendo que la sociedad salvadoreña madure abrazando la democracia. La generación de nuevos liderazgos que continúen con su actual tarea en una democracia sustentable parece ser indispensable.

Bukele tendría que dejar legalizada la necesaria «superioridad» que ha de tener el Estado de Derecho en el país, de manera que el Estado y sus instituciones destinadas a resguardar la seguridad ciudadana, el control y la gestión de la delincuencia, tengan el monopolio en la tenencia de armas a efectos de disuadir la acción de las bandas y organizaciones criminales. Con este tipo de tareas, Bukele estaría alimentando un paradigma diferente al actual: «la integración de los opuestos para una gobernanza que priorice el Bien Común de la ciudadanía» que toda persona equilibrada esperaría en todas partes.

Las organizaciones de derechos humanos tienen tareas fundamentales

Han de transformarse en organismos técnicos, no ideologizados, que conozcan los contextos de cada situación en la que pretenden intervenir de modo que recomienden acciones en favor de los derechos humanos vinculadas a dichos contextos, tratando de colaborar así en la solución de conflictos o problemas existentes en ese ámbito. Para ello han de tener muy claro que la prioridad es el respeto de los derechos humanos de la ciudadanía de cada país, lo que es consecuencia de priorizar el bien común ciudadano.

Dichas organizaciones han de tener muy claro que quienes no respetan el derecho humano del resto, como es el caso de las organizaciones delictivas violentas, sembrando el terror, deben ser neutralizadas de manera eficiente, sin mayores dudas, con todos los recursos institucionales que se dispone. Cuando falla el estado de derecho la sociedad termina enferma: surge la inseguridad, la desconfianza, la incertidumbre desatada, el temor ciudadano.

Las organizaciones de derechos humanos tendrían que actuar «en terreno» junto a las policías encargadas de controlar la violencia en cada una de las sociedades en las que pretenden aconsejar o directamente criticar. El doble estándar respecto a los derechos humanos por parte de la ONU y de las organizaciones que dicen dedicarse a ello, no son un aporte para colaborar a que los problemas de delincuencia violenta desatada o los conflictos internacionales se atenúen, ni menos a que se solucionen. Al sostener su actual manera de proceder, esas organizaciones pierden el sentido esencial de su misión: que se respeten los derechos humanos de la ciudadanía de cada lugar. Siempre existe la posibilidad de revisar y mejorar lo que cada uno realiza.