El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, se incorporó a la política nacional, después de haber sido funcionario del Banco Mundial y haber estado ausente del país, por casi 35 años, como ministro de Hacienda, por un brevísimo período, al terminar el gobierno de Carlos Alvarado, 2018-2022.

Saboreó las mieles del poder y buscó posibilidades de participar en las elecciones nacionales, de febrero del 2022, con partidos pequeños, nuevos, sin experiencia política y electoral. Con éxito se incrustó como candidato del Partido Progreso Social Democrático, recién fundado y sin ninguna participación ni ideario político electoral anterior.

La campaña la asumió colocándose como candidato que enfrentaba a todos los partidos que habían gobernado anteriormente, acusándolos de la ingobernabilidad que esos mismos partidos decían que sufría el país, así como de los males de la corrupción nacional y el abandono de la población, especialmente rural y pobre, por prácticas institucionales.

En Costa Rica se ha venido sufriendo un ataque constante, desde hace muchos años, contra la política, los políticos, los partidos políticos, malos gobiernos; acusándolos de corrupción, desapego a las soluciones de los grandes problemas nacionales que sufre la población, trabazón institucional para resolver problemas y para incentivar nuevos procesos de emprendedurismo. También, el ataque ha sido dirigido a los poderes públicos, especialmente a la Asamblea Legislativa y los diputados o legisladores, de los partidos allí representados; a la Corte Suprema de Justicia en sus diversas instancias judiciales, especialmente a su Sala Constitucional, y a los medios de comunicación. Esto ha provocado un desencanto de la democracia como sistema político que se expresa en un alto índice de abstencionismo creciente en los últimos procesos electorales nacionales. En cierta forma ha estimulado la simpatía por la llegada de hombres fuertes al ejercicio del gobierno.

El crecimiento de la pobreza, de la extrema pobreza, el desarrollo de asentamientos humanos de estos sectores cada vez más visibles en la geografía nacional; el desempleo creciente, que tiene más de 400,000 personas en condición de desempleados; el aumento de más de 100,000 mujeres cabezas de familia, consideradas el principal ingreso de sus hogares aunque tengan esposo o compañero, desocupadas; la expulsión forzada en el contexto de la pandemia de 120,000 jóvenes del proceso escolar; la agudización de la pobreza en las zonas marginales y rurales del país, el abandono de políticas institucionales en esas regiones; la imposibilidad de poder ofrecer salidas, oportunidades y posibilidades, educativas y de trabajo a miles de jóvenes, lo que ha llevado a que el trabajo informal ronde el 60%; el congelamiento nacional de salarios desde hace cuatro años, con un crecimiento constante de pagos de servicios públicos y de los precios de alimentos de la canasta básica; y, un estrujamiento de las clases medias urbanas y rurales, con congelamiento también de sus ingresos y de las pensiones; con alto grado de evasión y elusión fiscal, por grupos económicos poderosos, ha ido marcando una gran división social y económica del país.

Dos Costa Rica se viven simultáneamente en el país. La de los que tienen todas las posibilidades de vivir satisfaciendo sus principales necesidades, manteniendo sus hijos en escuelas y colegios privados, con todas las condiciones para recibir una buena educación; viviendo en residenciales o condominios privados, con altos niveles de seguridad personal y social; con capacidad de pagar educación privada, servicios de salud y de seguros de salud privados, que les evita sufrir los atrasos de citas médicas en la seguridad social pública. Y, la Costa Rica de la gran masa de población que sufre los problemas de escuelas y colegios públicos deficientes, más de 1000 de ellos con sanciones sanitarias; con deficiencias tecnológicas de estudio, institucionales y personales, con deficiencias en la enseñanza de idiomas como segundas lenguas, requisito importante para la obtención de nuevos empleos; de una población que paga cargas sociales e impuestos y no ven ni reciben satisfactoriamente sus beneficios.

Así arribó Rodrigo Chaves Robles a la presidencia de la República el 8 de mayo del 2022, sin experiencia política nacional, sin partido con experiencia histórica y política nacional, sin ideología política que lo identifique a él y a su partido gobernante, sin contar con equipos de colaboradores con experiencia política y de ejercicio gubernativo; con una postura populista y autoritaria.

Sus funcionarios y colaboradores inmediatos, los miembros de su gabinete de gobierno, los escogió, y así lo sigue haciendo, por ternas que le ofrece una empresa de acuerdo con los perfiles profesionales que él solicita, lo que le ha creado un grave problema de cambios constantes en su propio gabinete y en las oficinas institucionales del Estado y del gobierno. En sus 14 meses de gobierno ha tenido 34 cambios, entre despidos y renuncias que ha provocado su inexperiencia y su manera autoritaria de gobernar con sus subalternos, como si la dirección del Estado y del gobierno operara como la alta gerencia de una empresa, o como si fuera el director de programas del Banco Mundial, acostumbrado a dar órdenes con base a metas, objetivos y resultados.

Los cambios en cascada del gabinete frenan cualquier iniciativa de los ministros y funcionarios que las impulsaron, y provocan improvisación de los nuevos que los sustituyen, dejando al mismo presidente al garete, a la deriva, sin gobierno real y efectivo, sujeto a las acciones y determinaciones improvisadas del conjunto que él comanda, provocando con ello un maltrato público, en mesas de prensa, de sus propios subalternos, y desarrollando un teatro de estratégicas batallas de la guerra que él ha provocado.

Desde su campaña dijo que él se compraría las broncas. Señaló y trazó su camino de riñas, de discusiones o alusiones fuertes y violentas de él contra el mundo político costarricense. En esto se ha distinguido como ningún otro presidente del país, ruidoso, agresivo, como una de las partes en disputa, destilando rabia, enojo, disgusto contra sus molinos de viento.

Su teatralidad de la guerra lo lleva al drama de su gobierno, entre comedia y tragedia, a manifestarse en varios actos o libretos, más como monólogos que como diálogos, para sus escenarios o batallas de radio y televisión, con los guiones finamente articulados y escritos para provocar sus barrabasadas, disparates y vómitos mentales con el grave perjuicio para la democracia nacional y la búsqueda de consensos políticos, que es lo que le debiera interesar por el bien del país.

Las batallas de su teatro las tiene claras. Es el poder por el poder.

La batalla política contra todo lo que signifique partidos políticos y políticos nacionales; contra los que han ejercido el gobierno y contra los que han estado presentes en la Asamblea Legislativa. Les dice que su ingobernabilidad no existe; que lo que ha existido es la falta de gobernantes, y qué él es un gobernante y llegó para gobernar… a la fuerza si es necesario, para lo cual trata de preparar el terreno. Se trata en su discurso de acabar con las instituciones partidarias, especialmente las tradicionales. En el caso político parlamentario la tiene especialmente contra el Partido Liberación Nacional y el Frente Amplio, como las fuerzas más opositoras. A Liberación porque es el partido que más oposición le puede dar y el que mejor respuesta puede brindar, si así lo quisiera, a sus malas políticas de gobierno; al Frente Amplio, por el distinguido papel parlamentario que tienen sus jóvenes diputados, que le constituyen un clavo en sus zapatos.

La batalla política más importante que lleva a cabo es contra los poderes públicos. Poder Legislativo porque con 10 diputados no puede hacer nada; contra la Corte Suprema de Justicia, sus magistrados y jueces, desacreditándolos porque tienen la posibilidad de juzgarlo por acusaciones que se han presentado para su debido trámite; contra la Sala Constitucional porque sigue siendo el reducto más importante de la defensa del Estado de Derecho y todavía del Estado Social de Derecho, que le puede enmendar la plana cada vez que se parte de la constitucionalidad y del régimen constitucional y legal que juró respetar y cumplir al asumir el gobierno. Dentro de la estructura judicial el presidente ha actuado contra el Ministerio Público y la fiscalía general de la República, olvidando la división de poderes e intimidando a sus principales funcionarios.

La batalla económica es contra los grupos que han sido aliados de los partidos y grupos políticos que han ejercido el gobierno. Se trata de desplazar, por la vía de los negocios y políticas públicas, a esos grupos económicos para que entren y actúen otros, como los importadores, otros grupos bancarios financieros, el grupo de Calixto Chaves, los financistas chinos de su campaña electoral, especialmente contra el grupo financiero donde hay presencia del capital y familias de origen judío, ¡cuidado con el neonazismo! ¡Cuidado!, también se podrían mover a su alrededor grupos mafiosos de distinto pelaje.

La batalla institucional contra las instituciones del Estado, que en su visión operan mal, y hay que eliminar si fuera posible, o corregir de tal manera que se reestructuren precarizando o privatizando parte de sus servicios, o haciéndolas desaparecer al estilo de las políticas de la Escuela de Chicago en el Chile de Pinochet. Cuando se empeña en vender el Banco de Costa Rica, no es porque no sirva y hay que cerrarlo, sino porque es un negocio su venta para un grupo de sus amigos interesado en comprarlo.

Igual con las otras instituciones del Estado que quiere someter a procesos de privatización. En otra dirección, como la Caja Costarricense del Seguro Social, emblema nacional de la seguridad y paz social, es por la política de reducirla y fortalecer el sector privado de la salud. En la educación es igual, reducir el espacio educativo popular, reducir la matrícula eliminando los apoyos sociales, becas, trasporte estudiantil, comedores estudiantiles, no arreglando las 1000 escuelas que están con sanciones sanitarias, no dotándolas de las capacidades instrumentales y de la infraestructura necesaria, lanzando a los estudiantes a la deserción escolar y al trabajo informal que ya alcanza el 60%. O, el negocio de intentar cerrar del todo la Fundación Omar Dengo, por lo que significa su capacidad económica, para impulsar aprovechando esos fondos, los préstamos educativos hacia la educación privada y no pública, como es la estrategia de lo que tienen diseñado en este sentido. O, la venta de la Fábrica Nacional de Licores, por iguales razones, no morales, sino de gran negocio para grupos privados de hacerse con la producción de licores, pero especialmente del alcohol industrial que produce la Fábrica.

En su batalla contra las instituciones las presenta como que no han servido para los ricos, pero tampoco para los pobres.

En el plano de la cultura y educativo su batalla es contra la memoria histórica, contra la identidad nacional, contra las instituciones formadoras de consciencia nacional y de valores nacionales, por reducir hasta donde pueda el alcance vital de las universidades públicas, por asfixiarlas económicamente.

La batalla social de enfrentar a los grupos marginados, desclasados, pobres y de la extrema pobreza, empobrecidos de las clases medias, de los que ni trabajan ni estudian, contra el Estado y los gobiernos que los han desatendido, que los han llevado a esa situación social de exclusión, marginalidad y empobrecimiento, presentándose el presidente Chaves como el salvador, el que está identificado con esos sectores, como el que los reivindicará social y políticamente, haciendo ver que solo en él y lo que él representa los puede salvar, y sacar del hoyo en que se encuentran.

La batalla comunicacional que tiene declarada contra los medios escritos, radiales o televisivos; de redes sociales, que acusa de «canallas» y de «sicarios», a los que les manda mensajes de que contra el gobierno no se debe escribir ni criticar, presionando por la exclusión y eliminación de articulistas y comentaristas de esos medios; utilizando baterías de troles desde el país y desde el extranjero contra cualquier crítico; presionando medios de prensa para que saquen de sus planillas asesores legales o comunicacionales, y amenazando, y pasando a los hechos, con el aparato del Ministerio de Hacienda, los inspectores de la Caja Costarricense del Seguros Social sobre empresas y personas investigándolas en el cumplimiento de sus deberes tributarios y cargas sociales. Mientras esto hace, no actúa contra los grandes evasores fiscales, que fue una de sus promesas de campaña electoral.

La batalla comunicacional tiene también el frente de la intimidación; de provocar el miedo reverencial, del temor al gobernante; del bajonazo de piso al interlocutor, de la falta de respeto al periodista, de la agresión verbal a los medios de comunicación y provocar la desconfianza de sus informaciones e investigaciones periodísticas. La lucha pública que mantiene contra Extra, antes de su cierre, hace unas semanas, Canal 7, CRhoy y, en menor medida, pero sin descuidarlo, el Semanario Universidad.

Con una ignorancia política profunda y costarricense, pero alardeando de conceptos que ni siquiera maneja correctamente, el presidente se mete en el lenguaje y dialéctica de la vieja guerra fría, 1945-1991, del anticomunismo hoy trasnochado, atacando opositores políticos de «comunistas», atacando al Frente Amplio de comunista, desconociendo que el Partido Comunista de Costa Rica, que todavía existe, se llama Vanguardia Popular.

En estos escenarios de sus batallas, Rodrigo Chaves se alimenta del descontento popular acumulado, de esos sectores que no ven frutos del Estado ni del gobierno, aunque paguen impuestos y cargas sociales; que sienten que las instituciones del Estado estorban, que las élites políticas y económicas que han participado de esto hay que quitarlas.

La esencia de toda esta estrategia es que los grupos que han servido al Estado y al gobierno, y se han servido del Estado y del gobierno, hay que desplazarlos porque viene otro grupo, representado por el presidente Rodrigo Chaves, que es otra élite política, al ejercicio del gobierno, a servir y a servirse del Estado y del gobierno… ya lo estamos viendo.