La riqueza que mantiene la región centroamericana a partir de sus recursos hídricos, fauna, volcanes, lagos, manglares, costas oceánicas, pueblos y áreas protegidas, conforman tan solo una porción de la singular biodiversidad que se extiende en todo el continente, el cual además se caracteriza por sus sociedades variopintas entre: mestizas, blancas, afrodescendientes, indígenas, mulatos, etc. En esta interacción de naturaleza y colectividad, destacan los grupos sobrevivientes indígenas como dependientes directos de las selvas, dado a su estilo de producción relativamente artesanal, y el tipo de relación filosófica que aún mantienen con el entorno.

El conjunto de bienes y las cosas que poseemos superponen el concepto de riqueza vinculado a la apropiación de los productos creados y promovidos por el mercado, o bien en uno de los términos económicos expuestos por el escocés Adam Smith, conocido como el padre de la economía moderna, la riqueza de las naciones se asienta en la capacidad productiva a través de la división del trabajo y la expansión del comercio en la esfera interna y trasnacional. En otra posición la cultura indígena asocia la riqueza con lo espiritual, la felicidad y el pensamiento; más allá de lo material. Desde su propia concepción los pueblos originarios se pueden catalogar «ricos» en un enfoque mucho más amplio que incluye su sistema cultural, identidad propia, saberes ancestrales, territorios y recursos naturales, así como su relación de armonía, respeto y protección con la naturaleza y todos los seres que en ella habitan.

Pese a esta concepción de la riqueza, dada la asimilación imparable de estos habitantes a la cultura occidental, es innegable que esta situación ha dejado a los pueblos indígenas empobrecidos al obligárseles a abandonar sus territorios. En muchos casos sus tierras y sus afluentes acuíferos están siendo gravemente contaminados peligrando su soberanía alimentaria. El mapa demográfico de Centroamérica refleja que la mayor parte de la población es mestiza, además se encuentran 65 diferentes pueblos aborígenes, los cuales han logrado permanecer en el tiempo, adaptándose y combinando gradualmente algunas actividades económicas propias del mercado actual, con sus métodos ancestrales de subsistencia. Cada cual contiene su particularidad dependiendo del espacio geográfico que ocupan, y el contexto comercial del lugar al cual pertenecen.

La importancia de estas poblaciones, las cuales ejercen la función de salvaguardar las selvas a la par de sus propias vidas, lamentablemente pasa desapercibida para la mayoría de los habitantes de las zonas urbanas. Datos del fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) exponen que casi el 50% de los bosques existentes en Centroamérica albergan poblaciones nativas al igual que la biodiversidad marina, especialmente en el Caribe, sin embargo, sigue existiendo una marcada contradicción cuando pensamos en las palabras «progreso» e «indígena». La escasez económica predominante en estos pueblos originarios, ligada a la falta de educación y capacidad competitiva que plantea el sistema capitalista, repercute en la percepción y el valor que se pueda mantener hacia estos. Se acentúa la lucha para evitar el exterminio de sus culturas.

En Costa Rica, los asesinatos del líder bribri Sergio Rojas, y el líder térraba Jhery Rivera acaecidos de forma consecutiva en años recientes, ambos involucrados en procesos de recuperación de tierras, muestran el nivel de confrontación que se mantiene en la zona sur tica. El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) también refleja que el proceso acelerado de colonización de tierras en zonas del pueblo mayagna, cobró la vida de 40 indígenas en los últimos cinco años en este país. Cabe mencionar el caso de la líder lenca Berta Cáceres cuya lucha y defensa por el medio ambiente hondureño era conocida a nivel internacional, asesinada a balazos en 2016. En Honduras, en 2019, se llevó a cabo el homicidio del líder tolupán Efraín Martínez Martínez y el líder pech Santos Felipe Escobar, relacionados con combate contra la tala ilegal de madera.

Para Guatemala, el International Work Group for Indigenous Affairs, describe una singularidad: Su población indígena conforma el 43.75% del total de sus habitantes. La familia de etnias predominante corresponde al pueblo maya, y existen grupos minoritarios como el garífuna y el xinca, el conjunto de estos se distribuye en distintas medidas por todo el territorio nacional. Aquí se perciben hechos de violencia de distintas índoles, no solamente de parte de ladinos y blancos contra el pueblo aborigen, sino muchos que son perpetrados por los mismos indígenas colonizados.

Después de casi cuatro décadas de enfrentamiento armado, Guatemala presenta un alto índice de homicidios vinculados a las pandillas juveniles, corrupción política en coacción con el crimen organizado, narcoactividad, feminicidios, racismo, fanatismo religioso, entre otros. En cuanto a la defensa de territorios, podemos señalar de acuerdo con la Comisión Internacional de Derechos Humanos CIDH que anualmente se reconocen más de 10 casos de crímenes hacia líderes nativos en distintas zonas.

Otra de las limitantes que viven nuestros pueblos originarios es el acceso a la justicia estatal. Intentando garantizar los derechos de estas comunidades la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 2007 la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Las principales cláusulas de esta iniciativa también se expresan constitucionalmente en los países centroamericanos: Derechos territoriales, a su cultura e identidad, a un empleo, a la educación y a la asistencia sanitaria. Pero, han sido mínimos los pasos para cortar la disparidad entre la teoría y la práctica. La verdadera voluntad de varios gobiernos se manifiesta a través de las frecuentes concesiones de explotación que estos confieren sobre los territorios de los distintos grupos étnicos.

Ocurre también una gran paradoja que alimenta el sistema económico actual, el relacionado con las perdidas —también monetarias— que se generan a partir de la devastación de los ecosistemas. Con base en el informe del Banco Mundial «Hacia una América más resiliente» realizado en 2019, en los últimos 20 años Centroamérica presenta pérdidas económicas aproximadamente de 37,338 millones de dólares debido a desastres climáticos e hidrometeorológicos (sequías, inundaciones, entre otros). Desde los años 60 se empezó a generar una preocupación con relación al calentamiento global, pero los avances para impedirlo aún son pocos. En los últimos cinco años la aceleración del cambio climático es cada vez más destructiva.

Seynabou Sakho, directora del Banco Mundial para Centroamérica, en una entrevista publicada por la revista Forbes (2020), afirma que: «Centroamérica es la segunda región más vulnerable del mundo a riesgos climatológicos, pero con el aumento, en términos de frecuencia y amplitud, de los desastres, ya no son solo riesgos climáticos, sino riesgos de desarrollo, entonces hay una necesidad de realizar estándares de construcción y actuar a todos los niveles». En este contexto centroamericano, según la experta habría que sumar la mala planificación urbana, el inadecuado aprovechamiento territorial y la inequidad social.

En conclusión, podemos señalar que hace menos de cien años el desarrollo global y la pérdida de los ecosistemas no representaban ningún peligro para los seres humanos, la ciencia y la apropiación colectiva de bienes se preocupaba por distanciarse de las comunidades ancestrales, hoy en día el progreso llega a ser cuestionable, y claramente perjudicial; es aquí donde las poblaciones nativas vuelven a afrontar una lucha por su preservación, por hacer visible la necesidad de ajuste al paradigma, en donde sus saberes finalmente puedan ocupar un lugar ante el acelerado mundo contemporáneo.

Agradecimientos a la colaboración de la productora e investigadora Morena Guadalupe Espinoza.