En nada es halagüeño el panorama pensional para la población trabajadora en Colombia. La sumisión ineludible del gobierno nacional ante la empresa privada por su papel de financiadora de las campañas parlamentarias y presidenciales, y la permisividad de la administración pública ante los abusos de las empresas prestadoras de servicios de salud y los fondos de pensiones han conducido a un estado de cosas con un rumbo casi imposible de enderezar en las empresas dedicadas a la explotación de la enfermedad y del ahorro pensional de los trabajadores como negocios inmensamente lucrativos, eludiendo obligaciones con los usuarios aportantes y los beneficiarios.

Desde la década de los años 60, el Instituto de los Seguros Sociales (ISS, hoy Colpensiones), tuvo el encargo de colectar y administrar los aportes de los trabajadores con destino a pensiones. Y cumplió esta función a cabalidad. Pero con el advenimiento del Frente Nacional, negociado por los partidos liberal y conservador, los dos movimientos políticos predominantes, para alternarse en el poder durante 16 años, no sólo se institucionalizó la distribución igualitaria de los altos cargos sino también de las empresas e instituciones estatales, como el ISS.

Y los dueños del poder no sólo se apoderaron de los cargos y entidades públicas, sino también de los recursos administrados para usarlos como plata de bolsillo en la satisfacción de sus apetitos burocráticos y personales, dando origen a una ola de corrupción que sigue propagándose. Entonces, los inmensos recursos recaudados como ahorro de los trabajadores con destino a salud y pensiones se desviaron a la financiación de las campañas políticas, a auxilios para obras patrocinadas por líderes políticos, a reuniones públicas, a fiestas en instituciones públicas, a fiestas y orgías de los administradores con amigos y amigas. Y hasta se llegó a comprar un avión para uso de los altos ejecutivos del ISS en sus correrías por el país, un banco en proceso de quiebra que se repartió entre acreedores del ISS una vez quebrado, se compraron empresas en el exterior y se montó un lujoso club campestre en los Llanos Orientales. Y nadie responde por tanto abuso, descalabro y corrupción.

El fuerte debilitamiento en las finanzas del ISS condujo a la introducción de los fondos privados de pensiones en el Régimen de Pensiones de la Ley 100 de 1993, por la cual se creó el Sistema de Seguridad Social Integral. Y tanto el proyecto de ley propuesto por el gobierno nacional como la ley final aprobada por el Congreso y sus reglamentaciones, abundaron en concesiones y prebendas para las futuras empresas administradoras de la salud y las pensiones, las cuales encontraron un camino expedito para llenar sus arcas de dinero de los aportantes y usarlo al gusto y discreción de sus ejecutivos.

Hoy, a los 20 años de haber entrado en vigencia la Ley 100, el panorama no puede ser más desolador. Por los lados de la salud, las empresas prestadoras de servicios adolecen de una alta insuficiencia financiera, se presentan largas colas para solicitar consultas médicas, autorización de eventos quirúrgicos o asistenciales o el suministro de medicamentos, con la mala suerte para muchos de los solicitantes de ver frustrados sus esfuerzos por el rechazo o aplazamiento del trámite. Y, ante tanta demora, en numerosos casos los pacientes mueren antes de recibir la atención requerida.

Y la situación en pensiones no es diferente. Tanto en Colpensiones como en los fondos privados abundan los abusos. Trabajadores que han cumplido los requisitos para la pensión tienen que transitar un viacrucis casi interminable de varios años antes de que les resuelvan su situación, la mayoría de las veces negando el derecho u otorgándolo en condiciones por debajo de las reglamentarias. Algunos fallecen antes de ver reconocida su pensión.

En los fondos privados de pensiones, los aportes de los trabajadores se tratan como ahorro obligatorio más que como pensión. A las personas que no alcanzan a cumplir los requisitos para la pensión o a quienes por cualquier razón acomodaticia les niegan el derecho, las convencen de aceptar la devolución de los saldos ahorrados con unos intereses pírricos calculados después de castigarlos con costos administrativos o con factores negativos por alegada falta de rentabilidad para sostener su valor.

Se presentan quejas y procesos judiciales contra fondos privados de pensiones por el no reajuste pensional, por el mal cálculo del monto de la pensión, por castigo del ahorro pensional con costos administrativos altos y por otros abusos.

Los fondos privados de pensiones tendrán alto impacto financiero sobre el erario público por las siguientes razones:

  • La garantía de la pensión mínima, para la cual se ha calculado que el trabajador debe ahorrar cerca de COP 154 millones. En realidad alcanza a ahorrar el 18 % de esa suma.

  • Las transferencias del Estado a las aseguradoras para asegurar pensiones mínimas vitalicias, debido el reajuste de esas pensiones con el del salario mínimo que es superior a la inflación.

  • La colocación del grueso de los activos de los fondos privados en bonos de deuda pública que el Estado debe redimir con intereses para pagar las pensiones. Este es un pasivo pensional exigible en su totalidad, a diferencia del de Colpensiones donde no todos los afiliados se van a pensionar como erróneamente se ha argumentado.

  • El Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, en el cual el Estado debe cubrir el faltante de quienes cumplen el tiempo de cotización pero no alcanzan a ahorrar el capital suficiente para la pensión de un salario mínimo.

Pero, aun en el caso de que hubiere capital ahorrado suficiente, cuando se agote lo ahorrado, como se pronostica que sucederá en todos los casos, es el Estado quien debe responder con recursos fiscales.

No hay duda de que el ahorro se agotará rápidamente porque en cerca del 60 % de los casos se cotiza sobre un salario mínimo, y la suma de lo cotizado sobre esta base no llega ni al 18 % de los COL 154 millones requeridos para pagar la pensión del salario mínimo. Además, las pensiones de un salario mínimo se reajustan con el incremento del salario mínimo, superior a la inflación, porque no puede haber pensiones por debajo de dicho monto. Como el 70 por ciento de las pensiones otorgadas por los fondos privados serán de un salario mínimo, al final todas las pensiones van a requerir recursos del Estado: esto se conoce como «efecto de deslizamiento».

Para agravar las cosas para los trabajadores, acatando presiones internacionales (OCDE, FMI, Banco Mundial) y nacionales (ANIF, Fedesarrollo, gremios empresariales y algunas universidades privadas), el gobierno nacional se ha unido a ASOFONDOS, la organización que agrupa a los fondos privados, para impulsar una reforma pensional que incluya limitar a Colpensiones a pensiones hasta de un salario mínimo con el argumento de la insostenibilidad del régimen de prima media (el oficial) con recursos estatales. Se alega que el fisco nacional está aportando cerca de COP 35 billones por año para el pago de pensiones.

Con su olfato neoliberal, el gobierno nacional prefiere mantener en fondos privados los cerca de COP 250 billones reportados por el presidente de ASOFONDOS como ahorro de los trabajadores con destino a pensiones, en lugar de planear su traslado a Colpensiones para colocar esa suma en créditos por libranza a disposición de los trabajadores activos y los pensionados a una tasa altamente competitiva del 1 % mensual, con lo cual recaudaría cerca de COP 35 billones al año por intereses, suma suficiente para el pago anual de las pensiones reconocidas, sin tocar un solo peso del tesoro nacional. A esta suma se podría agregar la recaudada por otros conceptos propuestos por los pensionados, como la tasa por bióxido de carbono emitido al ambiente (existente en países industrializados o con desarrollo industrial semejante al colombiano), o el impuesto a los dividendos.

El acendrado espíritu neoliberal del gobierno colombiano se ha manifestado también en su posición frente a las pensiones reconocidas al amparo de normas anteriores a la Ley 100. Se ha perseguido a la saciedad a las pensiones reconocidas por entidades oficiales y universidades estatales territoriales al amparo de la Ley y de jurisprudencia de la Corte Constitucional. La Universidad del Valle, de la cual soy pensionado, demandó 352 pensiones reconocidas entre los años 1995 y 2000 con la consigna de la protección de su patrimonio, el cual nunca se ha visto amenazado. Hasta el Tribunal local y el Consejo de Estado sucumbieron inicialmente ante las presiones del Ejecutivo y fallaron contra los pensionados, pero luego, después de causar perjuicios a numerosos pensionados, aceptaron la aplicabilidad de la Ley y la Jurisprudencia. Como era de esperarse en un régimen neoliberal, en estas situaciones tuvo prevalencia el interés financiero del gobierno sobre los derechos fundamentales de los afectados.

Y ahora, ante las presiones internacionales y nacionales ya mencionadas se pretende impulsar sendas reformas pensional y tributaria que incrementen la edad y los aportes a pensiones, disminuyan su monto y extingan beneficios pensionales, amplíen la base tributaria con pensionados y trabajadores que reciban ingresos superiores a cuatro salarios mínimos mensuales (cerca de US $ 1.000) y limiten a Colpensiones a pensiones hasta de un salario mínimo mensual. Esta constituiría una medida en contravía de experiencias como la de Chile, donde el régimen de los fondos privados está siendo seriamente cuestionado y se pide reversarlo en favor del régimen de prima media, administrado en Colombia por Colpensiones.