La carrera por una presión fiscal cada vez menor gana velocidad en los últimos años, de la mano de los gobiernos neoliberales y de los paraísos fiscales, que permiten la evasión y elusión fiscal, que a su vez priva a los gobiernos de obtener recursos para llevar a cabo políticas distributivas, agravando aún más la desigualdad

Si bien la desigualdad se redujo de manera considerable durante la última década en América Latina, de la mano de la actual ofensiva neoliberal –que tiene a los impuestos como uno de sus blancos a combatir–, el riesgo es su nivel vuelva a incrementarse.

Entre los efectos no deseados de la globalización financiera se encuentra el surgimiento de distintos medios que han llevado al fortalecimiento de las actividades ilícitas, como el lavado de dinero. Algunos gobiernos, en busca de un mayor desarrollo y mejorar su posicionamiento y competitividad en este nuevo mundo fortificado por los avances tecnológicos y surgimientos de economías emergentes, han propiciado las condiciones necesarias en sus sistemas para convertirse en espacios atractivos para realizar inversiones tanto para activos que provienen de actividades lícitas como ilícitas.

Estos espacios han sido denominados como paraísos fiscales que dentro del mundo globalizado han tenido un gran recibimiento por los grandes capitalistas. El impacto de estas actividades ilícitas se ha convertido en un problema de coyuntura internacional ya que su traspasa las fronteras y afecta a los estratos sociales más bajos.

El concepto paraíso fiscal es una mala traducción del inglés tax heaven, cuyo significado es refugio fiscal, pero la concepción es la misma. Se trata de lugares donde la creación de sociedades mercantiles en los paraísos fiscales es una de las principales y estas abarcan aspectos que no solamente engloban la consideración tributaria sino también la instauración en terreno extranjero de sociedades, de empresas multinacionales y bancos comerciales lo cual explica el nivel de desconfianza que estos llegan a despertar a países con administraciones y sistemas tributarios débiles.

Los paraísos fiscales son un claro incentivo a la evasión y elusión fiscal, esto se debe en gran parte a la flexible legislación financiera y tributaria existente en ciertos países con una flexible legislación (una baja o nula tributación, se goza del llamado secreto bancario, maquillaje de informaciones y estadísticas para las instituciones financieras nacionales e internacionales, ausencia de impuestos sobre donaciones y herencias, entre otras), que representa un grave problema para las finanzas públicas.

Más allá de la baja tributación, el problema esencial radica en la falta de transparencia en las actividades que puedan llegar a desarrollarse en este territorio; a lo que se le suma las facilidades para la constitución de sociedades offshore (fuera de costa): empresas pantallas denominadas en inglés shell companies y trusts, sociedades de domicilio o residencia, compañías internacionales de negocios, fundaciones, entre otros, lo que permite obtener una baja cooperación fiscal entre las administraciones tributarias.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Oxford Committee for Famine Relief (Oxfam), los paraísos fiscales son uno de los principales causantes de pobreza y desigualdad en la región latinoamericana ya que los sistemas tributarios se apoyan de forma particular en los impuestos sobre el consumo, que resultan especialmente gravosos para los grupos de ingresos bajos y medianos.

Los sistemas tributarios de la región, sobre todo de los países con gobierno neoliberales, suelen estar orientados a los ingresos laborales que a las ganancias de capital y a menudo carecen de impuestos sobre los bienes inmuebles (o bienes raíces), propiciando de dicha manera un incremento de la concentración de la riqueza, mayor a la concentración de ingresos que podría tener el Estado.

La recaudación del impuesto sobre la renta personal es baja, especialmente entre los grupos con ingresos más alto, lo cual ha permitido que las fortunas de los multimillonarios de la región se sigan incrementando paulatinamente. Las fortunas de los ricos han crecido en promedio un 21%, es decir, ha aumentado seis veces sobre el Producto Interno Bruto (PIB) de la región.

Esto afecta de manera directa a las personas vulnerables (antes los llamábamos pobres) y de ingresos medios, ya que el incremento de los ingresos tributarios es clave para una inversión pública que propicie el goce de acceso a bienes públicos de calidad en el ámbito de la educación, salud, transporte e infraestructura. El Estado, al no contar con los ingresos de impuestos, cuenta con una menor capacidad económica que le permitan disminuir las brechas de desigualdad existente entre los ciudadanos de sus países.

El problema de la evasión fiscal ha ganado protagonismo entre la opinión pública en los últimos años gracias a la publicación masiva de los nombres de personas y entidades que utilizaban empresas y cuentas offshore en paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos.

Los Panamá Papers en 2016 y los Paradise Papers en 2017 pusieron al descubierto el modus operandi de la evasión fiscal y a aquellos que hacían uso de ella, sindicando entre los evasores a presidentes latinoamericanos como el argentino Mauricio Macri, el colombiano Juan Manuel Santos y el chileno Sebastián Piñera, y excandidatos presidenciales como Doria Medina en Bolivia o Guillermo Lasso en Ecuador.

Pero según investigadores latinoamericanos, la publicación de los Papeles de Panamá obedecería a una gran estrategia de Washington para consolidar su posición en el mundo como un gran paraíso fiscal, en momentos en que tiene una grave crisis de liquidez. Con la publicación de esta investigación el dinero ya está buscando un refugio para ya no ser investigado y exhibido.

El investigador de la Universidad Autónoma Nacional de México, Ariel Noyola, afirma que este dinero vaya a parar a cualquiera de los cuatro paraísos fiscales que tiene EEUU: Delaware, Wyoming, Dakota del Sur o Nevada. Los principales bancos y fondos de cobertura de EEUU son los que colocan su dinero sin regular en los más de 30 paraísos fiscales que existen en el mundo, desde hace ya casi medio siglo.

El mensaje que dan los Papeles de Panamá es claro: señores empresarios y ciudadanos, su dinero no está seguro en Panamá como paraíso fiscal, desposítelo en EEUU, cuyos paraísos fiscales sí son seguros. A Noyola le llama la atención que en la investigación de los Panamá Papers no salieron a la luz nombres de empresas ni de ciudadanos estadounidenses.

Así, se podría interpretar que los fondos y la información que mantiene el territorio estadounidense en sus paraísos fiscales es impenetrable a estas estrategias de investigación y contrainformación. Y para demostrar su fiabilidad, los paraísos fiscales de EEUU tienen a su servicio al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (con sede en Washington, a 170 kilómetros de Delaware), y a un ejército de 'periodistas de investigación' de todo el mundo que le hacen el juego.

Delaware, con una población de 920.000 habitantes, tiene 945.000 empresas registradas, Wyoming cuenta con 128.000 'entidades de negocios activas', lo que equivale a una por cada 4,5 ciudadanos, pese a ser el segundo estado menos poblado del país. Pero los paraísos fiscales de EEUU no son del interés, ni de los medios de comunicación, ni del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, filtradores de los Papeles.

Dos datos interesantes: el periódico alemán Süddeutsche Zeitung forma parte de un grupo mediático que pertenece, entre otros, a la corporación financiera estadounidense Goldman Sachs, y la investigación fue financiada, entre otros, por el Departamento de Estado de EEUU, según reconoció su portavoz Mark Toner.

Pero más allá de las actitudes poco leales de aquellos que mantienen cuentas o negocios en paraísos fiscales y a la vez dirigen los presupuestos públicos de sus países, es necesario algunos datos económicos sobre los perjuicios que ocasiona la existencia de los mismos dan escalofríos

Los países en desarrollo pierden alrededor de 100.000 millones de dólares anuales por la evasión y elusión fiscal de grandes empresas a través de paraísos fiscales. La pérdida estimada de estos países por el uso de incentivos fiscales a las grandes empresas es de otros 138.000 millones de dólares anuales.

Los paraísos fiscales tienen un filón con las grandes fortunas latinoamericanas. El 27% de la riqueza privada total de América Latina está depositada en países que ofrecen un tratamiento impositivo favorable para los más acaudalados, lo que le convierte en la región del mundo con mayor proporción de capitales privados en estas naciones, por delante de Oriente Medio y África (23%) y de Europa del este (20%). Y a años luz de Europa Occidental (7%), Asia-Pacífico (6%) y Estados Unidos y Canadá (1%), según el Boston Comsulting Group, una de las mayores consultoras estratégicas del mundo.

Susana Ruiz, responsable de justicia en la organización no gubernamental Oxfam, apunta que «Holanda, Panamá, Suiza y Luxemburgo» son los países más utilizados por los latinoamericanos para evitar impuestos a través de cuentas bancarias. Saber cuánto dinero está oculto «es difícil, precisamente por la naturaleza misma de estos flujos», pero hay investigadores que calculan que suma «aproximadamente entre 20 y 32 billones de dólares», volumen equivalente al PIB de las dos potencias mundiales, Estados Unidos y China, juntas.

Mientras, la inversión mundial hacia paraísos fiscales ha aumentado un 45 por ciento entre 2008 y 2016, drenando recursos nacionales y eludiendo masivamente el pago de impuestos. Según el Fondo Monetario Internacional, los países en desarrollo son hasta tres veces más vulnerables que los países desarrollados a los efectos negativos que la legislación fiscal de un país tiene sobre otro.

A pesar de que en los últimos años los beneficios de las grandes transnacionales se han triplicado, su contribución tributaria ha caído, pasando del 3,6 por ciento del PIB en 2007 al 2,8 por ciento en 2014, según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que motivó que durante 2017 algunos países comenzaran a tomar medidas contra la evasión fiscal e igualmente cortar la carrera bajista de la presión tributaria.

Es necesario comprender que los impuestos proporcionan al Estado el financiamiento para desarrollar sus políticas de lucha contra la pobreza y la desigualdad a través de su inversión en educación, sanidad o políticas sociales.

Los especialistas señalan que poner limitaciones legales claras a la evasión fiscal, aumentar la transparencia de los movimientos y el origen de los grandes capitales y apartar del servicio público aquellos que atentan de manera irresponsable contra el sector público, son algunas medidas necesarias para que la ofensiva en contra del Estado de la derecha regional no siga generando nuevas víctimas, en forma de desigualdad, y mayor pobreza.